Ahora "Pujas sectoriales", pero Cristina no mintió ni ocultó intenciones

Nación - Sin sorpresas. La maratónica sanción de leyes en tiempo record por parte del Congreso Nacional solo puede considerarse como una consecuencia esperada tras el resultado de las pasadas elecciones. La voluminosa mayoría parlamentaria del oficialismo aprueba cuanto le viene del Poder Ejecutivo y cuanto le viene son proyectos de ley cuya concepción fue anterior al momento del comicio.
Puede decirse por tanto que el paquete fue sancionado, en rigor, por el pueblo argentino. Desde luego que no significa apoyarlo. Pero, no es cuestionable al menos desde el ángulo de su trámite express. Tampoco desde su contenido si es tenida en cuenta su aprobación popular.
¿Quiere decir lo anterior que no hay derecho al “pataleo? No. Obvio que no. Quienes resultan afectados pueden recurrir a la justicia y discutir la constitucionalidad de las normas sancionadas. Probablemente les asista la razón aunque no necesariamente el fallo que emerja, lo confirme, dadas las justificadas dudas que pesan sobre las actuaciones judiciales.
Si la vía judicial queda abierta, la vía política, en cambio, está totalmente cerrada. La etapa de la denuncia del avasallamiento por parte del oficialismo de derechos, libertades y garantías llegó a su fin.
Sencillamente porque, esta vez, el gobierno no mintió, ni ocultó sus intenciones. Hizo cuanto dijo que iba a hacer y contó con el respaldo del 54 por ciento de los votos populares.
Hoy, nadie puede, de buena fe, sentirse sorprendido. Mucho menos, burlado. La Argentina, la mayoría de sus ciudadanos, decidió un cambio trascendental. Aquel que establece que la voluntad política reina por sobre el andamiaje jurídico. Aquel que prioriza lo subjetivo sobre lo objetivo. Aquel que adapta la República a los fines decididos circunstancialmente.
No prescinde de la institucionalidad. La adapta. Cuando se adecúa a los citados fines, la tiene en cuenta. Cuando no, la desmerece, la relativiza o la soslaya. Su valor es inversamente proporcional al objetivo en cuestión. Solo sirve para confirmarlo. Y para nada más.
Es la democracia plebiscitaria. Aquella que establece, como regla no escrita, que la voluntad del gobernante es omnímoda. Cuyo único límite radica, de momento, en el apoyo popular al momento de la emisión del voto. “Si no te gusta aquello que el gobierno hace, votá en contra cuando sea la oportunidad. Mientras tanto, aguantátela”.

El caso Papel Prensa
Por demás ocioso ya resulta analizar el tema desde la óptica de las garantías constitucionales, si se tienen en cuenta las características de la democracia plebiscitaria.
Sin dudas, el Grupo Clarín y el diario La Nación recurrirán a la justicia. Camino que no está vedado. Claro que el nivel de adaptación de la justicia argentina a los avatares de la política ofrece pocas seguridades.
Si, por un lado, los tribunales frenaron, hasta el momento, la Ley de Medios en materia de desinversión forzada, nada confirma un comportamiento similar de aquí en más.
Con todas las letras: una cosa es la justicia cuando el gobierno pierde elecciones y otra muy distinta cuando las gana de manera apabullante. El allanamiento ordenado por un juez de las oficinas de la empresa Cablevisión así parece demostrarlo. Sobre todo, si se tiene en cuenta que se llevó a cabo mediante el empleo de personal de Gendarmería fuertemente armado.
Todo indica pues, que a la larga o a la corta, la empresa Papel Prensa será estatizada. O bien porque el Estado puede ampliar capital y participación accionaria a voluntad, con lo cual licuará la capacidad de decisión de los accionistas privados. O bien porque justificará la estatización lisa y llana a través de algún incumplimiento de metas resueltas, “a piacere”, por el Ministerio de Economía.
Indudablemente, la actual libertad para importar papel para diarios con arancel cero no ofrece ninguna garantía. Alcanza con señalar que la cuestión quedó en manos –como todo el comercio exterior- del súper poderoso secretario de Comercio, Guillermo Moreno.
Así las cosas, los afectados deberán replantear decisiones. Perdieron la batalla. Están frente a una opción de hierro. O “doblan las rodillas” y se convierten en oficialistas, a la espera de algún tiempo mejor. O “declaran la guerra” y toman iniciativas que superen la mera resistencia y el reclamo.
En otras palabras, llegó el momento de definir si prevalece la lucha por la libertad de expresión o si la prioridad radica en la supervivencia empresarial.

Un paréntesis
Las fiestas de fin de año suelen ser un momento de quietud, por lo general, en la Argentina. Solo el final del gobierno de Fernando de la Rúa fue una excepción a dicha regla no escrita.
Desde la economía, los últimos días de 2011 parecen contradecir los espíritus agoreros. Casi todas las variables cierran levemente mejor.
A la fecha, el gobierno logró frenar la corrida hacia el dólar, los precios crecen un poco por debajo del ritmo al que lo venían haciendo y el ajuste no produce aún cambios de importancia en la calidad de vida de los argentinos.
Pero, se equivoca el gobierno si considera que la “calma chicha” de estos días se extenderá por demasiado tiempo. Es solo producto de la estacionalidad.
Desde el flanco externo, la mejoría tiene que ver con factores que contribuirán en el futuro a un agravamiento.
Así, la aparente tranquilidad cambiaria reconoce causas en la menor remisión al exterior de utilidades por parte de petroleras y mineras, en la repatriación de fondos por parte de la aseguradoras, en el plazo de preaviso que deben respetar las empresas que requieren de dólares para adquirir insumos importados, en la caída de las importaciones producto de las trabas estatales y en los requisitos burocráticos –acompañados de medidas de intimidación- para la adquisición de divisas por parte de los particulares.
Semejante batería intervencionista revela la gravedad de la situación. No se trata, como ocurría hasta no hace mucho tiempo, de un desinterés por la compra de dólares. Sino que se trata de un interés creciente objeto de represión estatal.
De allí que todo el intervencionismo sobre el mercado cambiario no tenga otra implicancia que una “ganancia de tiempo”.
Ocurre que las razones que llevaron a los argentinos con poder adquisitivo a adquirir moneda extranjera no fueron modificadas. La inflación es muy alta, producto del excesivo gasto público y su nivel provoca dificultades para exportar y, por el contrario, alienta importaciones.
Cierto es que el ajuste modifica el estado de cosas. No menos cierto que, más allá de cualquier dosificación maquillada, deberá ser mucho más profundo para lograr efectos.
Gasto público, tarifas, tipo de cambio y presión impositiva serán los principales ítems sobre los que el gobierno deberá resolver una línea de acción. No son cuestiones técnicas. Sus implicancias sociales determinan su carácter político. Resolverlas es el desafío y dicho desafío comienza tras los brindis de fin de año.

La lucha
Con la cuasi desaparición de la oposición política, al menos hasta el próximo período electoral del 2013, el terreno de batalla se torna sectorial. Cada colectivo pugnará por retener, o aminorar los menos posible, los beneficios adquiridos en las ya pasadas épocas de las “vacas gordas”.
Por tanto, el año que se inicia será un año signado por la defensa de los intereses de grupo. Será un año de “lobbys”. Con mayor o menor virulencia en función del tenor de las pérdidas que cada uno sufra.
Si ello se verifica, corresponde al gobierno ratificar  su rol de anteposición del interés general por sobre el interés sectorial. Seguramente, su discurso se orientará en tal sentido. Resta saber –y las dudas no son pocas- si realmente ejercerá dicho rol en la práctica.
Esas dudas no reconocen como antecedente solo al mero doble discurso K, cuyo ejemplo más acabado y objetivo es el INDEK. Van más allá. Porque la nueva realidad política –la democracia plebiscitaria- que vive la Argentina convierte al propio oficialismo en una corporación más que puja, con claras y obvias ventajas, por defender sus propios intereses sin preocupación por el interés general.
Vaya como prueba de ello, cuanto ocurre en Aerolíneas Argentinas. Su administración por parte del Estado, en rigor por los “jóvenes” de La Cámpora, lejos, muy lejos está de cualquier justificación fundamentada en la preservación del interés nacional.
Aerolíneas –contrariamente, a lo que muchos suponen- no fue estatizada. Continúa siendo una empresa privada cuyos dueños cedieron la administración al Estado de manera provisoria.
Dicho estado de cosas permite manejar la empresa con absoluta discrecionalidad, alejada de cualquier requisito de transparencia establecido por las normas administrativas que regulan a las empresas públicas. Ese manejo privado por parte de funcionarios públicos con fondos también públicos redunda en un esquema de lucro.
Dicho de otra manera, el oficialismo, particularmente en su versión ultra K –La Cámpora- actúa como un sector más que defiende –al igual que los otros- sus privilegios y su subsistencia.
En la abundancia pasada, la pelea sectorial quedaba relativizada en función de la acumulación de beneficios. En la carencia próxima, la puja puede tornarse salvaje. Más aún cuando el encargado de limitarla abandona –aunque sea en parte- su función de árbitro para anteponer su nuevo rol de parte.

Los actores
Tarde o temprano, el campo va a reaccionar. La caída de los precios internacionales y la posible retracción de la demanda debido a la recesión mundial, traducirá la aparente tranquilidad de hoy en un requerimiento de devaluación del peso.
Carga fiscal, encarecimiento de insumos en dólares, cupos de exportación arbitrarios impulsarán dicha reacción.
Con todo, resultará el sector menos conflictivo. Es que su grado de dependencia de las decisiones oficiales no es tan importante como el de los otros colectivos. Salvo, claro, que el gobierno intente nuevamente castigarlo con otro intento de mayores retenciones. Algo que, de momento, nadie menciona.
Además, el gobierno sabe hoy de la capacidad de reacción del sector. La “guerra gaucha” del 2007 dejó en claro que la mansedumbre tiene límites y que, cuando se traspasan, la resistencia va mucho más allá que la mera acción de “lobby”.
Otro cantar es la cuestión industrial. Con cierto olfato, la dirigencia previó el triunfo “cristinesco” y resolvió la puja interna en favor de los “dialoguistas”.
Claro que no contaban con las nuevas reglas de juego. El operativo seducción que llevó a cabo la presidente de la República quedó trunco con la ratificación y la jerarquización de Moreno dentro de la estructura K.
Hoy, los industriales no saben para donde ir. Protestan en privado pero no se atreven a resistir en público. Ignacio de Mendiguren quien imaginaba para sí un alto grado de influencia con, inclusive, la designación en una cartera ministerial, ya casi no tiene palabras y, menos aún, interlocución oficial para un diálogo.
El intento dialoguista de la industria, en su conjunto, se traduce ahora en un simple acatamiento de las órdenes de Moreno.
Salvo honrosas excepciones, los sectores sociales quedaron desarticulados frente al gobierno. Alguien, con razón, podrá argumentar que el kirchnerismo montó una red de contención. Es cierto. Tan cierto como que dicha red pierde valor a medida que la inflación se acumula.
Tal vez porque intrínsecamente resulta el eslabón más débil de la cadena societaria, es que el ajuste comenzó hace rato para los carenciados. Hace ya casi dos años que se mantiene en 1.200 pesos la asignación mensual para los cooperativistas y que la actualización de la asignación “no universal” a la niñez resulta inferior al crecimiento de los precios. Es el ajuste por inflación.
Ante dicho estado de situación, la movilización carenciada estaría llamada a convertirse en un fuerte protagonista. No parece ser así. La cooptación de la dirigencia piquetera por parte del oficialismo la impide o, al menos, la dificulta. Cualquier dirigente cooptado sabe que un mínimo atisbo de iniciar una lucha, lo dejará afuera de los privilegios logrados. Cargos públicos, escaso control sobre el uso de fondos, crecimiento de las organizaciones a partir de los dineros del Estado corren serios riesgos de desaparición.
Y de última, frente a los díscolos, la reciente Ley sobre Terrorismo suma un escollo más: la posible criminalización de la protesta social.

Moyano

La única excepción a la regla del acatamiento es Hugo Moyano. El camionero continúa dejando en evidencia su disposición a la lucha. Sus aspiraciones políticas, la impulsan.
Moyano entiende, como ningún otro, el esquema corporativo K. Y ataca, en consecuencia, su corazón: los “niños bien” de La Cámpora. Redobla las apuestas de Cristina. Es él y no el gobierno quién anuncia que el diálogo está suspendido. Es él quién acerca el fantasma de la lucha directa cuando rechaza cualquier medida de fuerza inmediata “porque requiere un tiempo para su organización” ¿Marzo? ¿Abril?
El gobierno también sabe que no habrá tregua. No está predispuesto a homologar aumentos salariales más allá de más o menos la mitad de la inflación real. Y sabe que la reacción del camionero ante la inflexibilidad es la movilización y la huelga.
Pero Moyano conoce al gobierno desde adentro. Y lo conoce bien. A diferencia de industriales y sectores sociales sopesa con mayor acierto las experiencias pasadas.
Cuando menciona la crisis del campo y la actuación directa de sus camioneros junto al gobierno recuerda, en realidad, la derrota oficialista. Si ayer fueron las patronales del campo, mañana puede ser el sindicalismo quién enfrente con éxito al gobierno. Después de todo, la “guerra gaucha” ocurrió al poco tiempo del anterior triunfo electoral de Cristina.
Sindicalismo y gobierno velan las armas.

El bien común
Que un gobierno enfrente a las corporaciones parece una conducta adecuada. Sin dudas, desde la democracia, lo contrario merece repudio.  Debe el gobierno priorizar el interés general por sobre el interés sectorial.
Pero dicha prioridad no puede ser solo discursiva. Sin dudas, optar por una devaluación implicaría favorecer a pocos en detrimento de muchos, en particular de quienes viven de ingresos fijos. De momento, dicha salida parece descartada.
Pero a la perversidad de la devaluación no le va en zaga la de la inflación. Y aquí el gobierno no es inocente. No es el deterioro de la situación internacional el culpable principal de las dificultades actuales, ni de sus dolorosas consecuencias. Lo fue sí la insensata política de gasto público.
Llegó la hora de pagar los “platos rotos” y, a la hora de pagar, la puja sectorial se agudiza para determinar quién es el que no paga o paga menos.
Sembraron vientos, veremos como se las arreglan para no cosechar tempestades.
Luis Domenianni