sábado 19 septiembre 2020

El factor humano en la institucionalidad pública

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Los organismos públicos de control tienen una misión que trasciende las voluntades individuales y colectivas de quienes los integran.

Existe un punto en el que coinciden los que saben de verdad con una fauna compuesta por cínicos, hipócritas, pesimistas, falsos influyentes y expertos de toda laya: no se trata de falta de voluntad para rendir cuentas sino que las cuentas se rinden en otro lado. La corrupción existe, su trama está oculta y el pueblo soberano no la escucha ni ve, aunque la padece. Y quienes la practican vigilan para que en la repartija no se cometan errores u olvidos.

Bajo este contexto, queda poco margen para discutir la necesidad de fortalecer a las instituciones, incluidas las que ejercen el control. Estas no sólo expresan al conjunto de reglas que las ordenan para alcanzar sus fines, sino también para que en su funcionamiento interno se sometan a idénticas normas de integridad y transparencia que sus controlados.

La complejidad de las organizaciones fue analizada desde tiempos inmemoriales, desde múltiples perspectivas y apelando a todo el conocimiento disponible. Y continúan creándose teorías superadoras que intentan dar respuesta a la problemática que atienden. Refieren al modo de organización y gestión, al desafío de su eficacia, a la construcción de indicadores de desempeño y de resultados, al comportamiento ético y al acceso a la información por parte de la sociedad.

Sin embargo, la brecha entre lo que la organización dice que es y debe hacer dista de lo que “habla” de ella y de lo que efectivamente hace. Aun cuando desde el punto de vista formal cumplan con sus misiones y funciones, los factores de tiempo y modo pueden conspirar contra su verdadera finalidad. La vida de las organizaciones se encuentra atravesada por el factor humano.

Los valores dominantes en la organización, la autopercepción dentro del sistema, las rutinas burocráticas y los incentivos materiales e inmateriales son los que finalmente modelan los vínculos de pertenencia, definen su identidad y le dan vida. Aunque con frecuencia puedan entrar en colisión con una nueva visión institucional, sanamente inspirada por la voluntad de cambio y sólidamente sostenida en proyectos de modernización.

¿Cómo se promueven los valores, en forma democrática o autoritaria? ¿Fluyen y se diseminan libremente? ¿Son homogéneos los valores de las personas entre los distintos niveles de la organización? ¿Difieren? ¿Se respeta o se castiga la diferencia de opinión? ¿Las lealtades, son personales, o partidarias? ¿Se prioriza la confianza personal, o la pertenencia gremial, o la adscripción partidaria, a los saberes técnicos? ¿Los premios y castigos existen y en tal caso, se administran con equidad? ¿Los premios son verdaderos incentivos? ¿Las sanciones se convierten en disuasivas? Estos, entre otros, son algunos indicadores del escenario donde la rueda del descontrol puede girar de acuerdo al tipo de respuesta.

Respetando las modas en boga, las instituciones se inundan de Códigos de Ética y de Conducta, que resultan casi un calco. Si bien desde los ámbitos rectores del sistema anticorrupción se impulsa la elaboración de estos Códigos, a partir de un proceso de participación interna que involucre a todos sus niveles escalafonarios, nada de esto resulta comprobable. En general se convoca a las elites dentro de las estructuras que con pocos “corte y pegue” redactan el repetitivo manual de buenas prácticas.

En el ámbito internacional que conforman las Entidades Fiscalizadoras Superiores se promueve el principio de integridad que alcanza en la práctica un grado de desarrollo interesante. Existen experiencias donde para el armado de tales Códigos, se adopta el requisito previo de difundir entre los trabajadores encuestas para identificar los principales riesgos de corrupción en la organización, cuantificando los hechos de los que se tuviera conocimiento. Poner blanco sobre negro, identificarlos y medirlos, es el punto de partida para combatirlos.

El problema estribaría en la capacidad y propensión de los organismos a autoevaluarse y criticarse, y por supuesto la vocación de reconocer y enmendar lo irregular. Resultaría pertinente, a la luz de teorías como la de la Dinámica de la Espiral, tomar cuenta de los atractores que organizan la vida humana y colectiva dentro del sistema institucional. Esta teoría los identifica y categoriza en orden expansivo desde la necesidad de supervivencia, pasando por el poder, el orden, la seguridad, los resultados, lo afiliativo y la integración hasta alcanzar el holístico en el que lo colectivo se vuelve predominante.

Esta semana los medios difundieron irregularidades en el pago del IFE. También que una vez más le fue negada al presidente de la AGN la posibilidad de controlar la administración y pago de estos subsidios. El argumento de tal negativa vuelve con el mismo sonsonete: la auditoría debe ser llevada a cabo ex post.

Si se revisa la Ley 24156 que regula el funcionamiento de esta organización se arriba a la conclusión que nada impide su realización:

ARTICULO 118.- En el marco del programa de acción anual de control externo que le fijen las comisiones señaladas en el artículo 116, la Auditoria General de la Nación, tendrá las siguientes funciones:
a) Fiscalizar el cumplimiento de las disposiciones legales y reglamentarias en relación con la utilización de los recursos del Estado, una vez dictados los actos correspondientes;
g) Realizar exámenes especiales de actos y contratos de significación económica, por si o por indicación de las Cámaras del Congreso o de la Comisión Parlamentaria Mixta Revisora de Cuentas.

Al respecto, debe señalarse que el inc. a) no se encontraría incumplido, ya que la auditoría que se pretende se realizaría sobre los pagos a los subsidios que ya se han efectivizado y los hallazgos de este control podrían colaborar con la mejora en los que continúan realizándose. Y, claro está, echaría luz sobre las causas de las irregularidades encontradas.

Por otra parte, tampoco entraría en contradicción con el inc. g) por cuanto no habría acto de mayor significación económica que este contrato con la sociedad, cuyo fin consiste en aliviar el estado de necesidad y urgencia de sus integrantes.

Los organismos públicos de control tienen una misión que trasciende las voluntades individuales y colectivas de quienes los integran. Que no se trata de contarse las costillas, en esto de controlar el gasto del mandatario. Se trata de ofrecer un tributo al fin último que reciben por mandato. Se llama rendir cuentas.
P/CC/rp.

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