lunes 1 junio 2020

Reforma judicial, un debate necesario en un momento inapropiado

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La palabra más meneada desde la época a la que llegan mis recuerdos, es crisis. Casi no hubo período en el cual no se la invocara para justificar lo injustificable. La pandemia no sólo ha desatado una nueva, ahora con certificado de legitimidad, sino que está sirviendo de talón de terciopelo para que el auditorio no vea lo que ocurre en bambalinas.

Uno de los pilares esenciales en los que debe apoyarse una república es su sistema judicial. Si el Poder Legislativo y el Ejecutivo dejan de tener su mirada vigilante y cuidadora de los derechos y garantías ciudadanos, el riesgo a que los valladares constitucionales sean ignorados es altísimo.

Por eso, hablar del sistema judicial es referirse al contenedor de los posibles abusos de los poderosos. Es cierto que desde el inicio de su mandato ese objetivo estuvo en las declaraciones presidenciales, pero también lo es, que resulta cuanto menos llamativo que, con tantos frentes abiertos por la imprevista llegada de un virus que modificó la vida cotidiana y los pronósticos de todos los ciudadanos y funcionarios, se pretenda en este momento definir esa reforma.

Nadie duda que haya en el sistema judicial mucho por modificar. Tampoco, que la causa de los peores vicios que pueden reprochársele resulte de la intromisión de los otros poderes en su tarea. Datos duros y no conjeturas han demostrado la injerencia de la ex Side en los fueros federales no para aportar datos e investigaciones sino para desviar el resultado de las mismas. Tampoco que los vientos políticos han borrado pruebas de delitos y reunido el polvo para formar la flecha que señala a quien se encuentra en el grupo de los que perdieron el poder aunque sea temporariamente.

Pero ese debate que debe ser intenso y extenso, que debe abarcar desde el sistema de selección y enjuiciamiento de los Magistrados a los procedimientos; desde el control de la evolución de los patrimonios de los judiciales a los cambios infundados de su jurisprudencia, debe realizarse con una tranquilidad y trasparencia que no parece un capital existente en este momento. La cantidad de frentes abiertos en nuestra vida institucional parece indicar que lo que se esté buscando al intentarlo ante tanto caos, es impedir que observemos dónde quieren meter mano.

¿La reforma es para mejorar el sistema o para cumplir una promesa previa: la impunidad de los “compañeros” que quedaron bajo su lupa rodeados de pruebas incontestables con los procedimientos vigentes logrando que esa lupa sólo ilumine los casos y los personajes que molesten a los planes diseñados?

El problema no es que se menee el proyecto de reforma judicial, el inconveniente es que nuestras instituciones han sido demolidas con golpes arteros de los unos y los otros porque si de martillar se trata no se han ahorrado esfuerzos. Las palabras han sido vaciadas de contenidos y cada vez que alguien viene a hablarnos con la verdad tomamos perspectiva para ver el tamaño de su mentira.

El problema no es que se quiera modificar un sistema que todos coincidimos debe ser cambiado, sino que se tenga un proyecto que no se comunica, que se intenté colarlo en un Congreso que funciona a fuerza de pantallas y que lo propongan quienes carecen de credibilidad.

El problema es que uno de los propósitos del reparto de poder que se ve (porque ya no se preocupan por disimularlo) es la impunidad de quienes se encuentran imputados ante esa justicia que quieren reformar. La reforma suena a plan de impunidad.

Sin saber su contenido dudamos que el propósito sea sanear la justicia, cerrar sus grifos de contaminación y no por incrédulos, la mera observación de lo que ya está ocurriendo determina que habrá muchos “favores judiciales” que tendrán que devolver.

No hay reforma posible en la Justicia sin una modificación profunda del Consejo de la Magistratura. Y la última ocurrida fue auspiciada por quien hoy es Vicepresidenta de la Nación y no favoreció la objetividad, ni premió a los buenos funcionarios y castigó a quienes no lo fueran.

Si el problema que le preocupa a nuestro Presidente es el número de miembros de la Corte Suprema y no la forma en la que funciona, los temas que decide examinar, los tiempos, la interacción entre sus miembros y el olvido del rol que cumplen para abocarse a peleas menores pero que dañan el entramado social fuertemente, la única conclusión posible es que lo único trascedente en esa modificación es lograr incorporar la cantidad de votos dóciles para lograr los resultados que auspician.


Existe una relación directa entre la estabilidad del sistema de justicia y la calidad de la democracia y su mejor prueba fue la impotencia demostrada para contener los derechos fundamentales durante la dictadura o el sometimiento a las presiones a corto plazo que denotaron sus decisiones. El problema no es cuántos son sus miembros sino el rol que deben cumplir en un estado democrático.

Desconocer que administrar Justicia es una función política y que el tribunal tiene el poder y debe ejercerlo, es hablar con hipocresía.

Nos hablan de un proyecto de reforma que enviarán al Congreso que no se sabe quién lo redactó ni su contenido. Un tema tan trascendente para la institucionalidad debería ser girado para que todos los operadores del sistema incluyendo los académicos, lo conocieran, debatieran y propusieran sus visiones mejorando seguramente la propuesta. El oscurantismo es lo que preocupa.

Dice el Presidente que formará una “comisión de expertos” (¿ en qué?), no en la reforma porque ya la definió, ¿expertos para ver cuántos cortesanos se designarán?. ¿Para evitar que un pequeño grupo maneje un gran poder?. En ese caso es conveniente que no formen otro pequeño grupo que lo sustituya. En estos tiempos la energía y la preocupación de la ciudadanía estará enfocada en el tema sanitario y en el tema económico, actuar de buena fe implicaría posponer este tema esencial y necesario para cuando al menos superemos mínimamente esos desafíos vitales y esenciales.

Calamandrei decía que no bastaba que los magistrados conocieran a la perfección las leyes escritas; era necesario que conocieran perfectamente, también, la sociedad en que esas leyes tenían que operar. No alcanza con coincidir con que esa reforma es esencial, es necesario que se realice de buena fe cuando las conciencias estén calmas y no haya en juego temas vitales para los intereses de las personas que gobiernan. Es muy difícil que podamos pedirle a quien tiene en debate su libertad y sus bienes, que colabore en una reforma que permita que se arribe a conclusiones no amañadas.

Siempre hay resistencia al cambio sobretodo en un poder conservador como la justicia, pero para romper los paradigmas, los dogmas y las tradiciones como se pretende, tenemos un recuerdo demasiado reciente aun para pueblos desmemoriados, el intento de cooptarla a través de la denominada “democratización de la justicia” y para colmo de males, alguno de los nombres de sus impulsores se repiten.

El poder Judicial es el último espacio para la defensa de los derechos humanos, y el contrapeso de los demás poderes públicos, por eso en un momento de gran concentración de poder, con un Poder Ejecutivo gobernando a fuerza de DNU, con un Poder legislativo que necesito más de dos meses para resolver “reunirse a la distancia” y un Poder Judicial que se debate entre la duda de actuar y el silencio, impulsar una reforma como la que se propone genera muchas dudas.

Con los antecedentes acumulados por los mismos funcionarios que hoy aplauden esos cambios no podemos dejar de preguntarnos si pretenden defender el estado de derecho o los derechos que ellos tienen por representar hoy al Estado.
P/Marta Nercellas
Abogada, especialista en Derecho Penal y Derecho Penal Económico

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