El gobierno “K” no asume su responsabilidad. Los asambleístas resisten

Nacion - En medio de un clima de tensión, el corte de ruta en Gualeguaychú se mantiene y desató una nueva polémica, esta vez entre el Gobierno y la Justicia, después de que el jefe de Gabinete, Aníbal Fernández, acusara a los jueces de la causa de emitir fallos "elípticos", sin "definiciones contundentes" para liberar el puente fronterizo con Uruguay.

"La Justicia no ha tenido definiciones contundentes, fueron elípticas" sobre el corte de la ruta 136 por parte de asambleístas de Gualeguaychú, ya que en los fallos "dicen ´desalojen´, pero no dicen ni cómo, ni cuándo, ni responsables", acusó Aníbal Fernandez.

El jefe de gabinete, parece ignorar las mandas judiciales dispuestas en los oficios n° 86/06 de fs. 3, 299/06 de fs. 127 y 1479/07 de fs. 403, los dos últimos a instancia del Ministerio Público- por las cuales y en resumidas cuentas se ponía en cabeza de la fuerza de prevención el “arbitrar los medios necesarios para garantizar la normal circulación de vehículos que transiten por las rutas nacionales de jurisdicción de este Juzgado (Juzgado Federal de Concepción del Uruguay) y la totalidad de los pasos fronterizos con la República Oriental del Uruguay, esto es: los puentes que unen las ciudades de Gualeguaychú (Argentina) – Fray Bentos (Uruguay), Colón (Argentina) – Paysandú (Uruguay) y Concordia (Argentina) – Salto (Uruguay).

El actual juez subrogante, Gustavo Pimentel, notificó a la Administración Kirchner que las mandas del 2006 y 2007 estan vigentes, y que el cumplimiento de las mismas, como la de reiteración actual, estan sujetas a la decisión del Poder Ejecutivo. Pimentel expresó en su oficio “Es de hacer notar, que expresamente el Juzgado supeditó el cumplimiento de dichas mandas (referidas a las dispuestas en el 206 6 2007) y su modalidad operativa, a las instrucciones que recibiera la fuerza preventora del Ministro del Interior (ello en virtud de la nota elevada desde ese Ministerio por la cual se hacía saber a la judicatura, que era el Ministro quien impartía a las Fuerzas las directivas en el marco de facultades propias, siendo las instrucciones que corresponda adoptar en cada caso y a través de cualquiera de las cuatro Fuerzas Federales, de absoluta discrecionalidad del mismo –cfr. Nota 1.374/06 de fs. 147).

Queda clara la responsabilidad que le compete a la Casa Rosada ordenar la ejecución de las mandas judiciales, como así también el momento y la forma en como hacerla cumplir, sin embargo, la Jefatura de Gabinete optó por evaluar que las disposiciones de la justicia no eran contundentes y resolvió convertir al Gobierno en querellante y acusar a los asambleístas de una extensa lista de graves delitos, en el orden penal y civil, y transferir nuevamente a la justicia la decisión de iniciar acciones que pudieran impulsar el procesamiento e inclusive detención de algunos asambleístas, considerados lideres del corte de la ruta 136.

Extraña actitud de la Administración Kirchner, que en epocas del ex presidente Néstor, primero alentó la causa de los vecinos de Guleguaychú, cuando desde una tribuna en el corsodromo local les prometió convertir el reclamo en una “causa nacional”, y luego de casi cuatro años, quién fuera en el 2006 ministro de Justicia y Seguridad, Aníbal Fernández, advirtiera ahora, como jefe de Gabinete de la Presidente Cristina, que los asambleístas eran unos “peligrosos delicuentes” que habían cometido graves delitos con la permanencia caprichosa del bloqueo del puente internacional Gral. San Martín.

Fernandez, en declaraciones radiales, advirtió que la relocalización de la pastera que reclaman los vecinos de Gualeguaychú “no va a suceder”, porque el fallo de la Corte Internacional de Justicia de La Haya “ es muy contundente al respecto”, y desestimó el método de protesta de los vecinos entrerrianos.

Por su parte la Asamblea Ciudadana Ambiental de Gualeguaychú reclamó este jueves que el gobierno nacional retire “las medidas anunciadas por la Jefatura de Gabinete”, en el marco de una movilización realizada a la Municipalidad.  

En un petitorio entregado el intendente kirchnerista Juan José Bahillo, la Asamblea expresó “repudio y preocupación por la decisión del gobierno Nacional de perseguir penal y civilmente a los vecinos de Gualeguaychú que luchan contra la instalación ilegal de Botnia”.

En el documento, que se hizo extensivo al gobernador también kirchnerista Sergio Urribarri, la Asamblea se quejó por la “absurda agresión a quienes luchamos pacíficamente por la defensa del medio ambiente y en contra de un emprendimiento que ha sido declarado “ilegal” por la propia Corte Internacional de Justicia de La Haya”.

La Asamblea criticó al gobierno nacional, ya que “en lugar de enderezar todas las energías políticas contra el hecho que origina nuestro reclamo, mostrar severidad y firmeza frente al Gobierno de la República Oriental del Uruguay –que fue quien originó este desgraciado conflicto-, articulando acciones legales, políticas y diplomáticas, se pretende amedrentarnos, criminalizar la protesta y perseguir a quienes únicamente hemos defendido pacíficamente nuestros derechos en una “protesta social” justa, que garantiza nuestra Constitución Nacional y los tratados internacionales a los que hemos adherido”.

“De haber algún tipo de delito, los propios funcionarios nacionales serían partícipes necesarios lo que demuestra lo ridículo del planteo”, asegura la entidad ambiental de vecinos.

“Sólo la política resolverá este difícil conflicto. Arroyo Verde somos todos y no daremos un paso atrás en nuestra lucha. Nunca el Poder Judicial y menos la actitud de un Gobierno nacional que se erige mas en defensor de inversiones extranjeras absolutamente ilegales que del bienestar de los vecinos, ya afectados por la contaminación de Botnia”.
Fuente:dyn/na/radiomáximaer/diariouno/www.visionfederal.com