La intimación de “Propuesta Perotti o expropiación” que lanzó el Jefe de Estado ha quedado, por ahora, diluida. El juez Fabián Lorenzeni es el que tiene la última palabra, y hasta ahora no habló. Desde el Congreso, Graciana Peñafort, directora de Asuntos Jurídicos del Senado, de máxima confianza de Cristina Kirchner, también intimó al magistrado. La Federación Argentina de Magistratura y la Función Judicial respaldó al juez Civil y Comercial Nº2 de la ciudad de Reconquista. La propuesta Perotti, también parece debilitada. El caso Vicentin aparece nuevamente en foja cero.
El “banderazo”, que el último fin de semana, sacudió a todo el país, mostró por debajo de la causa que lo disparó, la expropiación de la agroexportadora, un reclamo generalizado en defensa de los derechos que otorga la Constitución Nacional, la República y un estado de los ciudadanos de disposición a movilizarse para impedir el avasallamiento de la República. Voces oficialistas trataron de descalificar el “banderazo” y señalaron que fue impulsado por la oposición, los medios, y que quienes se sumaron era gente confundida, que no entiende nada, incluso algunos llegaron a decir que eran movidos por el “odio”.
La primera reacción de Alberto Fernández, fue insistir que continuará su camino, la propuesta Perotti o expropiación. Sin embargo, analizada la dimensión del “banderazo”, Fernández debe haber recordado una vieja frase del ex presidente Néstor Kirchner que dijo: “fíjense en lo que hago y no en lo que digo”. Se ve que el inquilino de la Casa Rosada reflexionó y tomó un nuevo rumbo. Gabriel Delgado, el veedor oficial en Vicentin designado por el presidente, fue el encargado de exponer la nueva visión oficial: “Quiero trasmitir la opinión del Presidente: no va a avanzar en ninguna medida que divida a los argentinos”.
Delgado amplió la expectativa oficial y señaló: “Estamos esperando una respuesta del juez Fabián Lorenzini”, y aseguró: “Nosotros somos respetuosos de la voluntad del juez, y vamos a seguir buscando alternativas para tratar de salvar las fuentes de trabajo, para tratar de salvar las exportaciones y para tratar de salvar el interés de los acreedores”.
Desde la agroexportadora, en declaraciones públicas, Máximo Padoan, uno de los directores de Vicentin, opinó sobre cómo cree que se encausará el conflicto: “Va a terminar dentro del concurso, tiene que primar la ley. El juez tiene que seguir trabajando y nosotros administrando: la división de poderes y el estado de Derecho tienen que funcionar en Argentina. La propiedad privada está en la Constitución y no hay ningún motivo para expropiar nada”. Todo indica, por ahora, que la propuesta Perotti también se ha debilitado, y todos espera que resolverá el juez Fabián Lorenzini.
Sin embargo por debajo de la documentación de que mueve en el juzgado, hay turbulencia política que agita despachos en la Quinta de Olivos, y en la Casa Rosada. La Dra. Peñafort fue la encargada de agitar esos vientos. No solo intimó al juez Lorenzini, señalándole que era “propuesta Perotti o expropiación», sino que además calificó de “ingenuidad política” el proceder del presidente Alberto Fernández y enfatizó que el Gobierno tomó medidas “sin tener en cuenta las cosas que pueden pasar”.
La posibilidad de avanzar con una expropiación en el Congreso es compleja. Quienes especulan con esta alternativa aceptan que el Senado es muy factible su aprobación, pero la situación en Diputados es difícil, cuando ya se sabe que legisladores, aliados al oficialismo, estarían adoptando posiciones de rechazo. En síntesis el caso Vicentin está nuevamente en foja cero. Por fin y por último, será el juez Fabián Lorenzini quién deberá resolver el destino de la agroexportadora, más allá de las intimación recibidas del oficialismo.
Las presiones sobre Fabián Lorenzini, juez Civil y Comercial Nº2 de la ciudad de Reconquista, provocaron la reacción de La Federación Argentina de Magistratura y la Función Judicial, que nuclea a 15.000 jueces y funcionarios. En un comunicado señaló: “su solidaridad con el Juez interviniente, poniendo a su disposición lo necesario a fin de garantizar a la ciudadanía que el trámite y las resoluciones que deban adoptarse en el marco de dicho proceso concursal tengan como respaldo la aplicación de la ley, la Constitución Nacional y los Tratados Internacionales”.
Y también los magistrados recordaron que: “Constituye un principio básico del Estado de Derecho el respeto a la independencia judicial y el acatamiento de las resoluciones de los órganos judiciales, resultando contrario a ello que se ejerzan presiones desde el Poder Ejecutivo nacional sobre lo que debe decidir un magistrado en una causa en trámite”.
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