Contratos petroleros fueguinos, generan conflictos

Tierra del Fuego - El Secretario de Ingresos Públicos confirmó que las compañías que explotan hidrocarburos en la Provincia deben montos millonarios por regalías mal liquidadas. La postura contrasta con lo que sostienen desde el área de Hidrocarburos, donde avanzan en la renegociación de los contratos con las petroleras.

El secretario de Ingresos Públicos de la Provincia, Christian Durrieu, aseguró ayer que las empresas petroleras que posean deudas fiscales con la Provincia “será muy difícil” que puedan sellar acuerdos de renegociación de sus contratos por la explotación de áreas hidrocarburíferas ubicadas en jurisdicción del Estado fueguino.

Durrieu se expidió de esta manera al confirmar, además, la existencia de esas obligaciones por parte de un grupo de compañías del rubro, un tema sensible para el Gobierno porque desde la Secretaría de Hidrocarburos se había minimizado esa posibilidad.

De esta forma, mientras un área del Ejecutivo (Hidrocarburos) realizó anuncios respecto del avance de la renegociación de los contratos petroleros y sobre la importancia del ingreso de fondos extras para la Provincia por ese concepto, otra dependencia (Ingresos Públicos) parece ponerle paños fríos a la operatoria al remarcar las gestiones en pos del cobro de regalías a las mismas empresas que pretender extender sus vínculos contractuales con el Estado.

Sobre la renegociación de los contratos con las petroleras, Durrieu declaró ayer que si bien “no soy el que tiene que negociar los contratos, porque a mí solo me toca establecer las deudas posibles por regalías e impuestos sobre los ingresos brutos, entiendo que existiendo deudas ciertas o líquidas exigibles, va a ser muy difícil que se puedan renegociar los contratos, esto no lo digo yo, y además es casi una obviedad”, sentenció el secretario de Ingresos Públicos en dialogo con EDFM. Y agregó: “es un principio básico y general que para cualquier tratativa con el fisco el requisito elemental es no tener deudas. Se pueden empezar tratativas, pero no formalizar un acuerdo”.

En cuanto al origen de estas obligaciones, el funcionario recordó que en agosto del año pasado, la gobernadora Fabiana Ríos firmó el decreto 1949/10 mediante el cual instruyó al área a su cargo a sustanciar el cobro de las deudas.

Según Durrieu, la mandataria tomó esa decisión ante “las denuncias que existían sobre el tema”. “Había diferencias técnicas entre los ámbitos competentes, por lo que era un asunto de vital importancia abocarse al tema, tomar la competencia del control de las regalías y delegar las actuaciones en la Secretaría de Ingresos Públicos”, explicó el secretario que detallan los fundamentos del decreto.

A raíz de ello, Ingresos Públicos inició los correspondientes expedientes administrativos y comenzó el procedimiento de cobro, que incluye la formulación de un cargo, el corrimiento de una vista a cada empresa involucrada, la formulación de un descargo y la emisión de un dictamen, entre las principales etapas.

Con posterioridad se dicta un acto administrativo expresando la voluntad del Estado de reclamar la deuda que es lo que posibilita el posterior reclamo judicial, porque “si no se cumplen todos esos pasos no es posible ningún reclamo”, advirtió Durrieu.
El funcionario aclaró que esos expedientes tienen distinto grado de avance en la actualidad, pero adelantó que en las próximas semanas se conocerán los primeros actos administrativos de donde se desprende la existencia de una deuda “varias veces millonaria”.

Los ítems que se reclaman están originados en la “deficiente liquidación de gas de regalías exportado a Chile, gas licuado de petróleo, régimen aplicable al precio del petróleo para liquidación de regalías y el cómputo de ciertos gastos a los fines del cálculo de regalías desde el año 2006”.

“Es decir que sobre la base de lo declarado por las empresas, hay un encuadre jurídico sobre el cual la provincia esta difiriendo. Los primeros reclamos que estarán concluidos en la faz administrativa son los menos litigiosos, y en los que yo creo que le asiste mucha razón a la provincia. Otros son más discutibles y algunas provincias han llegado a la Corte por esas cuestiones”, señaló el secretario.

No obstante, el funcionario no pudo explicar por qué la provincia inició los reclamos en 2010, cuando incluso ya existía una actuación judicial de oficio que pedía investigar penalmente por presunto incumplimiento de sus deberes a los funcionarios responsables de no haber gestionado los cobros.

Según Durrieu, la demora es atribuible a “desinteligencias en la interpretación de las normas y posturas que ponían en duda la exigencia de las deudas”, aunque de inmediato se desvinculó de la decisión política que puede haber existido detrás de ese posicionamiento.

A propósito de la renegociación de contratos petroleros, el legislador de Encuentro Popular Manuel Raimbault criticó que el Gobierno aún no haya exhibido los contratos actualmente en vigencia.

“La renegociación implica, primero, una valoración de cumplimiento de los instrumentos actualmente en vigencia. Nosotros hace ya un tiempo le estamos pidiendo a la Secretaría de Hidrocarburos y al Ministerio de Economía los elementos que nos permitan empezar a valorar esa posibilidad de cumplimiento. Hasta ahora nos han dicho que no tienen ni los contratos”, comentó el parlamentario en declaraciones surgidas de su área de prensa.

También dijo que “hay que pensar una política de hidrocarburos distinta con muchísimos márgenes sociales y de participación popular, que no son los que está teniendo habitualmente el Gobierno”.

Raimbault afirmó que “los Recursos Naturales son un aspecto central de desarrollo sostenido” por lo que se esperanzó en “por lo menos discutir una sociedad del Estado y en ese marco empezar a discutir una ley de energías en Tierra del Fuego que nosotros hemos presentado pero que, lamentablemente, no pudo tener agenda hasta el momento”.
Fuente:ddelfdelmtf/www.visionfederal.com