Ginebra. La Alta Comisionada para los DDHH de la ONU, afirmó que continúan las tensiones políticas y los actos de violencia de fuerzas de seguridad y simpatizantes del Gobierno contra todos los opositores al régimen chavista.
Bachelet expresó que lamenta la detención a finales de 2019 del diputado Gilber Caro y de su asistente Victor Ugas. El diputado Caro continúa privado de libertad sin que oficialmente se conozca el lugar de su detención. Asimismo, el diputado Ismael León fue detenido y se encuentra bajo arresto domiciliario.
El informe de ACNUDH refleja que también se documentó agresiones contra opositores políticos, manifestantes y periodistas, sin que las fuerzas de seguridad actuaran para evitarlo. Puntualiza que el 11 de febrero, fueron agredidos por lo menos 12 periodistas que cubrían la llegada de Juan Guaidó, mientras que el 29 de febrero, presuntos miembros de colectivos (militantes chavistas) armados agredieron a manifestantes y periodistas que se congregaron en un acto político en Lara.
El documento expone que se han registrado casos de allanamientos de la sede de un partido político, de ONGs, y de oficinas de medios de comunicación. Las agresiones suelen estar acompañadas por una retórica que estigmatiza, expone y desacredita a las víctimas y justifica la violencia.
La titular de ACNUDH señaló que le preocupa el anuncio de que se aprobará una legislación que sancione a las organizaciones de derechos humanos que reciben financiamiento del exterior, así como el señalamiento público a las ONGs y agregó que ha documentado hostigamiento en contra de algunas autoridades universitarias, por lo que considero positiva la decisión del Tribunal Supremo de Justicia de suspender la medida cautelar de agosto de 2019 que amenazaba la autonomía universitaria.
También persisten restricciones a la libertad sindical a través de desalojos y la detención arbitraria de líderes sindicales, confirmó Bachete y que se sigue recibiendo alegaciones de tratos crueles, inhumanos o degradantes en la sede de la Dirección General de Contra Inteligencia Militar en Caracas.
Respecto a los derechos económicos y sociales, preocupan las imposiciones de nuevas sanciones económicas, en especial las que afectan a la empresa aérea CONVIASA, así como las sanciones a la industria petrolera, disminuyendo los recursos del Gobierno destinados al gasto social.
ACNUDH en su presentación del caso venezolano, ante la 43ª sesión del Consejo de Derechos Humanos afirmó que a pesar de las excepciones establecidas para permitir las importaciones de medicamentos, los alimentos e insumos para la acción humanitaria, los servicios públicos y la población en general siguen sufriendo el impacto del escrutinio estricto, overcomplience (sobrecumplimiento) del sector financiero.
Bachelet reveló que una reciente encuesta del Programa Mundial de Alimentos mostró que 2.3 millones de personas se encuentran en inseguridad alimentaria severa y 7 millones en inseguridad alimentaria moderada y que según la Plataforma Regional de Naciones Unidas, 4.9 millones de personas han abandonado el país, y la Alta Comisionada lamentó las declaraciones de algunas autoridades de ciertos países, que podrían justificar o incitar la xenofobia y violencia contra personas migrantes y refugiadas.
Confío que se puedan alcanzar los acuerdos políticos necesarios para la renovación del Consejo Nacional Electoral y garantizar elecciones inclusivas, transparentes y creíbles.
Finalmente Bachelet valoró todos los esfuerzos encaminados para alcanzar acuerdos políticos necesarios para la renovación del Consejo Nacional Electoral y garantizar elecciones inclusivas, transparentes y creíbles y efectuó un llamado a todas las partes a que actúen con la altura de miras que el país merece para evitar un mayor escalamiento en la confrontación política que pueda traducirse en mayores acciones violentas.
Fuente: ACNUDH
