Las acciones judiciales contra los asambleístas comenzarían el lunes
Entre Ríos - El asambleísta Juan Ferrari, sindicado como uno de los posibles denunciados por el Gobierno por encabezar el corte de ruta en Gualeguaychú, sostuvo hoy que "no es un capricho" mantener ese bloqueo, mientras que la Iglesia abogó por un "acercamiento" entre las partes en conflicto.
Las declaraciones del asambleísta son una respuesta directa a la acusación que formuló el miércoles el jefe de Gabinete Aníbal Fernández, luego de anunciar que el Poder Ejecutivo planeaba querellar a figuras visibles del corte de ruta en Entre Ríos.
"Esto no es un capricho de Gualeguaychú de mantener la ruta cortada. Es un medida de fuerza que tiene una dirección: que es que el gobierno se haga cargo", apuntó el asambleísta en diálogo con radio América.
Desde el Concejo Deliberante de Gualeguaychú surgió ayer una declaración de todos los legisladores, a excepción de los oficialistas, en la que se condenó la "criminalización del reclamo social por parte del Gobierno nacional, intentando silenciar la lucha de nuestra ciudad".
A este reclamo se sumó el legislador provincial de la UCR, Jaime Benedetti, que calificó como "tiránica" la actitud del Gobierno nacional y pidió que "desista de toda querella".
El jefe de Gobierno porteño Mauricio Macri visitó anoche la ciudad de Concordia, donde aprovechó para pedir el fin del "festival de subsidios y tener de una vez por todas una política que esté al servicio de generar empleo y volver a tener una buena relación con los países vecinos", en referencia a la tensión con Uruguay.
Por su parte, el arzobispo de Paraná, Mario Maulión, abogó por un "acercamiento entre las partes" que se encuentran distanciadas por el conflicto generado por la instalación de la planta de UPM (ex Botnia). "En todo momento se trabaja en la búsqueda de un acercamiento entre las partes", dijo Maulión al destacar el compromiso de la Iglesia en la búsqueda de una solución pacífica al conflicto. Además, dijo coincidir con la postura del obispo de Gualeguaychú, Jorge Lozano, quien sostuvo que "el compromiso de siempre velar por la fraternidad de los dos pueblos, pero acompañar los reclamos legítimos que tiene la ciudadanía".
La presidenta Cristina Fernández firmó anoche el decreto para que la Justicia de Concepción del Uruguay admita al Gobierno como querellante contra los asambleístas de Gualeguaychú y se pueda proceder al desalojo del corte en el puente que comunica con Uruguay.
Con el decreto, la mandataria habilitó al Procurador General del Tesoro, Joaquín Da Rocha, para que haga la presentación correspondiente ante el juez federal subrogante Gustavo Pimentel, pero hasta el momento no fue concretada, según se informó.
El miércoles, el Gobierno anunció que se presentaría como querellante de los activistas que realizan el corte desde noviembre de 2006, por impedir el "normal ejercicio de los derechos constitucionales de transitar, entrar y salir libremente por y del territorio nacional, usar los servicios públicos de transporte nacionales e internacionales, trabajar y comerciar".
Fuente:dyn/www.visionfederal.com
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