La administración A Fernández anunció ante el Congreso Nacional la reformulación de la Agencia Federal de Inteligencia, cuyo objetivo central será proveer al Poder Ejecutivo de la información que le permita prever y evitar riesgos o amenazas, internas o externas, que pudieran atentar contra los intereses nacionales, la integridad de la Nación, el Estado de Derecho, y las instituciones Constitucionales.
La Casa Rosada enfrenta un enorme desafío sobre este tema. La AFI, Agencia Federal de Inteligencia creada el 5 de marzo de 2015, por la entonces presidenta Cristina Kirchner, goza de una pésima reputación ante la opinión pública, fruto de las oscuras operaciones, manipulación de información, presiones judiciales con las que se la ha vinculado, igual que a su antecesora SIDE.
Será compleja la tarea del actual Jefe de Estado, Alberto Fernández, no solo con la percepción negativa que existe arraigada en la ciudadanía, sino también por el perfil del accionar de la estructura interna de la AFI, tanto con sus integrantes orgánicos como encubiertos, a los que debe reorganizar Cristina Caamaño, designada interventora en el organismo. Ante este escenario resulta indispensable conocer cuál es el plan de la Coalición Gobernante para encarar la ciclópea tarea de “refundación” de la AFI.
Surge, entonces, la necesidad de exponer ante la opinión pública, “la legitimidad de los servicios de inteligencia y el desempeño de sus funciones de protección del Estado y la sociedad, de conformidad con la legalidad, como un elemento relevante en términos de calidad democrática”, concepto que surgen de un análisis del Centro de Estudios de Seguridad de la Universidad de Santiago de Compostela, España efectuado por Daniel Sansó y Rubert Pascual.
El Dr. Gustavo Beliz, actual Secretario de Planeamiento Estratégico, Ministro de Justicia durante el mandato de Néstor Kirchner del que fue despedido por el entonces Jefe de Gabinete Alberto Fernández, en julio de 2004, por exhibir públicamente la foto de Jaime Stiuso, jefe de Contrainteligencia de la SIDE, hombre fuerte del organismo, a quién acusó de embarrar la causa AMIA, dieciséis años después se ha convertido en el cerebro de la reorganización de los servicios de inteligencia y también de la reforma del sistema judicial, que había dejado trunca.
Béliz, de 57 años, casado, cuatro hijos, católico practicante, abogado de la UBA, con Postgrado en la London School of economics, becado por el British Council, encara quizás la más desafiante tarea de su carrera política después de, también, haber sido ministro del Interior del gobierno de Carlos Menem del que se fue con un portazo, en 1994, tras denunciar la corrupción de la administración menemista, a la que calificó de “nido de víboras”.
La información es poder, es el concepto que toda estructura política tiene muy presente para el ejercicio del gobierno, y si bien esta necesidad permanece inmutable las formas mediante las cuales el gobernante ha obtenido la información exhiben una continua evolución. Esto demanda un profundo cambio en la actual estructura de los servicios de inteligencia, no solo en la AFI, sino también en todo el sistema de seguridad nacional.
Resulta necesario, advierten especialista, que los servicios de inteligencia tengan claramente establecido que son asesores del poder político, que es el que fija los objetivos de seguridad nacional, y que su labor estará centrada en la obtención y análisis de la información de las posibles amenazas, internas o externas, al Estado Nacional, y sus normas Constitucionales, dejando de lado la acción directa solo para casos excepcionales.
Uno de los problemas a corregir está en la base sobre la que se organizó la “inteligencia” en Argentina. Los vínculos fueron estrechos con los sistemas de las Fuerzas Armadas y de Seguridad. Una gran mayoría de funcionarios actuales son procedentes del ámbito militar o policial, y mantienen concepciones operativas de accionar que hoy deberán modificarse, más allá del resultado eficiente que se haya obtenido hasta el presente.
Entre los caminos para superar este escenario, sugieren expertos en seguridad, es convocar a profesionales civiles de diversas materias, que capacitados en las exigencias de la inteligencia, se conviertan en especialistas en un nuevo sistema de información, tarea que permitiría superar resistencias internas a un cambio profundo.
Desde la Casa Rosada se debe poner en claro que la misión de los servicios de inteligencia se restringe a la dimensión técnica. Es decir asesorar y alertar al poder político sobre posibles fuentes de riesgo para el Estado. Que se tratan de organismos oficiales cuyas normas que los regulan deben ser públicas, con el fin de impedir toda actividad que atente contra el orden jurídico.
En tal sentido la característica de “secretismo” con que la AFI ha operado, hasta el presente, deberá quedar circunscripta a situaciones especiales autorizadas por el Presidente de la Nación. Esto permitirá superar el oscurantismo que ha descalificado en la opinión pública a la “inteligencia”, y abrir una puerta a la compresión de su necesidad para la protección de la Republica, la Democracia, y todas las normas que estable la Constitución Nacional.
