Ley de trata de personas sin reglamentar

Entre Ríos - Las organizaciones de lucha contra la trata de personas exigen la “inmediata” reglamentación de la ley, sancionada en el 2008, sobre trata de personas.
Casi a diario, menores son rescatadas de prostíbulos, donde son drogadas, golpeadas, violadas y obligadas a ejercer la prostitución. Pueblo Belgrano es la primera localidad entrerriana libre de las mal llamadas “whisquerías”. En Gualeguaychú se sancionó una ordenanza que prohíbe este tipo de casas; sin embargo, las que ya existen tienen 24 meses para retirarse.
Debía decir que tenía 24 años. Cuando ingresó al local, le retuvieron el documento y tenía prohibido salir. Fue llevada a Gualeguay, como tantas otras jóvenes, engañada con la promesa de un trabajo, pero se encontró con que debía ejercer la prostitución.
En la madrugada del lunes 8 de marzo, la chica fue liberada, tras un operativo de la División de Tratas de Personas y de la Jefatura Departamental de Gualeguay. La adolescente de 17 años es de Santa Fe y llevaba tres días en ese lugar.
Dos días antes, en la ciudad de Gualeguaychú, otra joven, oriunda de Misiones, fue rescatada de un prostíbulo, en un operativo del que participó además de la División de Trata de Personas, Gendarmería Nacional. Por temor, la adolescente estaba escondida debajo de una cama.
Dos días después de esos dos rescates, se produjo el de otra joven de 16 años, oriunda de Santa Fe que fue llevada a Gualeguaychú, donde sufrió de convulsiones al conocer que debía prostituirse.
El caso de estas jóvenes no es aislado. En todo el territorio entrerriano, ya sea a la vera de una ruta o dentro de la ciudad, existen un centenar de casas habilitadas por las comunas como “whisquerías”, bares de copas o clubes nocturnos, pero cuya principal actividad comercial es la sexual.
la ruta nacional 14 está considerada como el corredor más activo de la prostitución, sin embargo las tareas que se efectúan, terminan siendo aisladas y poco efectivas para desarticular en forma definitiva a estas redes de explotación sexual.
Las organizaciones que trabajan en la trata de personas, reclaman mayor presencia y compromiso del Estado, pero los pedidos terminan cayendo en saco roto, como sucedió con las cartas que el año pasado, envió el Foro Social Infancia Robada a los intendentes entrerrianos para que “prohíban” en sus territorios este tipo de burdeles que, ficticiamente, figuran como bares de copas.
Hasta el momento, en unos pocos Municipios entrerrianos se estableció el traslado de estas casas. Es decir, se prohibió su habilitación en el ejido urbano y en tan sólo dos se sancionó una ordenanza de prohibición.
Uno de ellos fue Gualeguaychú. El pasado 12 de febrero, el Concejo Deliberante aprobó una ordenanza que estableció la prohibición de estos locales (que estaban tipificados en una ordenanza como whisquerías, club nocturno o cabarets). En la norma, también se fijó que en forma automática quedaban caducas las habilitaciones vigentes pero, en forma definitiva, se estableció un plazo de 24 meses para su desmantelamiento.
Para el Foro Social Infancia Robada Gualeguaychú, la iniciativa del Municipio fue un paso “importante” en la “lucha contra la explotación sexual”, aunque no se coincidió con el plazo dispuesto para su definitiva erradicación. La entidad reiteró el pedido para que se dispongan normas similares en el resto de la provincia.
En ese mismo mes, la localidad de Pueblo Belgrano, departamento Gualeguaychú, se convirtió en el primer Municipio “libre de whisquerías”, al disponer el cierre del último boliche nocturno que estaba habilitado.
SIN REGLAMENTAR. Internacionalmente se considera a la trata de personas como un crimen y como tal está considerada como la esclavitud del siglo XXI. Si bien en todo el territorio argentino, por ley (12.331) está prohibido “el establecimiento de casas o locales donde se ejerza la prostitución, o se incite a ella”; estos lugares son habilitados bajo la figura de “whiskerías” o “bares de copa”.
En cuanto a la trata de personas, en el 2008, se sancionó la Ley 26.364, pero a la fecha no fue reglamentada, por lo que aún no se pueden implementar medidas destinadas a la prevención y sanción de este delito como tampoco la de proteger a las víctimas.
Sin la reglamentación, en el 2009, la Procuración General de la Nación (PGN) redactó un “instructivo”, al que tuvo acceso EL DIARIO, y consideró que el “incumplimiento” de las normas constituye una seria irregularidad, lo que provoca un severo inconveniente para la investigación de este delito.
Específicamente, el procurador cuestionó que las denominadas “casas de tolerancia”, sigan gozando de un “espurio e improcedente reconocimiento de hecho o legal que termina siendo funcional a la existencia del circuito ilícito que se intenta combatir”.
Ante la carencia de una reglamentación, el procurador instruyó a los fiscales de todo el país a que en las causas en que se investigue el delito de trata de personas soliciten, frente a la posibilidad de disponerse un allanamiento en esos lugares por parte del juez competente, que intervenga la agencia del distrito (es decir el Municipio) para “concretar la clausura del local y promover la caducidad de la habilitación o inhabilitación, de acuerdo a las ordenanzas o reglamentaciones municipales”.
También, dispuso que se profundice la investigación para identificar y “enjuiciar a los funcionarios o agentes que pudieran tener algún grado de participación en la comisión o encubrimiento de este tipo de conductas”.
Incluso, la PGN estableció en el instructivo que la clausura o inhabilitación de estos locales debe efectuarse, independientemente del proceso o no de la acción penal.
Más allá de los operativos de rutina, que casi a diario se realizan en Entre Ríos, no siempre se establece la clausura de estos locales y, mucho menos, si en ellos “las explotadas” son mayores de edad, lo que se estaría constituyendo no sólo en una irregularidad y desconocimiento del instructivo de la Procuración General de la Nación sino una violación de la legislación vigente.
“Como Foro estamos sumamente preocupados por este tema y exigimos la reglamentación de la ley”, reiteró a EL DIARIO, María Angélica Pivas.
Pese a la ordenanza aprobada, en Gualeguaychú el plazo de 24 meses para erradicar las whisquerías en el ejido de la ciudad es un tiempo —según las ONGs que trabajan en la trata de personas— sumamente excesivo.
En esa ciudad, como en el resto de las localidades entrerrianas, funcionan a diario este tipo de locales de oferta sexual. Y la mayor actividad, se registra durante la época estival.
En la edición del 8 de marzo, en el Día Internacional de la Mujer, el diario La Nación, publicó el testimonio de la joven Graciela Cañette, de 21 años, oriunda de la provincia de Buenos Aires, quien logró escapar de un prostíbulo de la sureña ciudad entrerriana.
En su relato, la mujer reveló que fue llevada a Gualeguaychú, bajo la promesa de que desempeñaría tareas como costurera para las comparsas de esa ciudad.
Fueron tres días de calvario lo que vivió la joven, hace tan sólo cuatro meses. Según relató, estuvo privada de su libertad, la drogaron, la violaron y la obligaron a prostituirse.
Su historia hoy puede conocerse, porque logró escaparse con la ayuda de alguien que “descuidó” la puerta y le dio el dinero para un pasaje a su casa, en el partido de Ezeiza, en Buenos Aires.
La mujer confesó que el día antes de fugarse del lugar, supo que una de las chicas, que estaba en el prostíbulo, murió. “No sé por qué murió: supongo que por droga, golpes, por las violaciones... no sé. Tampoco sé qué hicieron con el cuerpo”, dijo.
Fuente: Diario Paraná ER/redacción
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