De pronto los techos del penal de Devoto fueron rotos, y los detenidos aparecieron entre las vigas reclamando prisión domiciliario y reducción de condenas. Parece que el Gobierno no tenía ninguna advertencia de fuentes de inteligencia de lo que podía ocurrir. Durante más de doce horas la violencia se instaló para obtener mayores concesiones, mientras ya habían sido liberados, bajo distintas condiciones, más de dos mil reclusos.
La seguridad con nuevas amenazas. La jueza de Ejecución Penal N°1 del Departamento Quilmes, Julia Márquez, confirmó que desde que comenzó la cuarentena fueron liberados 176 violadores. Las cacerolas comenzaron a sonaron en todo el país. La Casa Rosada percibió el “ruidazo”. Pero algunos dirigentes oficialistas, tratan de tapas el sol con las manos y denuncian que fue resultado de una campaña política y mediática para perjudicar al Gobierno.
La magistrada Márquez, en sus declaraciones públicas, expuso con toda crudeza lo que estaba pasando en el ámbito judicial y penitenciario. Los pedidos de excarcelación llueven en los despacho y dijo: “Por un delincuente pueden llegar hasta cuatro pedidos No logramos imprimir todos los pedidos en una jornada de trabajo; estamos imprimiendo desde las 8 de la mañana hasta las 8 de la noche”.
En declaraciones, a radio Mitre, la jueza Márquez fue contundente: “en el último mes las excarcelaciones llegaron a 2.458” incluso reveló un dato más preocupante: “Entre el 27 y el 28 de abril se liberaron 176 delincuentes”. Es decir que en apenas 24 horas se benefició a más presos que en todo un año y agregó: “Desde que comenzó todo esto fueron liberados 1.076 personas con delitos contra la propiedad, 276 con delitos contra las personas y 176 con condenas por delitos contra la integridad sexual (abusadores y violadores)”.
Los reclusos de Devoto, a los gritos, resistían entre las chapas arrancadas de los techos y la batucada se expandía por todo el penal. Sus familias rodeaban el penal pidiendo saber cómo estaban. Todo siguió así, hasta que llegó una comitiva del Gobierno a negociar con “los presos” las condiciones en que iban a deponer su motín. Sobre la mesa estaban las exigencias, Arresto domiciliario – Modificaciones en los informes criminológico que habilitan las salidas anticipadas- Prisiones preventivas: rever el artículo 210 de la Cámara Procesal Federal para terminar con ese «cuello de botella» que es la admisibilidad – Beneficios a los extranjeros: para que concluida la cuarenta puedan regresar a sus países de origen.
Ante este escenario la jueza Julia Márquez fue terminante: “Esto es todo un absurdo. Cómo una persona que entra en la cárcel por delitos graves, ahora sale de la cárcel cometiendo otro delito, porque un motín es un delito. Siguen utilizando la violencia para lograr lo que quieren y nosotros como autómatas firmamos eso. Es una verdadera locura”, Los funcionarios del ministerio de Justicia, deberían tomar en cuenta estas apreciaciones de la magistrada Márquez.
La plataforma “change.org” reflejó la creciente preocupación de la sociedad, y una iniciativa para solicitar al Poder Judicial que no avance con las excarcelaciones recogió más de 500 mil adhesiones. Según los administradores, de la plataforma, fue la solicitud de mayor crecimiento en el sitio. También se activaron las redes sociales con la campaña #Cacerolazo30 que rápidamente se expandió. El resultado, un masivo ruidazo, que sonó con fuerza en todo el país, sin diferencias por banderías políticas, con un reclamo unificado de rechazo a la impunidad y demanda de seguridad.
La reacción del presidente Fernández comenzó con una explicación: “La Argentina, como todo el mundo, enfrenta una pandemia de enormes proporciones. El riesgo de contagio se potencia en los lugares de mucha concentración humana por lo que las cárceles se convierten en un ámbito propicio para la expansión de la enfermedad”, pero negó que el gobierno nacional esté detrás de una “salida masiva de presos” y sostuvo que «son los jueces quienes, de considerarlo necesario, disponen libertades”. Por su parte la ministra de Justicia de la Nación, Marcela Losardo, dijo que: “repudiara la excarcelación de asesinos y violadores”.
Desde la oposición el diputado Cristian Ritondo, jefe del bloque del PRO en la Cámara baja expresó: “El #Cacerolazo30A demuestra que la impunidad no tiene cabida para los argentinos”, por su parte, la legisladora bonaerense de Juntos por el Cambio Carolina Piparo dijo: “Emociona el rechazo a la impunidad. No somos pocos, no estamos solos. #Cacerolazo30A”. La Unión Cívica Radical, directamente se dirigió al presidente de la Nación: “Esperamos que Alberto Fernández no permita una epidemia de delitos”.
Respecto al cacerolazo, desde el oficialismo, el senador por el Frente de Todos, Oscar Parrilli, ex jefe de inteligencia del gobierno de Cristina Kirchner, dijo que “todos tenemos derechos a expresarnos, a manifestar y a protestar”, pero en este caso “se generó una situación que no es real” porque “hubo intereses políticos y mediáticos tendientes a tergiversar una realidad, mentirle a la sociedad, para poner al Gobierno de un lado que es rechazado por la gente y que, en realidad, todos rechazamos” e insistió: “Si bien es cierto que es un tema que a todos nos pone mal como es la impunidad, creo que hay una campaña mediática y política en gran parte de esto”.
Por su parte Alejandra Gils Carbó, ex procuradora general de la Nación durante las gestión del kirchnerismo, cree que hay una estrategia “alarmante de desinformación” respecto a la supuesta masiva liberación de detenidos que busca ocultar el debate por un impuesto extraordinario a las grandes fortunas. Para Gils Carbó: “El poder político tiene que salir a desmentir lo que se está diciendo” y “con esta concentración de medios es difícil hacer frente a la desinformación”, indicó.
Hay un sector del oficialismo que trata de minimizar los hechos y llevarlos a la discusión política en la que se puede discutir todo, desde la doctrina abolicionista impulsada por el ex juez Eugenio Zaffaroni, o tratar de imponer que existe una estrategia mediática que opera en contra del Gobierno. Mientras tanto, se desconoce la gravedad del problema que amenaza la seguridad ciudadana, con peligrosos delincuentes y violadores excarcelados circulando por las calles o en la vecindad de quienes fueron sus víctimas.
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