La compañía agroexportadora Vicentín reclamó su legitimidad para proteger sus derechos y los de sus accionistas y defendió que se encuentra «ajustada al marco legal vigente» y dentro de un concurso preventivo de acreedores, después que el presidente de Argentina, Alberto Fernández, anunciara ayer la intervención estatal de la empresa para su posterior expropiación.
La empresa indicó, además, que no tuvieron conocimiento de dicha intervención hasta que se emitió por los medios el comunicado del Gobierno, por lo que están analizando «la profundidad de las medidas anunciadas».
«El camino elegido nos llena de incertidumbre y preocupación. Nos hemos enterado de la decisión por los medios y estamos realizando las consultas necesarias para entender las características y la profundidad de las medidas anunciadas», expresó la sociedad en declaraciones recogidas por distintos medios de comunicación.
Asimismo, Vicentín manifestó que, en reiteradas ocasiones, mostró la voluntad de «honrar los compromisos asumidos». «Desde diciembre de 2019 el directorio de Vicentín viene explorando distintas alternativas para refinanciar su deuda y recobrar el nivel de operación que supo tener en el pasado, que de ninguna manera se remonta a los últimos cuatro años, sino que puede medirse en décadas de esfuerzo e inversión», enfatizó la compañía.
Por otro lado, la agroexportadora aseguró que, si bien muchos de sus trabajadores no han podido trabajar durante la pandemia, «todos han cobrado como corresponde». Al mismo tiempo, la empresa reconoce que entre las alternativas que manejaba se encontraba la venta de activos y la posibilidad de asociación con compañías nacionales, entre las que se encuentra YPF Agro.
El pasado lunes Alberto Fernández anunció que el Gobierno intervendría el Grupo Vicentín, que es la cuarta exportadora agrícola más grande del país, después que en diciembre se declarara en suspensión de pagos, y se enviaría al Congreso una ley para poder expropiarla.
La exportadora de granos, harinas y aceites se encuentra en concurso de acreedores, con una deuda de 100.000 millones de pesos (más de 1.300 millones de dólares), por lo que el Gobierno, afirmó Fernández, se ha decidido a rescatarla, ya que «el Estado es su principal acreedor a través del Banco Nación».
«Hemos dispuesto una serie de medidas que tienen como misión rescatar a esa empresa. El propósito no sólo es que continúe, sino que sus trabajadores tengan la tranquilidad de continuar en sus trabajos», explicó Fernández durante una conferencia de prensa en la que estaba acompañado por el ministro de Desarrollo Productivo, Matías Kulfas, y la senadora Anabel Fernández Sagasti.
El presidente designó como interventor del grupo Vicentín a Gabriel Delgado, quien se desempeñó como secretario de Agricultura Ganadería y Pesca durante los últimos dos años del Gobierno de Cristina Kirchner. El objetivo de la Casa Rosada, tal como señaló Fernández, es que «el Estado se haga cargo» de la empresa, es por ello que anunció el envió de una ley de expropiación al Congreso.
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