Los asambleístas aguardan la notificación de los procesamientos
Entre Ríos, Gualeguaychú - “Una vez que tengamos mayores precisiones sobre la denuncia, veremos cómo seguimos”, dijo el asambleísta Oscar Bargas, quien remarcó que “el tema, como siempre, será analizado en la Asamblea”. Denuncia la Asamblea que la administración Kirchner utilizó una ley del gobierno de Onganía para ser querellante.
Por otra parte, Oscar Bargas se mostró a favor de “un diálogo” con el juez Federal de Concepción del Uruguay, Gustavo Pimentel, “para que al menos escuche las razones de la Asamblea de Gualeguaychú”.
En el mismo sentido, el abogado Osvaldo Fernández, que integra el equipo legal de la Asamblea, opinó que sería conveniente que el juez Federal Pimentel “se diera una oportunidad de escucharnos, entendernos y comprendernos; de evaluar circunstancias que van más allá de las formalidades de un Código Penal o de un Código Procedimiento”.
El gobierno nacional apeló al artículo 4° de la Ley 17.516, de octubre de 1967 que nació bajo la dictadura del general Juan Carlos Onganía, para sustentar las razones jurídicas y querellar a algunos miembros de la Asamblea Ciudadana Ambiental.
Esto se desprende del decreto N° 828 que firmó el viernes la presidenta Cristina Fernández de Kirchner y que ya fue elevado al juzgado Federal del juez subrogante Gustavo Pimentel.
El único artículo de dicho decreto reza: “Ratifícase la presentación efectuada por el señor Procurador del Tesoro de la Nación como parte querellante en la causa N° 57.839”.
La ley que el Gobierno Nacional apeló es de la dictadura del general Onganía, una contradicción para un gobierno democrático que dice defender los Derechos Humanos.
En esa ley se habilita al Estado para que asuma “el carácter de querellante cuando se cometan delitos contra la seguridad de la Nación, los poderes públicos, el orden constitucional y en los casos de delitos contra la seguridad y la tranquilidad pública”.
Los delitos por los que fueron denunciados los asambleístas son 18: homicidio culposo, privaciones de la libertad, amenazas calificadas, extorsión, instigación a cometer delitos, intimidación pública, apología del delito, daños a los bienes públicos, atentado contra la vida democrática (sic, porque se basa en una ley de la dictadura), sedición y resistencia a la autoridad, entre otros.
La Asamblea por el momento piensa responder con un planteo colectivo y acusa al gobierno “de ser partícipe necesario” de cada delito penal.
Fuente:eldíaer/radiomáximaer/elargentinoer/www.visionfederal.com
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