Tucumán perdió un juicio por u$s 170 millones, pero lo pagará la Nación

Tucumán - Aguas del Aconquija le ganó el juicio al Estado. Quedó firme el fallo del Ciadi por el cual se deben compensar a capitales franceses tras la rescisión de la concesión del servicio de agua. La Nación, en principio, deberá desembolsar unos U$S 170 millones. Y la Provincia tendrá que reintegrárselos, aunque se acordó que podrá negociar facilidades de pago.

El Ciadi, organismo del Banco Mundial, rechazó el pedido de que se anule un fallo contra el país. No hubo final feliz para Tucumán en la disputa que se mantuvo durante 14 años con capitales franceses por la concesión del servicio del agua.

Según pudo establecer anoche LA GACETA, el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (Ciadi) rechazó un planteo de nulidad que había interpuesto la Argentina hace tres años, cuando obtuvo un fallo adverso por parte del organismo del Banco Mundial: esa era la última instancia.

Así, quedó firme el laudo arbitral según el cual el grupo francés de medios y telecomunicaciones Vivendi debe recibir una compensación de U$S 105 millones. Esto, en el marco de la batalla legal que la Provincia y Vivendi han mantenido desde 1996, cuando la Compañía Aguas del Aconquija (CAA), una subsidiaria de la empresa francesa, se retiró de una concesión (por 30 años) de aguas y de tratamiento de desechos, ya que acusó a las autoridades de alterar el contrato.

Cabe precisar que las partes en juicio fueron CAA y Vivendi, por un lado, y la Nación argentina, por otro. La provincia sólo colaboró en la defensa.

El 20 de agosto de 2007, el tribunal del Ciadi integrado por el canadiense William Rowley (presidente), la suiza Gabrielle Kaufmman-Kohler y el mexicano Carlos Bernal Verea, falló en contra de los intereses argentinos.

"El Ciadi determinó que los actos de los funcionarios provinciales violaron los derechos de Vivendi, de su subsidiaria y el acuerdo entre Francia y Argentina para proteger a los inversores extranjeros en ambos países", manifestó entonces Vivendi, mediante un comunicado oficial.

Se conoció en ese momento, también, que el monto que en principio deberá pagar la Nación, cuando se suman los intereses más las costas legales, asciende a unos U$S 170 millones.

Del lado argentino, en cambio, se hizo hincapié en que cuando estalló el conflicto, en 1996, la inversora de Aguas de Aconquija no pudo impedir que por más de 20 días saliera agua negra de las canillas tucumanas, mientras producía un aumento en la tarifa del servicio del 100%, lo que condujo a la rescisión del contrato.

La Procuración General del Tesoro remarcaba que el laudo había concedido a los franceses menos de un tercio de los U$S 388 millones que habían planteado en su demanda. Agregaba que la valuación de lo exigido no contaba con respaldo probatorio, "porque se cimenta en dichos de testigos y supuestos préstamos no probados documentalmente". Y decía que el planteo se centraba en una expropiación infundada.

En diciembre de 2007, la Procuración solicitó al Ciadi la anulación del laudo de agosto de ese año. Era la última carta. Y también pidió suspender la ejecución de ese fallo para evitar que CAA y Vivendi pudieran iniciar el cobro de los U$S 170 millones hasta que se sustanciara y se decidera el pedido de anulación. La Nación puso énfasis en que el tribunal se extralimitó en sus facultades, que quebrantó normas y que no fundamentó su decisión.

La Argentina también alegó la existencia de un grave conflicto de intereses de uno de los árbitros que integró el tribunal, así como fundadas dudas sobre su imparcialidad, a causa de su vinculación a una compañía accionista del Grupo Vivendi Universal. La referencia habría sido por la suiza Kaufmman-Kohler.

El Ciadi creó un comité ad hoc para que que se pronunciara sobre el planteo argentino. Lo integraron Jan Hendrik Dalhuisen (holandés), Ahmed El-Kosheri (griego) y el embajador Andreas Jacovides (chipriota). Ayer se conoció que ellos aconsejaron el 16 de abril rechazar el planteo de nulidad contra el fallo de 2007. Y según pudo saber este diario, la decisión fue ratificada por el Tribunal del Ciadi: los montos fijados en aquel laudo pueden ser ejecutado contra la Nación.

La Provincia deberá afrontar el pago de los U$S 170 millones, según convinieron la Casa de Gobierno y la Casa Rosada cuando acordaron la refinanciación integral de la deuda pública local (Ley 8.310, del 30 de junio pasado).

Dice la norma: "La Provincia asumirá todo pago que el Estado nacional deba realizar con relación al laudo arbitral del 20 de agosto de 2007, en el arbitraje caratulado Compañía Aguas del Aconquija SA y Vivendi Universal SA contra la República Argentina, caso Ciadi AR/97/3. En tal caso, el modo en que dichos importes le serán reembolsados a la Nación deberán ser acordados por ambas partes". Es decir, se podrán negociar facilidades de pago con la Nación, pero es el Gobierno tucumano el que deberá pagar.
Fuente:lagacetatman/www.visionfederal.com