Miles de ciudadanos, en todo el país, expresaron su preocupación y desacuerdo por la excarcelación de más de 2000 presos, principalmente en penales de la Pcia. de Buenos Aires. Un ruidoso y extendido cacerolazo alteró los oídos de la administración Fernández y de pronto el Fiscal de Casación bonaerense Carlos Altuve advirtió el problema y presentó su queja a la Corte Suprema que la admitió y dispuso la suspensión de las excarcelaciones, resta saber si ordenará la recaptura de los liberados.
Comenzó, entonces, una danza para determinar quiénes eran los responsables de las excarcelaciones justificadas por los riesgos de la pandemia del Covid-19 en los penales. El presidente, Alberto Fernández, se desligo del tema y afirmó: “son los jueces quienes, de considerarlo necesario, disponen libertades”, la ministra de Justicia, Marcela Losardo, se alineo con los dichos de Fernández y afirmó que “repudiara la excarcelación de asesinos y violadores”. Pero estas ya habían ocurrido. Los datos, hechos públicos, por la jueza de Ejecución Penal N°1 del Departamento Quilmes, Julia Márquez, eran contundentes: “en el último mes las excarcelaciones llegaron a 2.458”.
La polémica se extendió, tanto en la administración nacional como en la bonaerense. Aparecieron los jueces y le respondieron al Gobierno: “Ninguna solución de fondo se encuentra en manos del Poder Judicial” y enfatizaron “Es el Poder Ejecutivo, tanto en su nivel nacional como provincial, quien tiene a su cargo la administración de los establecimientos carcelarios y a él comprende la obligación de asegurar condiciones esenciales de salubridad e higiene intramuros”.
En medio de este escandaloso episodio, el presidente de la Cámara de Diputados de la Nación, Sergio Massa, lanzó la propuesta de llevar a juicio político a los jueces que otorgaron excarcelaciones. Fue el momento en que desde la Asociación de Magistrados, que agrupa a cerca de 3.000 magistrados y funcionarios del Poder Judicial de la Nación, del Ministerio Público Fiscal y del Ministerio Público de la Defensa, les recordaron, en un comunicado, a los integrantes del Poder Legislativo lo siguiente:
“El principio de que en el Estado de Derecho resulta inadmisible el empleo del juicio político como herramienta de intimidación hacia los magistrados que resuelven de un modo contrario a la expectativa de quien lo promueve, pues para lograr la revisión de decisiones judiciales que puedan estimarse equivocadas existen numerosos recursos procesales que la ley confiere en plano de igualdad tanto a los imputados o condenados como a los interesados por el delito”.
El problema ya se había convertido en una cuestión política. El gobernador bonaerense, Axel Kicillof, entró en la polémica y deslindó responsabilidades: “quien va a la cárcel, o quien tiene una prisión domiciliaria es una decisión del Poder Judicial y no del Poder Ejecutivo” y denunció que “hay una campaña con un objetivo que es dañar al Gobierno y tratar de generar miedo”.
La magnitud de los episodios que se sucedieron, tanto la lluvia de pedidos de excarcelaciones que cayeron en distintos juzgados y el motín del penal de Villa Devoto, sorprende que los servicios de inteligencia no hubieran advertido lo que podía pasar, más aún cuando los 19 defensores generales de la provincia de Buenos Aires pidieron el 3 de abril que sean liberados todos los presos bonaerenses, tanto en cárceles como en comisarías.
Los abogados defensores plantearon que los detenidos sean considerados población de riesgo ante el posible ingreso del Covid-19 a los penales provinciales y en sus habeas corpus reiteraron: «Es inadmisible que personas que integran los grupos de riesgo en relación a la enfermedad producida por el virus COVID- 19 se encuentren aún hoy privadas de su libertad en cualquier dependencia de distinta naturaleza de la Provincia de Buenos Aires”.
Para resolver la presentación de los defensores, Casación tuvo en cuenta una lista presentada por el Ministerio de Justicia que incluía a unos 700 detenidos en situación de riesgo, aunque informes posteriores elevaron ese número a unos 2300 internos que podían verse especialmente perjudicados si el coronavirus entraba a la prisión. Esos listados estaban hechos en función de su edad y su patología. Casación hizo lugar al reclamo y habilitó a los jueces a disponer prisiones domiciliarias.
Pero Casación tomó sus recaudos, y advirtió a los magistrados sobre las solicitudes de excarcelación que debían: “ser analizada por parte del Juzgado o Tribunal que tiene a su cargo a cada prevenido, evaluando la necesidad u oportunidad de disponer una medida de arresto domiciliario (en cuyo caso, y cuando corresponda, deberá resguardarse la integridad psicofísica de la víctima), o bien, asegurando el aislamiento sanitario dentro de la Unidad Penitenciaria donde cada uno se encuentra alojado”. La responsabilidad quedó en los jueces.
El hábeas corpus de Casación fue más allá, y sugirió a los jueces de Garantías, Jueces Correccionales y Tribunales en lo Criminal la evaluación de oficio de los que estén detenidos sin condena hace más de dos años, “considerando para tal cometido los intereses de las víctimas, particularmente en los procesos por delitos contra la vida, la libertad, la integridad sexual y aquellos cometidos en un contexto de violencia de género”.
Y se dio un paso más: Casación resolvió que los jueces de Ejecución “que tengan a disposición condenados sin sentencia firme, en los casos en que los procesados y condenados se encuentren en un plazo de seis meses anterior a alcanzar el extremo objetivo temporal previsto para obtener la libertad asistida o condicional, y que a su vez cumplan las demás exigencias impuestas, evalúen la necesidad de disponer, de manera extraordinaria y por única vez, la detención domiciliaria”.
El escenario judicial quedó totalmente enrarecido. El gobernador salió a desmentir presiones a la Casa Rosada para liberar presos e intenta responsabilizar al procurador General, Julio Conte Grand, quién asumió ese cargo en diciembre de 2016, y remarcó: «El Procurador, en su resolución 158, donde instruye a defensores que dependen de él a impulsar prisiones domiciliarias omitió señalar que las prisiones domiciliarias no pueden contemplar a quienes hayan cometido delitos graves. Ofensas sexuales, violaciones, delitos a mano armada. O con violencia. No lo dijo Conte Grand».
El gobernador continuó utilizando políticamente el grave problema carcelario y recordó «Recibimos una situación de emergencia declarada por el gobierno anterior. Más: una huelga de hambre de 15.000 internos. Nosotros saldamos deudas de proveedores por 300 millones. Y vamos a invertir 800 millones más para ampliar la infraestructura”. El ministro de Justicia, Julio Alak, también hizo su aporte: «Las decisiones de externar internos la toma la Justicia. Es falso que se haya presionado a jueces. Por el contrario, dijo que ciertos magistrados «fueron parte de esta campaña de descalificación».
Alak insistió: “La situación en las cárceles es gravísima. Fue calificada, ya el año pasado, como crisis humanitaria por el Tribunal de Casación». El ministro no deja dudas sobre los datos que eran conocidos por el gobierno, y que en consecuencias algo podía pasar y finalmente pasó, las cacerolas activaron la memoria, y hoy la realidad es la que fríamente expuso el ministro de Seguridad bonaerense, Sergio Berni, respecto a los presos excarcelados, “No se sabe dónde están”.
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