martes 21 septiembre 2021

El control se licúa cuando la oportunidad cae frente al oportunismo

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Mucho se ha discutido el cambio de modelo de control en Argentina. En la Nación y en muchas provincias se ha pasado en los ’90 del control previo al control posterior. Los Tribunales de Cuentas se convirtieron, a la usanza del método anglosajón, en Auditorías.

Los tribunales de cuenta tenían facultades jurisdiccionales, esto es de sanción y juzgamiento y ejercían un control de legalidad sobre la totalidad de los gastos del erario en forma previa a su desembolso. Las auditorías en cambio, carecen de aquellas facultades y realizan su fiscalización ex post, sobre muestras seleccionadas a partir de criterios que surgen del estado del arte que refiere a la materia a controlar, y descansan en el leal saber y entender y el rigor profesional de quien la ejerce.

En aquellas discusiones de los años 90 se manifestaba que esta sociedad no se encontraba preparada para tolerar el nuevo sistema que se entendía laxo para el tamaño de las irregularidades y grado de corrupción habitual en la gestión pública.

Cabe apuntar que aún con el poder sancionatorio, el antiguo sistema de control no dio como resultado la prevención o reparación de hechos que por su gravedad tramitaban en la Fiscalía Nacional de Investigaciones Administrativas. Este hecho se utilizó para desarticular las argumentaciones que sostenían que la administración pública sólo podía asegurar una correcta gestión con un control previo y total sobre cada gasto de la operatoria estatal.

Capítulo aparte merecería el análisis de la transición entre los dos modelos, que implicó no sólo el cambio de estructuras, sino el reacomodamiento de los trabajadores de los organismos del sistema, a las nuevas organizaciones y a su dinámica absolutamente disruptiva. Fundamentalmente abocarse a la construcción de una nueva cultura organizacional que pudiera acompasarse a una cultura y tejido social que no se habían modificado.

Las burocracias mutaron: las plantas de su personal se volvieron más politizadas y dependientes a su vez, del juego político. En este entramado, el disciplinamiento y las recompensas a la lealtad pasarían a ser valores dominantes en el desempeño de los burócratas. Y el oportunismo metió la cola tanto para la elección de las materias susceptibles de ser controladas, como para definir el momento de aprobación de los Dictámenes resultantes de los trabajos de auditoría ejecutados.

Siendo la oportunidad la variable aliada a la eficacia del control, su ausencia lo vuelve costoso e innecesario.

Un ejemplo que se vuelve necesario en estos tiempos: los medios de comunicación vienen divulgando el debate que se da desde el mes de junio entre oficialismo y oposición en torno a los gastos que demandó y sigue demandando la atención de la pandemia. Este debate se da en el seno de la Auditoría General de la Nación y en el ámbito de la Comisión Parlamentaria Mixta Revisora de Cuentas. Nota al margen: una vez más a los medios de comunicación les queda en el aire un análisis que podría haber sido más riguroso.

Para comenzar, es necesario recalcar que entre los principios fundamentales que rigen a las Entidades de Fiscalización Superior en el mundo, se encuentran el de la objetividad y la independencia. Estos suponen la no injerencia de intereses que distorsionen el sano ejercicio de control. Sin embargo el juego partidario una vez más viene a distorsionarlos. Y en este ejemplo, la distorsión se hace visible en la cuestión de la oportunidad del control de los gastos ocasionados por la pandemia.

Dicho sea de paso, ni oficialismo ni oposición discuten que estos gastos deban ser auditados, pero mientras que la oposición pretende auditarlos este año, el oficialismo considera que su análisis debe diferirse al próximo 2021. Oportunidad y oportunismo disputan este juego antagónico donde siempre pierde la democracia.

La ciudadanía está inmersa en un sinfín de inseguridades y por tanto se siente amenazada. No sólo en términos de seguridad sanitaria sino económica. En este contexto, con la merma y la supresión de ingresos de gran parte de la sociedad productiva, es justo repreguntarse sobre la administración de gastos públicos que podrían redirigirse hacia el sostén de los sectores que el sector estatal no debe ni puede desatender. Y es en este mismo contexto donde el dispendio del Estado se convierte en insulto a la democracia.

Resulta oportuno entonces, preguntarse si existen gastos excesivos que signifiquen menor capacidad de sostener a los perjudicados por esta larguísima cuarentena. ¿Porqué diferir este análisis que -realizado ahora- podría aportar a que la administración pudiera redireccionarse y el gasto redirigirse?

En lo que a la técnica concierne, la obligatoriedad que el marco legal impone a la labor de auditoría define que se realice ex post como opuesto a ex ante, pero no determina el momento en que después de realizado el gasto, se deba efectuar. Lo que abre otro interrogante de la misma naturaleza que el antes planteado. ¿Porqué diferir este análisis al momento en el cual este suceso, de naturaleza temporaria por sus propias características, deje de ser tal? (la pandemia, esperemos, no es un mal estructural).

Como en todo lo expresado, y adicionalmente, la pandemia deja claro que no pueden resolverse problemas extraordinarios con soluciones ordinarias. Se necesita de la humildad del funcionariado y del compromiso social de quienes- desde el vértice- ejercen la conducción de organizaciones públicas, para resignificar el valor del control público y reavivar el impulso hacia el objetivo que tenga en mira el interés colectivo.
P/CC/rp.

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