Por Eleonora Jaureguiberry
Según el diccionario, mecenas es aquella persona rica y poderosa que protege a los artistas y adquiere o promueve sus obras. Para el sentido común un mecenas es, detalles más o menos, lo mismo. En un país tan atravesado por la disputa ideológica quizás el primer malentendido con la ley de mecenazgo sea el nombre.
La ley de mecenazgo permite a personas y a empresas desviar una parte de los impuestos que tributan (en la ciudad de Buenos Aires y en las provincias, Ingresos Brutos, y a nivel nacional, Ganancias), a proyectos culturales previamente seleccionados por un comité de expertos e inscriptos en un registro público. Los mecenas en cuestión, entonces, no invierten su propio dinero sino que deciden adónde va una pequeña porción de los impuestos que pagan.
Desafiando al sentido común, los mecenas contemporáneos no son necesariamente ricos y poderosos (ya que participar está al alcance de cualquiera que tribute), y claramente no les está permitido utilizar el dinero público para adquirir obras para sí; pero sin ninguna duda la ley de mecenazgo tiene como objetivo promover el crecimiento de la actividad cultural, y los mecenas en cuestión son agentes relevantes en esa dinámica, ya que eligen qué proyecto acompañar. Interesante. Y curiosamente efectivo.
El caso más despampanante es el brasileño. La ley Rouanet data de 1991 y fue determinante para generar un círculo virtuoso de inversión y crecimiento que propició el progreso de espacios oficiales y la apertura de espacios privados, hizo crecer el empleo, desarrolló el mercado del arte, generó conocimiento, fortaleció la identidad, e imaginó productos que fueron grandes impulsores de la marca país.
Inspirado en este caso, el Congreso de la Nación hizo su intento. El presidente Eduardo Duhalde lo vetó. La Ley Brandoni, así llamada porque fue impulsada por el actor y entonces diputado, era de regular calidad, pero el argumento del fugaz presidente no fue ése sino el dinero. En medio de una crisis económica feroz, Hacienda habrá tenido pesadillas en las cuales sus siempre insuficientes ingresos se desvanecerían en el universo intangible de la cultura. El sueño de la razón genera monstruos.
La ciudad de Buenos Aires tiene su ley de mecenazgo desde el año 2006. Desde entonces el beneficio llegó a incontables espacios culturales, museos, editoriales, archivos, estudios de grabación, diseñadores de software, galerías, ferias y otros agentes culturales. Una recompensa a sumarse al desafío no sólo de ser aprobados por su calidad, sino el de someterse al ejercicio de encontrar un donante y seducirlo con un proyecto. Todo un aprendizaje.
La provincia de Chaco tiene ley propia, que resultó ser dinamizadora de la escena local. No es la única provincia con ley aprobada: la Legislatura de la provincia de Buenos Aires votó en 2016 la Ley Faroni, llamada así por su impulsor, el empresario teatral marplatense y entonces diputado provincial. La ley nunca se reglamentó; hoy duerme el sueño de los justos en algún cajón oficial.
Una gestora cultural con mucha experiencia en la materia lo sintetiza así: “Hacienda no entiende esta ley. La política tampoco. Les suena a que es una ley de evasión fiscal o que beneficia a la oligarquía”.
Explorar las razones por las que esto ocurre puede ser el principio del fin del malentendido. Sabemos que los distintos agentes que toman decisiones de políticas públicas no terminan de comprender de qué materia está hecha la actividad cultural ni dónde reside el valor de sus productos. Como mucho de esto se les antoja inclasificable, subsumen las actividades a categorías profesionales inespecíficas; de este modo, el impacto del sector en la actividad económica se invisibiliza.
Sin embargo, la ciudad de Buenos Aires calcula que el 10% de la actividad económica es generada por el sector cultural. Y la Cuenta Satélite de Cultura creada por el Ministerio de Cultura de la Nación midió en 2017, 10 actividades culturales y concluyó que el sector conformaba el 2,6 del PBI. A esto habría que agregarle la actividad informal, que algunos estiman en un 30%. En 2017 el sector energético significó el 2,1 % del PBI. Los números hablan.
La cultura y el desarrollo económico van de la mano. Lo saben bien los ingleses, que ya hicieron la cuenta. Hace algunos años y luego de proyecciones exhaustivas, tomaron la decisión de liberar la entrada a los museos nacionales. Habían calculado que el impacto de esta medida en el turismo iba a aumentar la recaudación de tal modo que podrían compensar lo que dejaban de percibir en entradas, y en el camino se iba a generar un círculo virtuoso de actividad económica no solo ligada de manera directa a la cultura. Fue exactamente lo que ocurrió.
La ley de mecenazgo se basa en el mismo principio, y en la idea de “sabiduría de la multitud”, esto es, en preferir que la acción social sea el resultado de la inteligencia colectiva a que esté subsumida a los márgenes de negociación de los grupos de presión para, por ejemplo, obtener subsidios. Es una mirada sofisticada sobre la política, y confiada en la madurez de los ciudadanos y en su capacidad de decidir.
Los artistas no viven del amor al arte ni en permanente estado de inspiración. La cultura no empieza ni se terminan en las bellas artes, ni es algo para ser consumido por una clase social en momentos de ocio. El campo de la cultura es el escenario de nuestras disputas y de nuestros encuentros, y sus empresas, sus industrias y sus tecnologías no sólo generan empleo e ingresos, sino sentido crítico, innovación en los lenguajes y capacidad de discernir. Quizás haya llegado el momento de hacer la cuenta.
Eleonora Jaureguiberry
Socióloga. Gestora Cultural
CC/NB/CC/rp.
