UPM-Botnia, Asambleístas analizan suspender el corte de la ruta 136

Entre Ríos, Gualeguaychú - La Asamblea Ciudadana Ambiental busca evitar el comienzo de las acciones judiciales impulsadas por la Casa Rosada. Un grupo de asambleístas “moderados” propone levantar el corte de la ruta 136 y negociar con la administración “K” la suspensión de la denuncia, con cargos penales y civiles, que pesaría sobre varios asambleístas. Un grupo “duro” se opone a cualquier negociación que levante el corte del paso internacional.

Gendarmería Nacional notificó, a un grupo de Asambleístas, que se encontraban en Arroyo Verde,  lugar del corte de la ruta 136, la resolución del juez federal de Concepción del Uruguay, Gustavo Pimentel, .

La Asamblea Ambiental de Gualeguaychú analiza negociar con la Casa Rosada la posibilidad de levantar temporalmente el corte de ruta que impide el paso hacia la ciudad uruguaya de Fray Bentos, bajo la condición de que el Gobierno exija el control ambiental de la pastera UPM (ex Botnia) en el interior de la planta. La decisión final sobre esta iniciativa se tomará pasado mañana, en una asamblea ampliada con todos los vecinos que quieran participar.

En la asamblea, donde no todo es monocolor, no pocos están preocupados por la denuncia penal sobre 18 delitos anunciada la semana pasada por el Gobierno. Para los más duros, en cambio, la propuesta de una tregua no es ingenua: están convencidos de que Uruguay no aceptará controlar el interior de la pastera ni su salida al río.

Lo que quedó claro es que la moción de la tregua de 60 días en el corte de ruta fue la más aplaudida anoche por los más de 100 asambleístas reunidos. Pasado mañana se discutirá abiertamente esa posibilidad.

Pero ese mismo día podría votarse también una iniciativa radicalmente diferente, que es una respuesta al Gobierno: que todos los adherentes a la asamblea se imputen los 18 delitos de la causa penal anunciada por el jefe de Gabinete, Aníbal Fernández. De esa manera, cientos o miles de vecinos podrían convertirse en acusados por defender el medio ambiente, y no sólo una decena de los dirigentes de la asamblea, como pretende el Gobierno.

Según pudo saber LA NACION, quien les habría acercado esta estrategia a los asambleístas fue Romina Picolotti, ex secretaria de Ambiente del kirchnerismo.

La moción más aplaudida anoche fue presentada por el abogado Luis Leissa, quien postuló la posibilidad de ofrecer una tregua de 60 días en el corte a condición de que la Casa Rosada presione a Uruguay para conseguir el monitoreo binacional de científicos e investigadores de universidades públicas desde dentro de la planta y directamente de sus efluentes.

Hoy, los controles ambientales se realizan a varios kilómetros (entre 3 y 7) de distancia de la planta. "Uruguay no va a aceptar, lo vamos a poner en un brete, y eso nos va a relegitimar ante la sociedad", sostuvo Leissa.

En el Gobierno ayer había un clima de euforia ante la posibilidad de que se levante el corte de ruta. En Uruguay, no descartan la posibilidad de que el presidente José Mujica termine aceptando un monitoreo en el interior de la planta si con ello se levanta el corte.

Sobre esta estrategia se monta otra iniciativa analizada anoche en el refugio de Arroyo Verde, el paraje donde está ubicado el corte, sobre el kilómetro 28 de la ruta internacional 136: renovar sus contactos con la sociedad de Gualeguaychú y otras organizaciones ecológicas, luego de la escasa convocatoria que tuvo el grupo en sus últimas presentaciones.

La primera señal de esa apertura se pondrá en práctica pasado mañana, cuando inviten a todos los vecinos de Gualeguaychú a participar en una asamblea ampliada. Allí se pondrá en discusión la propuesta de levantar el corte temporalmente, aunque no será la única alternativa a discutir.

También se analizará la posibilidad de autoimputarse en la causa, además de otras opciones intermedias. Entre ellas, la anunciada por Juan Veronesi, que propuso facultar a los abogados de la asamblea y a todos los miembros que posean contactos políticos para abrir canales de diálogo con los gobiernos de la Nación y la provincia de Entre Ríos, actualmente cerrados, para frenar la causa penal.

El miércoles, estos "intermediarios" presentarán sus informes para aportar más cursos de acción a la votación general.

El asambleísta Martín Alazard dijo que se analiza “alguna flexibilización”,  pero en el marco de un diálogo con el gobierno argentino sobre monitoreo de Botnia y otras medidas de vigilancia, más la presentación de una denuncia internacional contra Uruguay por contaminación atmosférica.

También mencionó que otra alternativa podría ser la de flexibilizar el corte y dar un plazo de 45 días al gobierno argentino para que controle a Botnia, evite el paso de camiones con destino a la planta y presente otra denuncia internacional contra el Uruguay.

La asambleísta Paola Robles, en tanto, dijo que “levantar el corte ahora sería ceder ante la presión de un gobierno que cerró la posibilidad de un diálogo”.

El asambleísta Raúl Almeida dijo: “A la pelota se la tenemos que tirar al gobierno” El asambleísta cree que si flexibilizando el corte el gobierno no cumple con su palabra, “obtendríamos más fuerza para volver y tendríamos más apoyo de la gente”.  t“Creo que la Asamblea debe plantearse qué margen tiene de maniobras para ver cómo seguir reclamando que Botnia se vaya de acá, tenemos que ver qué fuerza tenemos para eso, respetando lo que cada uno piensa”, sugirió Almeida, al tiempo que confesó que le duele las clasificaciones de “traidor” para quienes piensan distinto.

En Arroyo Verde, el lugar donde se desarrolla  el corte, se comenzó a analizar el tema y se resolvió pasar a un cuarto intermedio hasta el miércoles próximo.
Fuente: radiomáximaguaer/lanacion/www.visionfederal.com