Trabajadores de la salud y estatales mendocinos en paro

Mendoza - El gobierno de Celso Jaque enfrenta un complicado cierre de año gremial, que se agravó ayer cuando la Asociación Trabajadores del Estado (ATE) decidió plegarse a los nueve días de paro escalonado durante este mes ya dispuestos por los profesionales de la salud pública nucleados en Ampros.

Esto significa una huelga general en los hospitales y centros de salud los jueves y viernes 11 y 12 de la semana próxima, los días 17, 18 y 19 de la siguiente y 23, 24 y 25 de la próxima. Esa última semana tendrá sus servicios afectados de lunes a viernes ya que el 22 es feriado nacional por el traslado del sábado 20, en conmemoración del combate de la Vuelta de Obligado.

ATE dispuso la adhesión tras una asamblea en la playa de estacionamiento Sur de la Casa de Gobierno, que dio lugar a que las autoridades dispusieran el cierre del Palacio oficial durante cuatro horas, lo que imposibilitó el ingreso a cientos de personas que concurrían a realizar sus trámites habituales.

Durante su segunda jornada de paro, manifestantes de ATE pegaron afiches y empapelaron la Casa de Gobierno con sus reclamos, tal como lo hicieron el miércoles con la Legislatura. Reclaman un aumento salarial "del 35%, acorde al valor de la canasta familiar". La secretaria general, Raquel Blas, protestó porque "el Gobierno firmó un acta de reapertura de discusión salarial" al tiempo que advirtió que "ahora se vienen nueve días de mucho conflicto, y en algunos servicios esto impactará muy fuerte".

Por su parte, el subsecretario de Gestión de la Salud, Enrique Quesada, admitió que "estos nueve días pueden ser de una gran complejidad y un gran perjuicio para la población porque hay actividades programadas" y destacó que "desde el 1 de setiembre hasta que finalice este período de paro anunciado se van a haber suspendido más de 1.300 cirugías" por los paros de los médicos.

En una jornada tensa, no faltaron los cruces verbales públicos entre el ministro de Gobierno, Mario Adaro, que calificó el paro en la salud de "salvaje" y la secretaria general de Ampros, Isabel del Pópolo, quien acusó al gobierno de querer "cercenar" el derecho de huelga.

Ayer -ante una Casa de Gobierno blindada- inspectores del Iscamen manifestaron que vienen cumpliendo medidas de fuerza "desde hace quince días" porque pactaron un aumento en el kilometraje y lo firmaron "en paritarias el 10 de agosto y jamás se ha pagado ese aumento".

Blas destacó que los gremios estatales preparan una marcha -aún sin fecha- con la presencia de Fadiunc y Judiciales, aunque este último sindicato no tiene previsto por el momento disponer medidas de fuerza.

El panorama gremial se termina de complicar con los municipales, que reclaman la reapertura de paritarias y piden el 82% móvil, la equiparación de las asignaciones familiares con las que paga la Nación (es decir un aumento de 100 a 220 pesos por hijo) y el respeto a la carrera administrativa. El único sindicato que da un poco de aire al Ejecutivo es el SUTE, que en base a una promesa de analizar una mejora en las asignaciones familiares ya depuso su plan de protesta.

El Gobierno destaca que las medidas de fuerza que comienzan el 11 no se pueden concretar si antes no quedan acordados los servicios esenciales que se deberán prestar durante el paro. Destaca que esto implica una medida mayor a las guardias mínimas de domingos o feriados en centros asistenciales.

De hecho, el subsecretario Quesada reclamó la presencia de un 50% de los profesionales médicos, o de un porcentaje acordado por servicio, que se sume a las guardias en hospitales, centros de salud y servicio de emergencia coordinado donde todos los profesionales deberán trabajar pese al paro.

Por el contrario, desde Ampros, Del Pópolo considera que "se debe trabajar con las guardias y con los refuerzos de guardias si fuera necesario, pero a demanda y no por porcentaje de asistencia". Afirma que el gremio está habilitado a empezar las medidas de fuerza con las guardias mínimas, tras lo cual sólo si se alcanzan acuerdos en la comisión de servicios esenciales se avanzará en su cumplimiento. Esta comisión se reunió ayer por la tarde (ver aparte).

La diferencia es profunda ya que el gremio considera que el paro puede comenzar antes del acuerdo en la comisión, mientras el Gobierno estima que sólo el entendimiento previo posibilita al paro. El ministro Adaro subraya que, de lo contrario, "se estará violando la ley y el derecho al acceso a la salud".

A menos de dos meses de finalizar el año, el Ejecutivo enfrenta un cuello de botella en sus gastos, ratifica una y mil veces que no autorizará aumentos salariales por ahora, traslada hacia adelante sus deudas con proveedores y reclama refuerzos de partidas 2010 con nuevas autorizaciones de endeudamiento.

 

Fuente:losandesmza/www.visionfederal.com