Hace varios años, Oscar Oszlak escribió el imprescindible documento “Merecer la ciudad”. Duele pensar que la realidad que describe se mantiene. El texto desarrolla cómo, en un contexto favorable, la presión de la mirada dominante impuso en la agenda pública la creación de ghettos para la clase social más castigada. Los pobres no “merecían” la ciudad.
A la luz de los discursos pseudo progresistas, los indigentes ahora la merecen tanto que pueden vivir en las calles ocupando el espacio público, se les respeta su voluntad si ésta es vivir sin techo. No lo tienen y no eligen los paradores. Estos refugios, según sus testimonios, son una amenaza a la ínfima cuota de propiedad privada que portan, a veces ni sus zapatillas encuentran si se durmieron un rato. Además no son mixtos, y muchas familias prefieren no separarse.
Durante la pandemia, los pasajeros recién llegados de varios continentes eran alojados obligatoriamente y contra su voluntad en hoteles para realizar la cuarentena. Mientras tanto, personas sin techo, a las que no se les había hecho ningún test seguían habitando las veredas. Con el agravante de que podían ser enfermos de Covid asintomáticos y por tanto bombas humanas. ¿Se los tenía contados como posibles víctimas o portadores de contagios? ¿O simplemente eran un número mas?
Paulatinamente, los que arribaban por vía aérea fueron autorizados a hacer la cuarentena en sus casas. Y se dispuso que en los hoteles se alojaran a los enfermos de Covid de los barrios carenciados que requerían aislamiento, ya que en sus barrios- donde el hacinamiento es una constante- no estaban dadas las condiciones.
A la pobreza estructural se la intenta contener con medidas asistencialistas, presentadas como de emergencia para luego convertirse en permanentes. La sociedad se pregunta si los recursos que invierte a través del pago de sus impuestos van donde tienen que ir, es decir, a crear mejores condiciones de vida para la población en riesgo. También esta población vulnerable paga impuestos sobre cada alimento que compra, y en mayor proporción que los sectores de mayores ingresos.
¿El control sobre la gestión del Estado aborda la transversalidad de las
políticas públicas? Nadie discute la necesidad de asistir a los necesitados. Sin embargo, ¿qué grado de efectividad e impacto tienen, si es que los tienen, los programas que promueven el desarrollo de las capacidades y condiciones de vida de los sectores vulnerables?
Para muestra basta otro botón. El Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social (INAES), del área de Desarrollo Social, articula entre otros y junto a las provincias y municipios el sistema de cooperativismo de trabajo. Son muchos los estudios que dan cuenta de los problemas de arrastre en su implementación. Se ha puesto en evidencia que el crecimiento de matrículas no se correspondía con mayor número de personas ocupadas. Las complejidades burocráticas y requisitos administrativos desalentaban a los socios, que no tenían recursos ni conocimientos para afrontarlos y cumplirlos, por lo que sin darse de baja, las cooperativas creadas simplemente desaparecían. Los socios engrosaban las estadísticas que reportaban la mejora de las condiciones de trabajo, salud y nivel de pobreza, sin embargo sus condiciones de vida era iguales o peores que las que tenían antes de ingresar al sistema. Su frustración agregaba un intangible a la hora de medir los efectos de las expectativas vulneradas.
Varios documentos oficiales revelan que un porcentaje no deseable de cooperativas de trabajo se crearon y cobijaron bajo el ala del interés partidario, con el propósito de sumar nuevos punteros que garantizaban control territorial en barrios y ciudades.
En la misma línea, en la Ciudad de Buenos Aires, durante años se ha venido privatizando en las cooperativas de trabajo de Recicladores Urbanos la recolección del material reciclable, adjudicándoles zonas casi siempre a las mismas 10 cooperativas. Esto ocurre en detrimento de otras cooperativas que lograron consolidarse merced a los buenos vínculos que cultivaron con los vecinos.
Aún cuando se trata de una tercerización, los actos administrativos dictados por las áreas de gobierno competentes, aumentaban los sueldos de los trabajadores de las cooperativas por el efecto inflacionario, y otorgaban sumas adicionales para la ropa de trabajo. La incompatibilidad es manifiesta de parte del Estado: ¿Pagar sueldos a los socios cooperativistas? ¿Se trata entonces de disfrazar el salario de un trabajo no reconocido como tal? ¿Relación de empleo en negro? ¿Encubierta? ¿Se evita el pago de obras sociales, aportes jubilatorios, aguinaldos? ¿Es legal pagar sueldos a monotributistas sociales, como lo son los trabajadores asociados en cooperativas?
Las cooperativas tienen un número de socios mínimo para acceder a la matrícula que las habilita como tales. Sin acompañamiento y contención, este número inicial disminuye. Con frecuencia se aferran a esta posibilidad de trabajo muchas personas que pretenden, con todo derecho, segundas oportunidades, pero no cuentan con recursos suficientes para permanecer en el sistema. ¿Es el Estado eficiente en este acompañamiento psico-físico-social?
Desde la perspectiva del control de las cuentas y de las políticas públicas, estos pocos ejemplos justifican insistir con algunas preguntas que se repiten una y otra vez: ¿Estos datos importan al momento del diseño, implementación y seguimiento de las políticas públicas? ¿Cuánto le importan a los organismos de evaluación y al control? ¿Son datos que se subestiman porque no hay quien los reclame? ¿Qué dicen los estamentos del sistema de control argentino sobre esta cuestión? ¿Qué dicen o dijeron de las denuncias de las compras millonarias de algún municipio a proveedores inexistentes por cantidades insólitas de azúcar, yerba, etc. a precios exorbitantes?
Por ahora, parecería que la única respuesta a las incómodas preguntas de los ciudadanos contribuyentes es: “No, Sres, por el momento, no”
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