En la Casa Rosada no podían comprender la decisión unánime de la Corte Suprema de Justicia de aceptar el “per saltum” pedido por los jueces Leopoldo Bruglia, Pablo Bertuzzi y Germán Castelli, a fin de evitar su remoción dispuesta por el Senado Nacional.
La coalición gobernante encabezada por Alberto Fernández y Cristina Kirchner sufrió, con la acordada de la Corte, un significativo revés jurídico y político. Los cuestionados magistrados cuyo traslado aguardaba la vicepresidenta quedaron suspendidos. El Consejo de la Magistratura también fue notificado que tiene prohibido el nombramiento de los reemplazos de Bruglia, Bertuzzi y Castelli, hasta que se defina la cuestión de fondo.
Nadie en la administración Fernández esperaba esta decisión de la Corte, y más aún cuando la aceptación del “per saltum” fue admitida por unanimidad, si bien cuatro jueces Ricardo Lorenzetti, Horacio Rosatti, Juan Carlos Maqueda y Elena Highton firmaron el mismo dictamen, el presidente del tribunal Carlos Rosenkrant firmó, en soledad, el propio en el que puso énfasis en señalar que es un tema de “gravedad institucional por que está en juego la independencia del Poder Judicial.
Resulta difícil comprender que el presidente de la Nación, Alberto Fernández, abogado penalista, docente en la Universidad de Buenos Aires, no haya evaluado que este era el resultado posible del reclamo de los magistrados que apartó el Senado.
También cuesta admitir que la vicepresidenta Cristina Kirchner, abogada, no consideró cuando impulsó al bloque oficialista, en el Senado, a aprobar en soledad el desplazamiento de los jueces, sin tomar en cuenta que se podía enfrentar a un resultado adverso del máximo tribunal de justicia de la Nación, y que ahora se está frente no solo de un problema judicial, sino también político, con riesgo de desembocar en un conflicto de poderes, que derive en una crisis institucional.
Lorenzetti, Rosatti, Maqueda y Highton, señalaron en su voto en común por la aceptación del per saltum, que: “el planteo constitucional ventilado en estas actuaciones excede el mero interés de las partes en el presente proceso y atañe al de la comunidad, desde que está en juego la interpretación constitucional de los traslados de los jueces federales”.
En otro tramo del escrito destacaron “el recurso concierne de modo directo a los procedimientos constitucionales que regulan la integración de los tribunales, que -conforme ha señalado esta Corte- han sido inspirados en móviles superiores de elevada política institucional, con el objeto de impedir el predominio de intereses subalternos sobre el interés supremo de la justicia y de la ley”.
Llama la atención la línea en la que cuatro miembros de la Corte advierten: “con el objeto de impedir el predominio de intereses subalternos sobre el interés supremo de la justicia y de la ley”. Definición ésta en la que algunos constitucionalistas presumen que hay una sutil señal de cuál podría ser la resolución del tema de fondo sobre los tres magistrado, que la vicepresidenta Cristina Kirchner pretende que sean desplazados de los juzgados en los que ella tiene varias causas abiertas
Por su parte el presidente de la Corte Suprema, Carlos Rosenkrantz, escribió: “La cuestión a decidir no se reduce únicamente a si un determinado traslado de jueces resulta constitucionalmente válido o no. Si así fuera, sería muy dudoso que se justificase la intervención de esta Corte saltando las instancias normales de decisión”, pero resaltó: “es una causa en la que podría estar en juego la inamovilidad de los jueces nacionales, es decir, el derecho a permanecer en sus empleos mientras dure su buena conducta”.
Rosenkrantz en su voto también afirmó: “Es inocultable entonces que el caso reviste una gravedad institucional inusitada, pues en su decisión se encuentra comprometida una institución básica del sistema republicano, cual es, la independencia del Poder Judicial que el artículo 110 de la Constitución Nacional busca asegurar no solo en favor de los magistrados sino, fundamentalmente, en beneficio de la totalidad de los habitantes de la Nación”.
El texto del titular del máximo tribunal del país tiene un fuerte llamado de atención y señala: “La decisión del caso excede notoriamente el interés de las partes y se proyecta no solamente sobre el interés de todo el universo de jueces que han sido trasladados hasta la fecha, sino sobre el interés general en preservar el sistema republicano de gobierno” y agrega: “resulta indudable que la intervención inmediata de esta Corte es el único remedio eficaz para evitar tanto el daño individual sobre los derechos de los actores como, principalmente, el daño a las instituciones de la República. Si, como se denuncia, estuviéramos en presencia de acciones de poderes públicos llevadas a cabo en contra de la Constitución, su prolongación en el tiempo causará una lesión en los derechos individuales de los jueces afectados cuya completa reparación futura, de no intervenirse prontamente, resulta -por lo menos- incierta”.
Durante todo este martes, hubo absoluto silencio por parte del Gobierno, solo pudo percibirse que había sorpresa e incluso desconcierto ante la decisión unánime de la Corte de aceptar el per saltum, y menos que surgiera la calificación de que existe extrema gravedad institucional. En la administración Fernández se suponía que habría primero una definición en la Cámara en lo Contencioso Administrativo, en la que este martes fue rápidamente designada una tercera jueza, la Dra. Clara Do Pico, para definir el empate producido por el voto del Camarista Jorge Alemany a favor Bruglia, Bertuzzi y Castelli, mientras Guillermo Treacy, lo hizo respaldando los planteos del Gobierno.
Desde el oficialismo solo se escuchó la voz del diputado, Eduardo Valdés, del Frente de Todos, que dijo a C5N:»Me sorprende (el fallo). La presión mediática derivada en esas movilizaciones ha logrado esto. Pero me parece que el resultado va a ser no aceptar (el reclamo de los jueces) y van a tener que volver al juzgado original», fue el vaticinio de Valdés, que pidió que el máximo tribunal «se expida lo antes posible y no sea una cosa in eternum».
Desde la oposición, Lilita Carrió en su cuenta de las redes sociales escribió: «¡Ay! La República está muy, muy feliz. ¡Gracias a Dios!». El presidente de la Unión Cívica Radical (UCR), Alfredo Cornejo, sostuvo que “la decisión de la Corte da un respiro democrático a nuestras instituciones” y “sienta un precedente importante sobre la independencia de poderes”, la presidenta del PRO, Patricia Bullrich, afirmó: “la decisión del per saltum genera certezas en tanto la Corte Suprema dio garantías en el 2018 sobre los traslados y vuelve a darlos ahora, y por lo tanto sigue su línea de acción, son acciones coherentes con sus mismas acordadas”.
Destacados constitucionalista dieron respaldo a la decisión de Corte Suprema, y el Dr. Sabsay afirmó: “Me parece una decisión muy importante que marca un antes y un después en un proceso que ya tiene largos meses y que no se limita a este tema en particular sino a muchos otros en los cuales la Vicepresidenta en su desesperación por encontrar la impunidad no ha dejado intersticio sin llenarlo con decisiones contrarias a derecho que implican amenazas, extorsiones, modificaciones en la composición de juicios por jurados, la revisión del traslado de jueces”.
Por su parte el profesor Dr. Roberto Gargarella expresó: “aunque la decisión de fondo no se ha tomado aún, este solo paso representa una grata sorpresa, y un alivio porque, en efecto, casos como el que se encuentra bajo análisis son de una gravedad institucional inusitada.” y añadió: “la seriedad de la situación es indudable, cuando -por razones personales y no públicas- el Gobierno está poniendo en cuestión todo el sistema de nuestras reglas de juego: cómo tomar decisiones y celebrar sesiones legislativas durante la emergencia; cómo pensar y repensar la coparticipación; cómo nombrar y remover jueces”.
El primer movimiento está concretado, el caso de los jueces Bruglia, Bertuzzi y Castelli deberá ser resuelto por la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Una rápida mirada advierte que se está caminado por el filo de la cornisa, y que un movimiento en falso puede significar una caída con extremas consecuencias para la República. Los vientos que soplaran en los próximos días serán huracanados, en su interior se oculta el indeseable grito de “que se vayan todos”. La situación revista tal seriedad que toda la clase política debe ser consciente de los riesgos que corre la Nación.
P/BN/vfn/rp.
