La administración Fernández ha dicho que la oferta formulada a los acreedores será la última, y que la fecha de vencimiento para su aceptación será el próximo 4 de agosto. La forma más sencilla de comprender la situación es que se logrará el acuerdo por consenso de los bonistas y se alcanza el 60% de aceptación para hacer la reestructuración compulsiva. Se duda que Argentina pueda seguir estirando la negociación, y la posibilidad del “default” amenaza con volver a escena.
Los datos, por ahora, que informó el ministro de Economía Martín Guzmán muestra que dos grandes grupos de inversores nucleados en Black Rock y el denominado Ad Hoc, no están conformes con la propuesta oficial y piden una mejora en 5/7 dólares, por encima de la oferta recibida. Si, en cambio han expresado su conformidad Bramercy Funds Managemente y Fintech Advisory Inc, y hay cierto optimismo en los mercados.
Pero clave está en conocer que representantes de los fondos son los que tienen en su poder la mayor cantidad de capital en bonos a fin de establecer la posibilidad de aplicar la Cláusula de Acción Colectiva, que fija que si se alcanza el umbral del 60% de aceptación, el acuerdo se convierte en obligatorio para todos los acreedores.
Mucho se avanzó desde, que en abril, se efectuará la primera propuesta por parte del gobierno de Alberto Fernández. En aquel momento la quita en la carga de intereses era de unos u$s 37.900M y la reducción del capital de u$s 3.600M, el alivio de los compromisos de Argentina llegaba a u$s 41.500M. Después de cuatro meses, de una desgastadora danza, ahora la oferta es: quita de intereses u$s 32.000M y de capital u$s 1.230M, alivio de la deuda para el país u$s 33.230M. En este lapso, de idas y vueltas, la administración Fernández terminó resignando u$s 8.000M a favor de los acreedores.
Para acercar posiciones, el ministro Guzmán, debió mantener las cláusulas de los bonos 2005, que más beneficia a los acreedores en caso de tener que recurrir a la justicia, y no modificar las reglas para los emitidos en 2016. En esta cuarta oferta el Gobierno buscó impulsar a una adhesión voluntaria de los bonistas, a los que les ofreció un valor presente neto de u$s 53.5 por cada plancha de u$s 100 mientras que a los que se deban adherir por la Cláusula de Acción Colectiva, si se llegara a aplicar, el valor sería de u$s 52,20.
También se puso sobre la mesa de discusión, o de oferta, en la que se discuten la reestructuración de pagos de bonos que llegan hasta 2046, la posibilidad que quienes adhieran voluntariamente a la reestructuración, se les reconocerán intereses hasta septiembre. Mientras para aquellos que deban entrar obligatoriamente solo los percibirán hasta el 22 de abril pasado.
Guzmán avanza con un plan, que en las últimas horas sorprendió a operadores del mercado financiero, ya que se tomó conocimiento que los compromisos iniciales que mostraban que debían pagarse u$s 48.000M hasta 2024, en vencimientos de capital e intereses, la ingeniería financiera que armó Guzmán, bajó esos pagos a u$s 4.900M. Un festejo para el presidente Alberto Fernández, que consumirá «Casi dos tercios del total del ahorro, sobre la deuda, que se concentran en los primeros cuatro años», justamente en el lapso de su mandato. Entre el 2024 y 2028 el problema será de quién sea inquilino de la Casa Rosada.
Mientras tanto Alberto Fernández, que aspira no ser el presidente del noveno “default” de la Argentina, confía en que los bancos que trabajan para el Gobierno (HSBC, Lazard, y Bank of America) tendrían tiempo hasta el 4 de agosto, fecha de vencimiento para la aceptación de la reestructuración, para poder sumar los apoyos necesarios entre los bonistas minoristas e incluso también dentro de los comités que son más reacios al acuerdo.
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