Un informe español califica al Uruguay de paraíso fiscal

Uruguay - La investigación que lleva adelante la justicia española, por la causa denominada “Operación Goldfinger”, en uno de sus informes establece que el régimen fiscal uruguayo tiene los dos elementos que definen el concepto de "paraíso fiscal": tributación reducida o nula y restricciones al intercambio de información, o falta de transparencia o ausencia de requerimientos de que se ejerza una actividad económica real y recuerda que Uruguay estuvo en la “lista negra” de la OCDE y luego en la “lista gris”.

La Operación Goldfinger, que cuenta entre sus indagados al actor Sean Connery, tuvo una derivación en Montevideo, donde una contadora y su estudio son investigados. Un juez pidió información a España sobre la legitimidad del exhorto. Sean Connery y su esposa, y el ex alcalde de Marbella Julian Muñoz y su ex pareja la cantante Isabel Pantoja, son los nombres que más trascendencia tuvieron de esta operación, que lleva el nombre de un película de James Bond que protagonizó el famoso actor escocés.

La investigación refiere a presuntas irregularidades en la habilitación para construir el complejo hotelero Malibú -fraccionando el terreno donde era la residencia de Connery en Marbella en 72 apartamentos de lujo, cuando la normativa urbanística vigente permitía la edificación de cinco chalets- y a supuestas millonarias defraudaciones tributarias de varias personas implicadas en ese proyecto de construcción, incluido el propio Connery y abogados del prestigioso estudio ibérico Díaz-Bastién y Truán.

Las derivaciones del resonado caso llegaron a Uruguay en noviembre, cuando un exhorto firmado por el juez español Ricardo Puyol, pidió a la Justicia de este país el allanamiento del estudio de una contadora que administra sociedades anónimas e interrogar a dicha profesional, dos funcionarios de su oficina y un jerarca del Banco Patagonia en Uruguay.

El expediente quedó a cargo del juez especializado en crimen organizado Jorge Díaz. El 17 de febrero, Interpol y Policía Técnica concretaron el allanamiento del estudio, en el que estuvo presente un agente del fisco español. Cuando la contadora fue notificada de las medidas dispuestas, también se le comunicó que está procesada en rebeldía en España, lo que ella desconocía, dijeron fuentes judiciales a El País. La legislación uruguaya prohíbe el procesamiento en ausencia.

Por eso Enrique Moller, entonces abogado de la contadora (quien ahora es defendida por Gonzalo Fernández), presentó un escrito pidiendo que se le notifique el contenido de la resolución de procesamiento, que su cliente desconocía.

A esto, el abogado sumó una acción de nulidad con suspensión de las medidas (entre ellas la entrega del material incautado al magistrado español), en que reclamó que se aclare la legitimidad del exhorto presentado por la Justicia española.

El escrito señala que en el Boletín Oficial del Estado de España (BOE) se informa que el 10 de septiembre de 2010 el Consejo General del Poder Judicial trasladó al juez Puyol del juzgado de instrucción número uno de Marbella a otro juzgado en Málaga, y que el 27 de octubre el mismo organismo designó para el juzgado de Marbella al reconocido penalista Manuel Jaén Vallejo, que estuvo en Uruguay por actividades académicas en más de una ocasión. Ambos nombramientos llevan la firma del rey Juan Carlos y del ministro de Justicia, Francisco Caamaño.

El exhorto a Uruguay solicitando el allanamiento y los interrogatorios es de noviembre de 2010 y lleva la firma de Puyol, cuando según el registro en internet del BOE (cuyo contenido se aclara que es oficial y autentica) en esa fecha era Jaén Vallejo quien estaba a cargo del juzgado.

El juez Díaz ofició esta semana a España para que informe si el exhorto es legítimo y oficial y si el magistrado Puyol estaba habilitado para enviarlo, ante la posibilidad que se haya incurrido en un error o un fraude procesal, dijeron fuentes judiciales a El País.
Fuente:elpaísuy/www.visionfederal.com