Supresión de subsidios, complicaciones burocráticas para su aplicación

Nación - Las asociaciones de consumidores afirman que el Estado no tiene capacidad para analizar caso por caso en un universo de más de 6,5 millones de personas. El gobierno anunció que los usuarios que quieran mantener los subsidios energéticos deberán completar una declaración jurada y se analizará si merecen el beneficio.

Aunque el Gobierno intensifique sus esfuerzos para controlar la onda expansiva generada por los anuncios de reducción de subsidios a la luz, gas y agua, argumentando que la quita de los beneficios se estudiará ‘caso por caso’, las asociaciones de consumidores ponen en tela de juicio la viabilidad metodológica del camino elegido para mitigar el impacto de la medida en los bolsillos de los sectores más humildes.

Es que segúne stas asociaciones para “personalizar” los subsidios haría falta una enorme cantidad de asistentes sociales que recorran los hogares y certifiquen la situación socio-económica de cada familia. Los usuarios subsidiados son alrededor de 6,5 millones. “¿Cómo sería el proceso para verificar la capacidad de pago de cada hogar? Siendo optimistas, y pensando que un 50% de esa población pedirá mantener algún tipo de subsidio, cómo harán los agentes estatales para visitar cada hogar y corroborar su solvencia económica”, se preguntó el responsable legal de una entidad de consumidores de Buenos Aires. Se trataría en efecto de una operación pública del estilo de un censo.

Por ahora, el Ministerio de Planificación que dirige Julio De Vido, informó que los usuarios de Capital Federal y Gran Buenos que sufrirán la quita de subsidios deberán completar una declaración jurada –que recibirán con las próximas facturas - para solicitar la continuidad de los beneficios. Para hacerlo, deberán cumplir con alguna de las 12 condiciones que figuran en los formularios: cobrar la jubilación mínima, recibir un plan social, tener certificado de discapacidad, habitar una vivienda precaria y contar con ingresos "insuficientes" para pagar la tarifa plena, entre otros.

Para las asociaciones de consumidores los problemas no están relacionados con los usuarios que no envíen las declaraciones juradas. La no respuesta será interpretada como una conformidad para eliminar los subsidios. Los interrogantes atañen a los que sí busquen una ‘excepción’ para evitar el recorte. “Supongamos que una persona afirma no tener recursos suficientes para pagar la tarifa plena de luz y gas. ¿Cómo hará el Estado para chequear la veracidad de la información? Seguramente habrá cientos de miles de estos casos. ¿Qué sucederá entonces? ¿El Estado enviará un ejército de asistentes sociales a recorrer los barrios de Capital y Gran Buenos Aires para chequear la situación de cada usuario, uno por uno?”, se preguntaron allegados a la Subsecretaría de Defensa al Consumidor. “Parece improbable, porque implicaría movilizar una gigante cantidad de recursos”, añadieron.

El coordinador del Ministerio de Planificación, Roberto Baratta, prometió públicamente que “se analizará caso por caso la quita de subsidios (en pos de) escuchar a la gente y analizar cada una de las consultas”. El Gobierno indicó que los usuarios cuyos ingresos no superen los $ 5.200 seguirán pagando el gas y la electricidad subvencionada. Pero no aclaró que si se tomará en cuenta el ingreso del titular de los servicios, o se csumarán todos los ingresos de la familia.

El diagnóstico de cada situación se desprenderá de cruzar las bases de datos de la Afip, la Anses y las estadísticas de las distribuidoras. Pero, aún así, se presume que habrá miles de casos que exigirán un criterio de análisis más fino. ¿Qué pasará, por ejemplo, con las familias que tengan un ingreso de $ 8.000 pero estén pagando un crédito de $ 3.000? Baratta afirmó que “se escuchará cada una de las consultas”, pero no especificó qué parámetros se utilizarán para definir esas situaciones especiales ni quiénes serán los organismos encargados de contemplar y merituar esos casos.

Es precisamente esa discrecionalidad lo que más preocupa a las organizaciones de consumidores. “Nos interesa, en especial, saber cómo se van a analizar las declaraciones juradas de usuarios que soliciten la continuidad de los subsidios”, indicóa LPO Fernando Blanco Muiño, presidente de la Unión de Consumidores de la Argentina.

Hasta el momento, renunciaron de forma voluntaria a los subsidios poco más de 16.000 usuarios, es decir, un 0,3% del total (6,5 millones). A su vez, a partir de la reducción de los beneficios en los barrios más pudientes del área metropolitana (Barrio Parque, Puerto Madero, Recoleta, y Belgrano, en Capital, y La Horqueta y las Lomas de San Isidro, en provincia), otros 273.000 hogares deberán empezar a pagar más cara la luz y el gas desde el 1 de enero. Los aumentos llegarán, en algunos casos, hasta el 250 por ciento.

El ahorro anual estimado por la eliminación de subsidios a los hogares es de 560 millones de pesos, a los que hay que sumar $ 4057 millones que serán aportados por las industrias y actividades comerciales que ya habían sido excluidas del beneficio. Es decir, a través de las medidas dadas a conocer el último mes el Estado se ahorrarán alrededor de $ 5.000 millones, apenas el 6% de los subsidios incluidos en el presupuesto 2012 ($ 75.000 millones), por lo que se estima que el recorte continuará en los próximos meses. Allegados a la Secretaría de Energía sostienen que los recortes podrían llegar hasta los 15.000 millones en 2012.

El Gobierno intenta instalar la idea de que esos fondos se “redireccionarán” hacia proyectos más estratégicos, como por ejemplo, la obra pública y nueva infraestructura energética. Sin embargo, según las proyecciones oficiales, ese dinero servirá para cubrir el aumento de los subsidios durante el año que viene, a raíz del incremento en un 30% de la importación de LNG (gas natural licuado) por barco (se comprarán 20 cargas más que este año) y del alza del 50% de la compra de gas desde Bolivia.

“Por la mayor importación de gas natural y combustibles, el déficit de la balanza comercial energética superará los US$ 3.000 millones y el año que viene podría trepar hasta los 6.500 millones”, señaló Alieto Guadagni, ex secretario de Energía.
Fuente: agencias/lpo/www.visionfederal.com