Guillermo Pereyra secretario general del sindicato de los petroleros privados acordó con las empresas la rebaja salarial y suspensiones por fuerza mayor. El convenio, que alcanza a unos 20mil trabajadores, en principio se extenderá hasta el 31 de mayo y entra en vigencia a partir del 1 de abril.
Pereyra en un audio emitido para los afiliados al gremio, a través de WhatsApp, expreso: «Es lo que hay y lo que las empresas están dispuestas a firmar por 60 días. Estamos en una profunda crisis social y económica, hacemos todo lo posible para mantener los puestos de trabajo. No tenemos otra alternativa…si no firmamos las empresas productoras no le van a reconocer a las pequeñas empresas los salarios y los compañeros se van a quedar este mes sin cobrar”.
La profunda crisis que afecta a toda la actividad petrolera, en la que hoy el precio del barril crudo Brent fue de U$S 27,73 y el WTI U$S 26,75, mientras analistas de Bloomberg estiman que podría continuar la caída hacia U$S 20,00 o por debajo, cuando a fines de 2019 el barril rondaba los U$S 60,00, con un desplome de la demanda que generó la reducción de la producción y una crisis en el almacenamiento a nivel mundial, llevó a Pereyra a señalar respecto a la duración del acuerdo que «nadie sabe cuánto durará esta crisis, si dos meses, cinco meses o un año».
Por las características de esta actividad, el grueso de los ingresos de sus trabajadores se basa en los adicionales y horas extras. Es por eso que este nuevo salario pactado representaría en promedio la mitad de los sueldos normales, con casos que llegan hasta un 70% menos sobre aquellos trabajadores que se encuentran en sus casas por el aislamiento preventivo por el Covid-19.
El acuerdo establece que cobren una asignación, no remunerativa equivalente al sueldo básico según la categoría, más la zona diferencial, y en algunos casos una Vianda Ayuda Alimentaria liquidada cada mes de $609 diarios, cobrando como en el diagrama, que no es el mes completo.
La tremenda crisis del sector llevó a la Cámara Empresarial de la Industria Petrolera y Afines de Neuquén (Ceipa), según publicó el diario Río Negro, a contemplar la posibilidad del despido del 40% de los trabajadores y el cierre del 35% de las empresas vinculadas a Vaca Muerta.
Si se llegara al punto de la desvinculaciones, un resquicio legal posibilitaría evitar la vigencia del DNU 329/20 que establece «prohibición de despidos y suspensiones», pero en realidad permite a las empresas imponer suspensiones con rebajas salariales amparadas en el Art. 223BIS de la Ley de Contrato de Trabajo, que deja un vacío legal que admite a las empresas aplicar estos mecanismos de suspensión y rebaja salarial de hecho.
Después del convenio avalado por Guillermo Pereyra, que lidera el gremio más grande de los petroleros, Jorge Ávila, al frente del gremio de Chubut, aceptará idénticas condiciones, mientras que el personal jerárquico que se desempeña en Tierra del Fuego, Salta y Mendoza, se muestran reacios a aceptar los ajustes pactados.
rp.
