Rosario. Este lunes apareció una nueva amenaza contra el gobernador santafesino Maximiliano Pullaro. El lugar donde fue encontrada esta intimidación fue la sede de Ministerio de Desarrollo Social de la Nación en Rosario, donde se investiga quiénes dejaron esta amenaza que podría estar vinculada con una decisión que se tomó desde la semana pasada, que es el derribo de búnkeres donde se vende droga.
El domingo pasado, la gravedad y la sucesión de amenazas preocupa al gobierno provincial y a la propia víctima, que es el gobernador, que decidió hace poco más de una semana sacar a su familia de Rosario para extremar su protección.
El viernes pasado se conocieron otras dos amenazas que se hicieron visibles con pintadas en una escuela y un centro de salud. Ante la gravedad de la situación, el fiscal de Estado, Domingo Rondina, señaló que estas intimidaciones “son un atentado contra la democracia y deben ser investigadas y juzgadas como tales. Es urgente que fiscales y jueces actúen con firmeza y premura. Quienes defendemos la democracia y las instituciones debemos manifestarnos sin fisuras”.
El fiscal Franco Carbone imputó la semana pasada a Francisco Riquelme, un narco que actualmente está alojado en el penal federal de Marcos Paz, en la provincia de Buenos Aires, como el autor intelectual de dos atentados y amenazas que se dejaron contra el gobernador.
La espiral de amenazas y atentados contra Pullaro tuvo su origen en las medidas que tomó dos días después de asumir en los pabellones de alto perfil del penal de Piñero, ubicado a 25 kilómetros de Rosario. Reagruparon los internos que estaban alojados en cuatro pabellones. Allí se encuentran sicarios de Los Monos y de otras bandas, como la que maneja Riquelme, un hombre que fue uno de los gestores de la guerra narco en el oeste de Rosario, donde se centra el foco de los homicidios.
Un mayor control en los pabellones donde están los narcos equivale a perder dinero. Por eso, Riquelme se cargó de rabia. Estaba preso en la Unidad Penal Nº1 de Ezeiza, donde amenazó a los directores de la cárcel. “Prendan la tele hoy a la noche. Van a ver lo que voy a hacer. Los voy a cagar a tiros a todos ustedes. Voy a cagar a tiros una comisaría de Rosario hoy. Se van a querer matar, van a ver lo que voy a hacer”, gritó, según se reveló en la audiencia.
Riquelme cumplió. Ordenó balear la comisaría 19 de Rosario. Horas más tarde, según la investigación del fiscal Carbone, dos soldaditos iban a disparar contra la escuela Paulo IV, pero se cruzaron con una patrulla de la Policía de Acción Táctica con los que se enfrentaron a tiros. Fueron detenidos con un cartel con amenazas a Pullaro, y en uno de los celulares que tenían Carlos Moreno y Alejandro Acosta figuraban las comunicaciones con Riquelme. Otro dato clave fue que en una mochila tenían guantes de látex negros, los mismos que usaron los atacantes en la seccional policial y en otro atentado que ocurrió el 12 de diciembre en una sucursal del banco Macro y en la guardia del hospital de Emergencias. Allí también se habían dejado amenazas contra Pullaro.
A los mayores controles contra los presos de alto perfil, que tocó el negocio mafioso que opera dentro de las cárceles, se sumó otro punto que también genera fricción, porque apunta a mermar la recaudación de los grupos criminales, como es el derribo de los puntos de venta de drogas, una medida que se empezó a implementar la semana pasada, como consecuencia de que en diciembre pasado Santa Fe adhirió a la llamada ley de narcomenudeo, que ahora está bajo la órbita de la justicia provincial.
Este lunes fue derrumbada una propiedad de Riquelme, y otra de su hermano, que comenzaron a ser demolidas en la misma cuadra de Felipe Moré al 600 bis.
La demolición de este búnker, en la zona noroeste de Rosario –uno de los territorios más calientes de la ciudad en materia de narcocriminalidad–, empezó después de otro punto de venta de droga derrumbado en Necochea e Ivanowski, en un búnker de la presunta banda narco de Alejandro “Chucky Monedita” Núñez, otro preso que regentea una estructura dedicada a la venta de droga.
El secretario de Seguridad Pública, Omar Pereira, señaló que los búnkeres “tienen una lógica de trabajo que no es permanente”. “Se ocupan temporariamente para la venta y no hay una presencia constante de personas en los puntos de venta. Los identificamos para que la gente lo comprenda, pero funcionaban como puntos de venta. Los búnkeres tenían, en los años 2013 o 2014, otra infraestructura mucho más rígida, un local cerrado con una ventanita para la venta. Estas son viviendas usurpadas que se destinan temporariamente para la venta”, explicó el funcionario.
Pereyra consideró que la demolición se produjo “tras la sentencia de una jueza que se basa en los elementos probatorios presentados por el fiscal, donde se ha constatado que hay usurpación de la vivienda y están todas las medidas precautorias tomadas por la Justicia para que se lleve adelante esta medida”. Dijo además que hubo un allanamiento previo en el que surgieron “las pruebas que ha presentado el fiscal en la causa” y recordó que este “es un lugar simbólico, icónico, en la lucha contra de los vecinos, hace años, en esta cuestión”.
P/ag.agencias.ln.gs./gr.
