Conflictiva negociación de contratos petroleros fueguinos

Tierra del Fuego - Ofensiva de Encuentro Popular para obtener copia de los contratos petroleros. Es porque el Gobierno se niega a entregar los documentos mientras avanza el proceso de renegociación con las empresas. La legisladora Verónica De María quiere que la Justicia obligue al Ejecutivo a brindar la información que considera pública.

Por su parte el ministro de Economía insistió en que no se suscribirán nuevos contratos si se certifican deudas de las compañías con el Estado. La legisladora de Encuentro Popular, Verónica De María, presentó un amparo por mora ante el Juzgado Civil N° 2 de Ushuaia,  a cargo de la jueza Adriana Rapossi, solicitando que se intime al Gobierno a entregar copia de los contratos vigentes con las empresas petroleras.

De María explicó ayer a través de su área de prensa, que la presentación judicial obedece “a la negativa del Ejecutivo Provincial de entregar copia de los contratos vigentes”.

Según la parlamentaria, desde EP se hicieron los requerimientos correspondientes pero “la Secretaría de Hidrocarburos respondió que los contratos petroleros requeridos no obran en los expedientes de la renegociación de concesiones de explotación ni en la Secretaría, ya que no se consideró pertinente incorporar los mismos”.

De María explicó que la presentación se realizó luego de varios pedidos al Ejecutivo que permanecen sin contestar. “No se puede renovar algo que no se conoce y a nosotros desde el Gobierno no nos permiten acceder a información que es pública, entonces nos surge el interrogante acerca de si ellos tienen o no tienen los contratos originales. Ningún vecino común puede renovar un contrato de locación sin tener en su poder el original”, sostuvo.

La legisladora agregó que “la Gobernadora sostiene que los contratos no se van a renovar sin que antes las empresas paguen las deudas que tienen, pero nosotros creemos que no se pueden renovar si no se corrobora el cumplimiento de las obligaciones ya contraídas”, afirmó.

Respecto a las declaraciones de Fabiana Ríos, acerca de que no se puede dudar de todas las instituciones, De María recordó que “cuando Ríos era Diputada Nacional tenía una visión distinta” y que “el problema no son las instituciones, sino la calidad institucional.
Si Ríos cree que está bien renegociar los contratos petroleros de espaldas al pueblo, sin certificar que las empresas cumplieron con todos los compromisos y si, además, cree que es correcto que (los legisladores, Damián) Löffler, (Ricardo) Wilder o (Luis) Velázquez ratifiquen todo lo actuado, es un problema de ella”, esgrimió la funcionaria.

“Nosotros sostenemos lo mismo que dijimos siempre, la renegociación de los contratos tiene que hacerse de cara al pueblo y con el pueblo pudiendo opinar y decidir, como seguimos sosteniendo que es necesario revisar los contratos y discutir la creación de RENASE”, aseveró De María.

Por su parte el ministro de Economía, Cristian Ruiz, se refirió ayer al proceso de renegociación de los contratos petroleros, y negó que se vayan a suscribir nuevos acuerdos sin contemplar las presuntas deudas que mantendrían las compañías con el Estado.

“El área de Ingresos Públicos intimó a las empresas por presuntas deudas que se determinaron desde esa dependencia, con lo cual se procedió a realizar las notificaciones correspondientes. Ello no quita que en el medio empiecen las rondas preliminares de renegociación de contratos. Eso no quiere decir que mañana nos vamos a sentar y habiendo una deuda, el Ejecutivo va a firmar un nuevo contrato”, explicó el titular de Economía.

Ruiz comparó la situación con el reclamo de deuda de coparticipación que realizaba el Municipio de Río Grande en 2009: “Las autoridades municipales decían que debíamos 11 millones de pesos, y desde la Tesorería nosotros verificábamos nada más que una deuda de 2 millones. Esto es más o menos parecido: el Gobierno intima por deudas a las petroleras y las empresas tienen un derecho a descargo. Después se buscará una forma de pago en caso de que exista esa deuda”, afirmó.

Según el funcionario, lo que se está haciendo ahora desde la Secretaría de Hidrocarburos es “mantener conversaciones preliminares teniendo en cuenta la necesidad de las empresas de tener una previsibilidad que justifique sus inversiones”.
“Puede haber cien rondas de negociaciones -insistió el ministro-  pero yo le garantizo que no se firma un nuevo contrato si existe la certeza de una deuda con el Estado. De ninguna forma el Ejecutivo va a firmar un contrato nuevo de explotación si existe una deuda, aunque sea de dos pesos con cincuenta”.

Por otra parte, Ruiz vaticinó que el proceso de negociación demandará varios meses. “Depende de cómo avancen las tratativas, y depende de Hidrocarburos. Esto no es lo mismo que renovar el alquiler de una casa, que en un día se resuelve. Son negociaciones prolongadas. A mí me parece que no se llega antes de fin de año”, indicó el titular de la Cartera económica aunque aclaró que sobre ese punto no podía efectuar precisiones.
Y en relación a las copias de los contratos vigentes que solicita EP, el ministro dijo no saber si obran esos documentos en la Secretaría de Hidrocarburos. “Hoy cobramos regalías y esas obligaciones se tienen que basar en algún documento, pero es algo que no controlamos nosotros”, se excusó.

A raíz de las versiones que daban cuentas de la existencia de divergencias técnicas entre las secretarias de Hidrocarburos e Ingresos Públicos sobre la existencia de deudas por parte de las empresas petroleras que operan en la provincia,  se consultó a la Gobernadora sobre el particular.

Ríos señaló que “no hay discrepancias entre los funcionarios” ya que ambos “son de gobierno, y la directiva de certificación de deuda la dio gobierno y la gobernadora soy yo”. Sostuvo que “el número exacto (sobre lo que deben tributar las petroleras) lo lleva el Secretario de Ingresos públicos, quien tiene la responsabilidad de hacerlo”, en tanto que, dijo,  “la Secretaría de Hidrocarburos hace el control de volúmenes, de canones, etc.

Pero quien es la voz en cuanto a los montos es la Secretaría de ingresos públicos”.
Indicó que a partir de la certificación de los montos reclamados “se pone en conocimiento de las petroleras y ellos apelarán o no, y a partir de eso siguen los pasos que corresponden para el proceso de renegociación, sino es imposible. Esa tranquilidad es la que tiene que quedar, que tiene a todo el mundo tan nervioso. Por ahí yo no sea muy clara cuando hablo. A lo mejor es esto”, apuntó.

Habida cuenta de que será el Parlamento quien deberá dar el visto bueno al proceso de renegociación de contratos petroleros, el legislador Ricardo Wilder (FPV) impulsó un pedido de informes sobre el particular.

En el proyecto, que resultó aprobado en la primera sesión ordinaria del año, se solicita al Poder Ejecutivo que remita la “nómina de las empresas concesionarias de áreas hidrocarburíferas provinciales, detallando  la vigencia y duración de los contratos actuales, especificando en cada caso los plazos aun pendientes de cumplimiento”; “nómina de empresas que se hayan manifestado interesadas en renegociar sus concesiones petroleras con el Estado provincial” ; “nómina de empresas hidrocarburíferas que se encuentren como deudoras de impuestos, regalías o cualquier otro tipo de acreencias provinciales” especificando los montos en cuestión. También pide que se precise “si el Estado Provincial inicio negociaciones con algunas de las empresas petroleras” que operan en la provincia, y en caso afirmativo se “especifique el grado de avance en que se encuentran las mismas y que recaudos se han tomado respecto a las deudas informadas” y se “indique en base a qué contratos e instrumentos se encuentra renegociando la extensión de las mentadas concesiones”. Además se el envío de “copia de los contratos de concesión hidrocarburíferas vigentes con el Ejecutivo Provincial”.
Fuente:ddelfdelmtdelf/www.visionfederal.com