El caso Vicentin está en etapa de convocatoria de acreedores cuyo plazo, para la presentación de verificación de créditos ante la sindicatura, fue extendido hasta el 25 de agosto. En medio, de esta situación judicial, en manos del juez Fabián Lorensini, el presidente Alberto Fernández, en Destape Radio, formuló declaraciones que sonaron como indicándole al magistrado como debía dictaminar:” Si el juez dice que no a la propuesta (de Perotti), sólo nos queda expropiar”. Expresión que abrió polémica entre los constitucionalistas, que advirtieron posible injerencia en otro poder. Todo envuelto en un banderazo que agitó a todo el país.
El gobernador de Santa Fe, Omar Perotti, después de su encuentro con el Presidente, que se extendió por tres horas en la Quita de Olivos, dijo: “la propuesta que presenté consiste en designar tres personas como interventoras de la agroexportadora Vicentin en el marco del proceso concursal, de modo de permitir el rescate de la empresa” y explicó: “ Que ésta alternativa se presentará a través de la Inspección General de Personas Jurídicas de la provincia y se enmarca en la ley de Concursos y Quiebras, con lo que salva las críticas que se le habían hecho al decreto de intervención con el objetivo posterior de proceder a la expropiación de la empresa”.
El triunvirato, para la administración de Vicentin, estaría integrado por dos representantes del Ejecutivo Nacional, y uno por la provincia de Santa Fe. Es factible que sea presidido por Gabriel Delgado, que fuera designado originalmente como interventor, por Alberto Fernández, pero nunca llegó a instalarse en las oficinas de Reconquista. Operadores de la Bolsa de Cereales de Rosario, deslizan que la propuesta del gobernador contaría con el apoyo de la Casa Rosada, donde días atrás, Perotti, firmó con el jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, un acuerdo de asistencia financiera por $ 4.500millones.
Por un lado, la posición del presidente Alberto Fernández consiste, en principio, en señalar que no hay “marcha atrás” en el tema Vicentin y que la opción de la expropiación sigue estando vigente, pero por otro, admite que sigue atento a caminos que pudieran surgir, ahora el del gobernador Perotti, y ha reiterado que lo que se busca con la agroexportadora, es resolver sus problemas y poder tener, bajo control del Estado, una empresa que permita ver cómo funciona y se desarrolla el mercado de cereales.
«No soy un necio” afirmó Fernández, “Sé que la palabra expropiación irrita a muchos sectores de la sociedad y que además le hicieron creer a la gente que es un invento chavista. Pero la expropiación está en nuestra Constitución Nacional desde siempre. No estamos atentando contra la propiedad privada; estamos rescatando una empresa en quiebra”, en otro tramo de sus declaraciones públicas señaló: “No fuimos a expropiar Cargill, que funciona y nadie tiene cuestionamientos jurídicos o de otro tipo”, y enfatizó que “no le preocupa el banderazo, creo que es gente que está confundida”.
El jefe de Estado describió, según él, la situación actual de Vicentín: “Tiene problemas penales y judiciales, que van desde estafas a bancos oficiales a denuncias de lavado y operaciones en negro con la soja. No voy a emitir juicio de los problema judiciales de Vicentin porque creo que todos son inocentes hasta que se demuestre lo contrario” y continuó “Yo no siento que sea ético que ante semejante sospechas yo como Presidente vaya a negociar con esos accionistas”.
La decisión del juez de Reconquista, Fabián Lorenzini, que hizo lugar a una medida cautelar y repuso a los dueños de la cerealera Vicentin por un plazo de 60 días, y estableció que el interventor designado por el Poder Ejecutivo quede como un simple veedor, desató una serie de declaraciones oficiales en contra de la medida, que fue dispuesta por juez comercial, en virtud de una presentación de los accionistas de la empresa.
La reacción del presidente Fernández no se hizo esperar: «Son llamativas las conclusiones a las que llega el juez, con el que absolutamente discrepo. Es disparatado, es un dislate jurídico de magnitud. Al juez hay que explicarle que los DNU son leyes y no la voluntad del ejecutivo», sostuvo el Presidente con el agregado en su declaración a Destape Radio “Si el juez dice que no a la propuesta de Perotti, sólo queda expropiar”.
Estas dos expresiones del primer mandatario abrieron una polémica entre abogados constitucionalistas, que advirtieron en principio, que ningún poder puede estar sometido a otro y son inadmisibles las delegaciones no previstas constitucionalmente y recordaron por otra parte que en la Constitución Nacional, el artículo 109 dice: “En ningún caso el Presidente de la Nación puede ejercer funciones judiciales, arrogarse el conocimiento de causas pendientes o restablecer las fenecidas.
P/BN/rp.
Vicentin. Es la propuesta de Perotti o expropiación, le señaló el Presidente al juez Lorenzini
