Seamos honestos y digamos las cosas como son. Los fundadores de Vicentin fueron, seguramente, unos tanos trabajadores y visionarios. Sus descendientes, en cambio, un conjunto de incompetentes que podrían terminar presos por el delito de quiebra fraudulenta.
A la empresa sus dueños la sobreendeudaron y no sería de extrañar que, por la torpeza o por
complicidad del actual gobierno, dentro de quince o veinte años cobren una fortuna como
la familia Eskenazi por el escándalo de la privatización y posterior estatización de YPF. Lo que
se anunció el lunes no fue el primer paso hacia la transformación de la Argentina en Venezuela
sino el comienzo de una nueva trama oscura —como es ya costumbre entre nosotros— que, a
la larga, pagaremos los contribuyentes.
Que la medida es anticonstitucional, ¡chocolate por la novedad! También que, a partir de ahora, el gobierno podrá intervenir en el mercado de los granos a sus anchas. Pero —entiéndase bien— no es el inicio de un camino sin retorno hacia el socialismo. En realidad es un negocio a través del cual algunos pícaros se harán ricos en medio del tachín, tachín de la propaganda oficial. Con todo, lo de Vicentin es una anécdota, como lo es el proyecto oficialista de eliminar las PASO o el plan de cortarle las alas a los jueces federales apoltronados en Comodoro Py.
En otro contexto serían casos gravísimos. En el estado presente de cosas, los datos excluyentes son los que arroja la economía. Pasemos revista a unos pocos pero significativos números que nos darán la pauta de cómo la situación continúa deteriorándose, sin remedio a la vista, y por qué resulta imposible alentar esperanzas, en el corto y mediano plazo, acerca de una recuperación sostenida.
El PBI per cápita de la Argentina será este año igual al de l974 —sí, leyó bien— con índices de pobreza que ya alcanzan a 50 % de la población. El comercio bilateral con nuestro principal socio, la vecina República del Brasil, disminuirá en 2020 entre 20 % y 25 %. Más de la mitad de las pymes de carácter industrial han hecho saber que no se hallan en condiciones de pagar, en tiempo y forma, el medio aguinaldo.
Mientras el gobierno de Bolsonaro —al margen de su desmanejo en términos de la política sanitaria que ha implementado— tiene acceso a los mercados de deuda y está en condiciones de colocar bonos a entre 11 y 31 años con base en tasas de interés del 3,1 % y 4,2 % —y otro tanto hacen Chile, Panamá, Paraguay y Perú— nosotros no somos sujetos de crédito ni con el aval de San Pedro.
Por fin, y bajo supuestos para nada pesimistas de recuperación de nuestra atribulada economía, recién en el año 2023 lograremos —en el mejor de los casos— recomponer el nivel de actividad del segundo semestre de 2019, y habrá que esperar hasta finales del año 2026 para volver al del primer trimestre de 2018.
La enumeración es contundente aunque no resulta exhaustiva. Serían de nunca acabar las variables de todo tipo que podrían traerse a comento para graficar la magnitud de la catástrofe, con un mismo común denominador: una es peor que la otra. Ninguna da respiro.
Ello pone a la administración kirchnerista ante un cuadro dramático que, de momento, pasa a segundo plano por obra y gracia de la pandemia y del aislamiento obligatorio. Pero que en el próximo mes de septiembre —cuando se haya normalizado la situación en el AMBA, según lo anticipado el lunes por el viceministro de Salud de la provincia de Buenos Aires— aparecerá en toda su magnitud. Entonces será el momento de la verdad y el gobierno no tendrá más remedio que elegir un camino y asumir las consecuencias.
El presidente ha dicho que tras el acuerdo con los bonistas —que él da por descontado— y pasado el pico de la peste, el crecimiento de la economía “va a ser glorioso” (sic). La aseveración no peca de optimista. Es —lisa y llanamente— disparatada. Uno podría entender que, en su afán de anunciarle a la gente buenas noticias, decir la verdad en estos trances no resulta lo más indicado.
Sin embargo, tampoco es atinado tratar de maquillar la realidad con pronósticos fantasiosos. Aún si se enderezase la cuestión de la deuda, las urgencias del Frente de Todos serían las mismas y no existiría atajo alguno que le evitase sufrir los efectos de la crisis. La expansión monetaria exponencial, sin crecimiento de las reservas, tiene un desenlace anunciado: una devaluación de proporciones que hará trizas el salario real y generará un inevitable malestar social.
El dato más crudo de cualquier análisis —que huya de lo políticamente correcto y no apueste a jugar al empate— es este: no hay manera de gambetear el ajuste, como en otras oportunidades de nuestra historia. Los firuletes contables y las cajas a las que podía echarse mano son cosa del pasado. O Alberto Fernández opta por hacer reformas estructurales en serio —sin las cuales la Argentina carece de chances de salir del subdesarrollo sustentable— u obra conforme a su ADN e insiste en repetir las recetas fallidas del populismo criollo.
La cuestión de fondo, a esta altura, no tiene que ver con la pandemia —cuyo pico se espera en dos semanas para luego decrecer y casi desaparecer— ni con los bonistas —a los que nuestro país en cualquier escenario les pagará poco o nada hasta el 2023— sino con la estrategia que se pondrá en marcha luego de la cuarentena.
Es cierto que eso de que la necesidad tiene cara de hereje ha representado en el pasado algo más que una frase ingeniosa. ¿Por qué no pensar que el gobierno pudiese escoger la receta inesperada y estuviese dispuesto a dar un volantazo, obrando un verdadero giro copernicano en cuanto a sus observancias ideológicas. Es, sin duda, una posibilidad que no conviene descartar a priori. De todas maneras, parece muy poco probable.
Los motivos de esto último se vinculan no sólo con la cohabitación de los dos Fernández dentro del aparato gubernamental sino también con la formación y los hábitos del universo kirchnerista. Dicho de distinta manera: en la última de las reuniones que compartió el presidente de la Nación con los más importantes hombres de negocios criollos, en Olivos, la semana pasada, les dijo con la intención inequívoca de dejarlos tranquilos: “Los peronistas somos capitalistas y queremos que a las empresas les vaya bien y ganen plata”. En principio, no faltaba a la verdad.
¿Alguien podría creer seriamente que Cristina Fernández no quiere ganar plata en las empresas de las cuales es dueña? ¿Existe persona alguna capaz de sostener que Martín Guzmán es un socialista deseoso de poner coto a la iniciativa privada? ¿Resistiría algún análisis la teoría de que Alberto Fernández, puesto a elegir entre el capitalismo y el comunismo se inclinaría por este último? Más allá de la acción psicológica, ¿es posible imaginar que los integrantes de La Cámpora son chavistas embozados que, en el fondo de su corazón, celebrarían alborozados que el Estado avanzase sobre el mercado hasta borrarlo de la faz de la tierra?
Por supuesto que les encanta ganar plata, pero el suyo es un capitalismo de tipo prebendario, de amigos, desde antiguo enraizado en nuestro suelo y del que se han aprovechado no sólo los kirchneristas —dicho sea de paso y salvando honores. Creen que las empresas privadas deben existir, aunque sujetas a mil y una regulaciones —Miguel Pesce nos exime de cualquier explicación ulterior— y en un mercado que se someta a los caprichos estatales. Se desentienden tanto de la productividad como de la seguridad jurídica, que para ellos
se acaba en los manuales de la Facultad de Derecho.
Por esa razón, casi al mismo tiempo que Alberto Fernández endulzaba los oídos de los empresarios, el ministro de Trabajo dejaba sin efecto una deuda de $ 810 MM del gremio de los camioneros y se decidía por decreto la intervención de la empresa Vicentin.
El sistema económico que entienden los principales responsables de la actual administración es una suerte de híbrido, mezcla de Musetta y de Mimi, como dice el tango Griseta. Con tamaños condicionamientos, Alberto Fernández y su equipo económico carecen de un diagnóstico claro respecto de las razones por las cuales el país arrastra una decadencia de ochenta años, poco más o menos. Ninguno de ellos, ni siquiera la vicepresidente, piensa en Venezuela.
El problema no es ése. No son socialistas a la rosada ni comunistas ni nada por el estilo. Sólo imaginarlo sería ridículo. Pero no comprenden cómo funciona el capitalismo competitivo. En eso no acreditan demasiadas diferencias —fuera de sus pretensiones hegemónicas— con otras administraciones criollas ajenas por completo al peronismo. La gran diferencia es que antes, a costa de seguir empobreciéndonos, una buena cosecha o una devaluación mayúscula permitían salir del trance. Ahora es imposible.
Llevamos un rumbo de colisión que no es Cuba o Venezuela. Ante de fin de año vamos a estrellarnos contra una pared —la realidad pura y dura— que de magnifica no tiene nada.
P/BN/M&S/Dr. Vicente Massot
