Con la firma de los máximos dirigentes de JxC, se difundió un comunicado en el que se advierte que la medida de intervención y proyecto de expropiación anunciada por la administración de Alberto Fernández, constituye un primer paso para estatizar el mercado agropecuario, repite experiencias anteriores que costaron muy caras a los argentinos.
En su texto recuerda los casos de YPF, expropiación que está en litigio en New York y podría costarle al país unos u$s 9.000 millones y también el caso pendiente de Ciccone y confirma las amenazas recientes de pretender participar en la empresas, propuesta de la diputada del Frente de Todos Fernanda Vallejos, que al final eran compartidas por el resto del frente oficialista.
El escrtio señala: “En síntesis, es una medida innecesaria y peligrosa, de consecuencias impredecibles, que deteriora la confianza en el país y cierra la puerta a las inversiones necesarias para salir de la crisis generada por la pandemia”.
El documento que lleva las firmas de: Alfredo Cornejo (Presidente UCR), Patricia Bullrich (Presidente PRO), Maximiliano Ferraro (Presidente CC- Ari y bloque de Diputados), Luis Naidenoff (Pte Bloque Senadores UCR), Mario Negri (Pte Bloque Diputados UCR), Humberto Schiavone (Pte Bloque Senadores PRO) y Cristian Ritondo (Pte Diputados PRO), describe en su contenido los cinco puntos sobre los que se basa la denuncia de Juntos por el Cambio:
1. El anuncio es ilegal y pasa por encima del Congreso y el Poder Judicial. El Estado sólo puede intervenir empresas con una ley del Congreso, que por ahora no existe. Eso convierte el anuncio en ilegal e inconstitucional. Para poder avanzar hoy, el Gobierno publica un DNU en el que crea la figura de “intervención estatal de empresas”, inexistente hasta hoy y que viola la propiedad privada consagrada en la Constitución. Además, pasa por encima de la autoridad del juez a cargo del concurso de acreedores del Grupo Vicentín, encargado de garantizar los derechos de los acreedores y deudores de la empresa.
2. Es el primer paso para romper el mercado de granos. Con la excusa de la “soberanía alimentaria”, un concepto rechazado por la OMC y la FAO de Naciones Unidas, la expropiación de Vicentín puede ser el primer paso del Gobierno para avanzar en una mayor regulación del mercado de granos, que funciona bien y es la principal fuente de divisas del país. Quién sabe si su ambición final no es volver a una Junta Nacional de Granos, el viejo anhelo de una parte de la coalición oficialista.
3. Usa un modelo que ya fracasó y que nos costó carísimo. El kirchnerismo ya hizo esto con empresas como YPF, Ciccone, Aerolíneas Argentinas y Aguas Argentinas, a las que expropió por decreto con un discurso triunfalista y por las que después los argentinos tuvimos que pagar miles de millones de dólares en juicios y haciéndonos cargo de sus pérdidas. Con Vicentín va a pasar lo mismo. Es una empresa que tenía problemas y deudas cuya responsabilidad era de sus accionistas. Ahora esos problemas y esas deudas son de todos los argentinos.
4. Empresas en problemas por la cuarentena corren el mismo riesgo. Si la excusa para expropiar Vicentín es que estaba en problemas, ¿qué seguridad tienen las miles de empresas argentinas hoy al borde de la supervivencia por las restricciones impuestas durante el aislamiento social obligatorio? Después de lo de hoy, cualquier empresa tiene razones para sospechar que cualquier ayuda estatal podrá ser usada en su contra en el futuro cercano.
5. Lo que nos venían adelantando algunas “mentes avezadas” kirchneristas hoy es una realidad y verdad. El anuncio de hoy muestra una clara intención de avanzar con la participación estatal en empresas, a pesar de haber sido desmentida por el Presidente Fernández en Formosa. Hoy nadie dijo el famoso “¡exprópiese!” chavista, pero la oposición y la ciudadanía debemos estar en pie de alerta.
P/rp.
Intervención de Vicentín, Juntos por el Cambio la calificó de peligrosa, ilegal e inconstitucional
