El presidente Fernández había anunciado en diciembre pasado, al congelar la movilidad por ley, que en junio remitiría al Congreso el nuevo modelo de incrementos en las jubilaciones. Ahora, en su lugar remitió a la Cámara de Diputados un proyecto de ley por el cual se mantiene congelado hasta el 31 de diciembre la presentación de la fórmula para el ajuste automático. En consecuencia las correcciones las continuará efectuando la Casa Rosada.
Esta decisión tensará aún más la relación entre el oficialismo y la oposición. Los legisladores del Frente de Todos intentaron, días pasados, impulsar una resolución que extendiera la norma vigente, a fin de evitar una discusión sobre el tema en el Congreso. Juntos por el Cambio la rechazó, y planteó que debía retomarse la fórmula que se aplicaba en 2017, que combinaba el nivel de los salarios en actividad con una mayor incidencia de la inflación. Esta fórmula posibilitaría, en la actualidad, un incremento superior al que otorga, por decreto, la Casa Rosada.
El 20 de junio vence la prórroga del congelamiento dispuesto en la emergencia. Fernández confiaba que tenía tiempo suficiente para presentar la nueva fórmula, que sería similar a la que se aplicaba en 2008, consistente en una combinación entre inflación y la recaudación del ANSES, que da un resultado que significa un menor incremento en las jubilaciones. La pandemia del Covid-19 alteró ese plan.
La posibilidad que el proyecto de ley que remitirá el Poder Ejecutivo, tiene pocas posibilidades de prosperar, ya que la oposición presentará un fuerte rechazo. La única alternativa que tiene el oficialismo, para que la propuesta de Fernández pueda avanzar, es que algún sector de la oposición de izquierda se sume al criterio de la bancada del Frente de Todos. En el Congreso esperan a la titular de la ANSES, Fernanda Raverta, que deberá intentar explicar los motivos de la decisión del Ejecutivo.
Mientras tanto, la Casa Rosada continuará determinando los aumentos trimestrales de las jubilaciones y pensiones, aún restan los de septiembre y diciembre, a través de decretos tal como sucedió en marzo y junio de este año a raíz de la sanción de la Ley de Emergencia Económica sancionada el 23 de diciembre de 2019.
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