El patrimonio de las autoridades chilenas sería manejado por un fideicomiso

Chile - La tarde del martes 1 de junio en el tercer piso de la Cámara de Diputados, los parlamentarios de la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia aceptaron, por unanimidad, una solicitud planteada por el subsecretario de Presidencia, Claudio Alvarado: retrasar una semana la discusión fijada para ese día del proyecto de ley de fideicomiso ciego, que desde hace un año está en proceso legislativo. La postergación se hizo bajo el compromiso de que el gobierno presentará el martes 8 una serie de indicaciones al proyecto para acelerar su avance en el Congreso.

A Sebastián Piñera le interesa despejar la fórmula que le dé un marco legal al manejo del patrimonio de las autoridades. Así le quita a la Concertación el argumento que ésta ha levantado en su contra desde la campaña presidencial de 2005 y que el año pasado fue elevado cada vez que se quería minar al entonces candidato de la Alianza: el conflicto de interés que tenía por las empresas de su propiedad. Tal es la disposición del Mandatario, que este fin de semana trabajará con personeros de la Secretaría General de la Presidencia y su jefa de asesores, María Luisa Brahm, para perfeccionar dichos textos.

Ese mismo martes, en las oficinas del piso 17 en Apoquindo 3.000 se abría nuevamente el flanco del conflicto de interés: los abogados de Bancard, la empresa matriz de las inversiones de Piñera, y los del fondo de inversión Linzor Capital Partners concluían que no había fórmula para seguir adelante con el proceso de compraventa de Chilevisión. Con el fracaso de las negociaciones se activarían nuevamente los reproches de la oposición y de parlamentarios de la UDI y RN por ser Presidente y poseer empresas sensibles a las decisiones gubernamentales.

En La Moneda han medido el efecto que tiene a nivel de opinión pública las críticas que ha debido enfrentar Piñera desde que asumió en marzo sin cumplir el compromiso de desprenderse de Lan -venta que se concretó a fines de ese mes- y luego cuando comenzó la presión porque se desprendiera CHV. Asesores de Palacio aseguran que se registra un costo más bien marginal: la ciudadanía lo eligió sabiendo que era propietario de dichas empresas y lo que esperan de él es un buena gestión, resumen las fuentes.

Lo que sí provoca la reapertura del caso CHV es un problema político. De hecho, el viernes el UDI Pablo Longueira y el RN Andrés Allamand reclamaron que estos temas deberían haber sido resueltos antes del cambio de mando. En la misma Moneda el asunto se enredó el jueves cuando el ministro del Interior, Rodrigo Hinzpeter, dijo que sí existía un conflicto de interés, poco después de que la ministra vocera, Ena von Baer, señalara que no era un tema de gobierno (ambos habían sido advertidos por el propio mandatario la tarde anterior que la venta había fracasado y que Bancard haría el comunicado). Y tercero, tras conocerse el traspié en la venta, se volvió a congelar la agenda televisiva del gobierno: al quitarle urgencia a la votación del nuevo miembro del directorio de TVN, lo que retrasa la designación del director ejecutivo del mismo canal; y se congelaron las nominaciones pendientes para el Consejo Nacional de TV.

LOS PASOS EN EL CONGRESO
El interés del gobierno por acelerar el fideicomiso ciego se manifestó en abril. En una reunión en la misma comisión de Constitución, el PPD Felipe Harboe y el DC Jorge Burgos le solicitaron a las autoridades poner urgencia al proyecto. La respuesta fue negativa, pues la administración no estaba de acuerdo con las modificaciones que se le habían realizado en febrero: en esa ocasión se eliminó a los senadores y diputados como sujetos de Mandato Especial de Administración Ciega de Patrimonio (Macpa) y consideraban poco claro el rango del patrimonio que sería sujeto de enajenación. Ahí, el gobierno se comprometió a enviar las modificaciones la primera semana de junio.

A principios de mayo, en una reunión en La Moneda de Burgos y Harboe con el ministro Cristián Larroulet (Segpres), estos le señalaron que la oposición tenía voluntad de avanzar, siempre que no se flexibilizara la obligación de que las autoridades debían vender sus empresas si estas eran reguladas por el Estado (el caso CHV y de Lan). "No vamos a legislar pensando en los intereses del Presidente, y vamos a insistir en que se obligue a enajenar en ciertos casos", señaló Harboe a La Tercera.

Con el compromiso de que las indicaciones se ingresarán el martes 8, en Hacienda, Segpres y el propio mandatario aceleraron el ritmo esta semana. También se pidió a abogados externos que revisaran los textos.

De acuerdo a quienes han participado de la confección del nuevo proyecto, las modificaciones apuntan a tres elementos: 1) Volver a incluir a los parlamentarios como sujetos de Macpa. 2) Especificar los activos a los que se aplica, definiendo qué tipo de patrimonio es el que genera conflicto de interés; el foco, dicen las fuentes de gobierno, no debe ser el monto sobre el cuál se debe fideicomisar, sino los intereses que afecta. 3) Establecer qué entidades pueden administrar un fideicomiso ciego, sumando a las corredoras y fondos de inversión locales a instituciones financieras extranjeras.

Además, se modificará la ley respecto de las declaraciones de patrimonio y de interés que deben realizar las autoridades: se fundirán las dos en una sola y será obligatorio modificarla cada vez que se produzca un movimiento relevante (hoy la obligación es presentarla a 30 días de asumir un cargo y al abandonarlo).

Estos últimos días en La Moneda el proyecto se trabajó en silencio y el viernes por la mañana el ministro de Hacienda, Felipe Larraín, lo firmó. En todo caso, será el mandatario quien hará los últimos cambios el fin de semana. Tras ingresarlas el martes, el gobierno pondrá urgencia al proyecto, así busca aparecer proactivo en un tema del que no ha sido fácil zafar: el conflicto de interés.

CHV, LA PIEDRA EN EL ZAPATO
Aunque Piñera dijo el viernes que la venta del canal sigue en curso y que se resolverá pronto, en Apoquindo 3.000 prevén varias semanas para cerrar un nuevo proceso. 

Las razones que argumentó Linzor Capital para salirse del negocio complejizan el escenario: los riesgos asociados a la concesión de la señal televisiva, que el canal posee por un contrato de usufructuo con la Universidad de Chile, que vence en 2018.

Luego de que el 14 de mayo se firmara la promesa de compraventa entre Bancard y Linzor (por cerca de US$ 140 millones), los abogados de estos últimos -Noguera Larraín & Dulanto- comenzaron a estudiar los contratos. Ellos encargaron un informe en Derecho a un "reconocido abogado", cuentan cercanos a la operación. El documento que recibieron fue "categórico", dicen, sobre los riesgos asociados a la concesión.

Como Linzor administra activos de terceros, las fuentes señalan que el riesgo para ellos era alto. "Tal vez otro comprador puede convivir con eso, pero no un fondo de inversión", señalan. Su negocio además, es vender las compañías luego de que las llevan a un punto de madurez y alta rentabilidad. El plazo: cinco a seis años. En ese marco, para Linzor el momento de deshacerse de CHV llegaría cuando quedaran apenas tres años para el vencimiento del contrato con la universidad. A eso se suma otro factor que genera incertidumbre en el mercado: la televisión digital estaría en desarrollo, pero aún no está claro cuántas señales se otorgarán ni el  alcance de éstas.

Fuentes cercanas a la negociación señalan que Linzor valorizó ese riesgo y pidió una garantía a Bancard, la que se hacía efectiva en caso de tener problemas con la concesión. La diferencia respecto de cuánto valía ese riesgo fue la que se hizo insalvable en la negociación.

El nudo ciego fue evidente el  jueves de la semana pasada. Sin embargo, no se desechó en ese momento, pues José Cox -el amigo del Presidente mandatado para vender- intentó encontrar un nuevo comprador. La idea era anunciar el fracaso con Linzor junto a la noticia de que se iniciaba otra negociación. Así, no se daba espacio para que se abriera el flanco del conflicto de interés. Entre los interesados volvió a aparecer Andrónico Luksic, quien en la primera ronda entre marzo y abril  concretó una oferta -cercana a los US$ 120 millones, según fuentes del mercado-; pero que después no quiso elevarla. Ahora, estaría reexaminando los números.
Fuente:laterceraCh/www.visionfederal.com