Se trata de la causa por la “cartelización de la obra pública”, que forma parte de la investigación por los “Cuadernos de Centeno”. La defensa de la vicepresidenta había apelado el procesamiento que ahora quedó confirmado por decisión de la Cámara Federal de Casación Penal, Sala III, a cargo de Liliana Catucchi, Eduardo Riggi y Guillermo Yacobucci.
Luego de un largo entrecruce procesal, la decisión de los magistrado de la Sala III coloca a Cristina Kirchner en una situación más comprometida judicialmente en un expediente que ya está elevado para el juicio al Tribunal Oral Federal 7, al confirmar su procesamiento en la causa por la “cartelización de la obra pública”, en donde se estableció que funcionarios del gobierno llevaron adelante entre 2003 y 2015 el montaje de un sistema de “recaudación de fondos para recabar dinero ilegal con el fin de enriquecerse ilícitamente” de la que participaron empresarios que pagaron coimas.
En éste entramado judicial la actual vicepresidenta quedó alcanzada por un fallo que dictó el 29 de octubre de 2019 la Sala I de la Cámara Federal, a cargo de los jueces Leopoldo Bruglia y Pablo Bertuzzi, que el Senado buscó desplazar, y que señala respecto CFK: “en cuanto la responsabiliza por 175 supuestos de cohecho pasivo, en calidad de coautora, todos ellos en concurso real” y se “atuvo a la prisión preventiva impuesta en la causa conexa 9.608/18”. «Además en esa resolución la Cámara Federal confirmó parcialmente “el embargo decretado a Cristina Elisabet Fernández cuyo monto redujo a 200 millones de pesos”.
También están procesados en ésta causa: el ex ministro de Planificación Julio De Vido y el ex secretario de Obras Públicas José López, el financista Ernesto Clarens y medio centenar de empresarios, entre los cuales figuran Ángelo Calcaterra (primo del presidente Mauricio Macri), Aldo Roggio, Carlos Wagner, Juan Chediack, Cristóbal López, Fabián De Sousa y Gerardo Ferreyra. Estos hombres de negocios procesados por el juez Claudio Bonadio confesaron como arrepentidos haberse beneficiado del sistema de cartelización por el cual se fraguaban las licitaciones y se pagaban coimas.
Las pruebas recogidas en la investigación judicial confirman que Carlos Wagner, quien fue detenido al comienzo de la causa de los cuadernos, pidió un acuerdo con los fiscales Carlos Stornelli y Carlos Rívolo para confesar que había organizado la cartelización de la obra pública durante el kirchnerismo. Desde su rol como presidente de la Cámara Argentina de la Construcción (CAC), explicó cómo armó un sistema para pagar coimas por las obras públicas que no eran sometidas a procesos de licitación sino que las propias empresas decidían los ganadores de los millonarios contratos. Involucró en ese esquema de negocios oscuros al ex ministro de Planificación Julio De Vido, quien negó la acusación.
En la nómina de los arrepentidos que suministraron pruebas entró el financista Ernesto Clarens, quién confesó que cobró dinero en pesos, lo pasó a dólares y lo entregó a Daniel Muñoz, el fallecido secretario privado de Néstor Kirchner. Clarens -citado a indagatoria- también entregó planillas que -según dijo- le dieron en la Dirección Nacional de Vialidad y en las que constaban los ganadores de cada licitación y los porcentajes que cada empresa debía pagar de coimas.
También el hombre de los bolsones con dólares dejados en un convento en Lujan, José López, ex secretario de Obras Públicas durante los 12 años de gobierno kirchnerista, confesó haber participado de la maniobra y aseguró que le explicó en enero de 2011 la situación a la entonces presidente Cristina Kirchner. Más tarde, volvió a declarar vinculando a los empresarios.
En esta causa la vicepresidenta Cristina Kirchner en su declaración manifestó: que se daban las mismas irregularidades de la “causa de las fotocopias”, en donde “no se realizó sorteo alguno para designar al juez que debía entender en el caso y el expediente se formó con copias de las supuestas confesiones de algunos arrepentidos, a la cual se agregaron, para juntar papeles, impresiones de actos de gobierno e informes irrelevantes referidos a más de cien empresas contratistas del Estado”.
Para CFK en esta causa: “Todo se resume a mi supuesto carácter de jefe de tal imaginaria asociación ilícita, de la que no existe por cierto evidencia alguna”, y añadió: “En estas condiciones, como ya lo advertí, desarrollar el derecho de defensa en juicio resulta imposible, debiendo limitarme naturalmente a señalar que se trata de una nueva imputación calumniosa en mi contra”.
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