domingo 12 julio 2020

Entre Ríos. Bordet en emergencia económica busca plata en todos los bolsillos

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Paraná. El gobernador impulsa una ley de emergencia económica que debe aprobar la Legislatura, y pretende que sea promulgue en tres días. Las duras medidas que resultarán, si la ley se aprueba, involucra a trabajadores activos, jubilados provinciales, propietarios de campos de 1000ha en más, la comercialización de las droguerías y bancos. En la provincia se encendió la polémica, gremios, productores agrícolas, sectores financieros y dirigentes políticos de la oposición, rechazan el proyecto de Gustavo Bordet.

Entre Ríos puso sobre la mesa un debate que se expandirá por varias administraciones provinciales que ya se encuentran en estado de alerta. Existe plena conciencia que deben prepararse para afrontar la caída de sus ingresos a partir del desplome de la actividad económica, que trae como consecuencia la disminución de la coparticipación federal por la fuerte caída en la recaudación fiscal.

La posibilidad de financiarse en el mercado internacional prácticamente se ha evaporado, ya que depende de la aprobación y garantía del Estado Nacional, embarcado a su vez, en una larga negociación por el pago de la deuda externa, de final incierto; y un mercado financiero local demasiado pequeño para absorber las colocaciones de instrumentos de deuda que, a no dudar, se multiplicarán en el corto plazo.

Entre Ríos, que no escapa al escenario descripto, está acuciada por severas dificultades en sus recursos financieros para atender los gastos corrientes, garantizar derechos esenciales y asistir al sistema de salud en la pandemia. Esto llevó al mandatario provincial a proponer, a través de una ley, declarar la emergencia solidaria en materia económica, sanitaria, administrativa y previsional por un año, que involucrará al Poder Ejecutivo, entes descentralizados y poderes legislativo y judicial.

El proyecto de ley, que en principio deberá ser aprobado en la Cámara de Diputados, contempla un esfuerzo colectivo en base a quienes tienen mayor capacidad contributiva: las entidades financieras y bancarias cumplirían con una contribución especial, al igual que los propietarios de superficies rurales superiores a 1.000 hectáreas que, según el gobierno, representan el 3 por ciento de las partidas en toda la provincia. Es decir, que en palabras del oficialismo provincial, el 97 por ciento quedará exento de ese aporte extraordinario.

En relación a la venta mayorista de medicamentos (droguerías), se equiparan los tributos a los de las provincias de la Región Centro. En este sentido, Bordet expresó: «A las droguerías, Entre Ríos las tenía gravadas con el 1,6 por ciento, mientras que en el resto de las provincias tienen entre el 4 y 5 por ciento, y lo que se hizo fue fijar el 4 por ciento como Córdoba y Santa Fe».

El mayor ruido, del proyecto de Bordet, surgió en el ámbito de los trabajadores y jubilados. El gobernador busca recursos, en este sector, a través de un aumento progresivo de aportes de activos y pasivos a la Caja de Jubilaciones para contribuir a la sustentabilidad del sistema previsional. Ese incremento comprenderá sólo al 15 por ciento de los empleados y jubilados de los tres poderes del Estado, es decir, quienes perciben los haberes más altos. ,

El bolsillo de los trabajadores no quedó exento de la mano del gobernador que precisó: «en Entre Ríos cada trabajador activo aporta el 16 por ciento al sistema jubilatorio. El porcentaje más bajo en el país. A los que ganan menos de 75.000 pesos no tendrán ningún cambio. Los que ganan entre esa cifra y 100.000 pesos se incrementa ese aporte un 2 por ciento, es decir que de un 16 pasa a un 18 por ciento; los que ganan entre 100.000 pesos y 200.000 se incrementa 2 puntos más, pasa a tener que aportar un 20 por ciento; entre 200.000 y 300.000 pesos son 4 puntos, y más de 300.000 pesos son 6 puntos. Esto afecta sólo al 15 por ciento de los trabajadores».

Como era previsible, un ajuste draconiano como el que se plantea, provocó la inmediata reacción de los posibles afectados, empezando por los trabajadores del sector público, a quienes se pretende congelar los salarios por un año y simultáneamente aumentar los aportes de salarios mayores a $100.000, que pasarían a tener una alícuota del 20% y el 22% en los sueldos de más de $200.000.

El bolsillo de los jubilados también se verá afectado. En este caso aquellos cuyos haberes superen los $75.000 deberán efectuar un «aporte solidario extraordinario» con alícuotas crecientes que arrancan en el 4% y alcanzan al 10% para los haberes que superen los $300.000.

El gremio de los docentes Agmer, en un comunicado firmado por su Secretario General, Marcelo Pagani, fue el primero en hacer sonar el rechazo al proyecto del Ejecutivo provincial y advirtieron: «De ninguna manera vamos a permitir que en un contexto de profunda crisis económica, sanitaria y social como la que atravesamos, seamos los trabajadores y las trabajadoras, una vez más, quienes sostengamos sobre nuestras espaldas los costos altísimos de la presente emergencia».

Agmer también planteó: “Rechazamos el aumento de los aportes personales, repudiamos firmemente la actitud velada de modificar el 82 % móvil y demandamos a la Legislatura de la Provincia que se abstenga de aprobar cualquier medida que atente contra los derechos de los y las trabajadoras/es activos y jubilados”. Finalmente el comunicado enfatizó “Insistimos en la demanda de convocar de manera urgente a la discusión salarial, declaramos el estado de alerta frente a las intenciones del Ejecutivo Provincial”. Como era de esperar el pago de los aguinaldos se efectuará en varias cuotas.

Por su parte los propietarios rurales de más de mil hectáreas también estarán compelidos a un aporte extraordinario, equivalente al 10% del impuesto inmobiliario anual. El anuncio fue repudiado por la oposición y ya se evalúa la convocatoria a una movilización coordinada con los productores.

«Hacen aumentos a los campos de más de mil hectáreas sin tener en cuenta la productividad. Hay campos de más de mil hectáreas que están tapados por agua y campos de 500 hectáreas mucho más productivos” advirtió el senador provincial Francisco Morchio. (PRO- Juntos por el Cambio)y al respecto manifestó “Denota la desesperación por cobrar y la falta de conocimiento de los sectores productivos».

En apoyo de la medida del gobernador Gustavo Bordet, intendentes justicialista difundieron un comunicado que dice: “A nadie escapa que la intensidad y la duración de una crisis mundial, como la que nos toca atravesar, es determinante de la necesidad de contar con mayores recursos y a nosotros nos parece razonable que, en este contexto, aquellos que más ganan hagan un esfuerzo adicional para que todos los entrerrianos puedan sobrellevar la situación”.

Desde la oposición se expresaron diputados, senadores e intendentes de Cambiemos, quienes rechazaron de plano el proyecto de ley de “emergencia solidaria”. Caracterizaron a la iniciativa como “una ley express” que el Gobierno pretende que “se apruebe en tres días” y señalaron la situación económica crítica que desde hace una década atraviesa la provincia, recordaron y explicaron que “el endeudamiento y la retracción a niveles burlescos que hubo en la inversión pública” mientras se sostenía “un gasto público improductivo”.

“Hace 10 años que los indicadores señalan la necesidad de un programa de reforma profunda. Necesitamos discutir con precisión una nueva estructura del Estado, determinar claramente el enfoque del gasto público como política de Estado, hacer sustentable el sistema jubilatorio y redefinir los alcances de una planta política enorme y sin sentido”, concluyeron los representantes de Juntos por el Cambio.

La ley tendría vigencia hasta el 30 de junio del 2021, período en el cual regirá el estado de «emergencia» en materia económica, financiera, fiscal, sanitaria, administrativa, y previsional. Con el debate abierto a partir de este Proyecto de ley, Entre Ríos se convierte en una de las primeras provincias que expone las consecuencias económicas y sociales que irrumpirán de manera inexorable luego de la cuarentena en el resto del país, y de cuyo trámite y desenlace tomarán debida nota todos los factores de poder.
PR/CC/rp.

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