lunes 20 septiembre 2021

Cuaderno de opiniones: “Estado y pobreza: la necesidad de un pacto”

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Por Eduardo Amadeo

Ya hay suficiente evidencia acerca del drama social que enfrentará la sociedad argentina en los próximos años. A un inédito nivel de pobreza, se suma la certidumbre de un lento proceso de recuperación de la economía que golpeará al empleo. Cálculos de organismos internacionales dicen que los niños con desnutrición severa y graves problemas de acceso a programas de salud se duplicarán en el mundo; un dato que sin duda afectará a la Argentina donde más del 60% de los chicos ya son pobres.

Recorrer esos impactos puede parecer un ejercicio de auto flagelación, pero es necesario hacerlo para tomar conciencia del desafío humanitario que tenemos por delante y que debemos afrontar.

El mayor desempleo implicará un aumento sensible de la demanda al sistema público de salud; así como una menor existencia de programas preventivos. Las dificultades financieras del Estado afectarán a numerosos programas focalizados, que son esenciales para la construcción del futuro de niños y jóvenes, tanto los nutricionales cuanto la prevención del embarazo adolescente.

El golpe que ha sufrido la educación durante esta larga cuarentena será difícil de recuperar y pondrá especial presión sobre el sistema público, que verá además aumentada su demanda. De no recuperarse las capacidades perdidas, el impacto sobre la empleabilidad de los jóvenes puede ser definitivo. Con un Estado fiscalmente herido, la capacidad para aumentar la cobertura de vivienda será mucho más limitada y generará adicionales carencias a la calidad del hábitat popular.

Obviamente, esta lista podría ser mucho más amplia y detallada; pero su objetivo es concientizar no solo sobre la enorme responsabilidad que deberá afrontar el Estado, sino también que ella excede largamente el tema de las transferencias de ingresos que están en el centro de la discusión sobre lo social. Es cierto que un ingreso mínimo es muchas veces condición de supervivencia; pero también es cierto que, si no se consideran todos los demás problemas, el impacto sobre la vida puede ser irreversible.

Pero también hay que preguntarse si, más allá del impacto fiscal, un Estado que no puede cumplir con tareas básicas como sumar fallecidos o testear masivamente, estará en condiciones de afrontar y resolver estos dramas. Obviamente no podrá hacerlo con programas mágicos o confiando en la militancia política, tal como lo proponen quienes pretenden sustituir al Estado y decidir el futuro de millones de personas.

Reducir y revertir el daño social exige cambios culturales y políticos muy importantes.

Ante todo, modificar los criterios de asignación de los recursos, poniendo énfasis en aspectos técnicos que aseguren impacto y capacidad de seguimiento. Los recursos serán escasos y esa escasez deberá compensarse con eficiencia. Para ello existen tecnologías probadas, tales como identificar precisamente a los beneficiarios de transferencias; descentralizar los programas hacia los municipios y capacitar a sus efectores; y establecer claras reglas de presupuestación y evaluación de impacto. La descentralización hacia los municipios será vital por una elemental razón: la cercanía exige más eficiencia.

Otro cambio esencial se refiere a la cultura y obligaciones de los servidores públicos, quienes tienen el privilegio de su estabilidad y deberían multiplicar su esfuerzo a favor de los más pobres.

Este cambio en defensa de los más pobres debería alcanzar también a la legislación laboral sin cuya modificación no habrá – definitivamente- aumento sensible en el empleo que ayude a las personas marginadas a mejorar su situación. No hay duda que este sistema rígido, concebido contra el empleador, reduce la generación de empleo de la economía. Quienes proclaman tener sensibilidad social deberían considerar que es injusto priorizar a quienes están dentro del sistema sobre quienes están fuera, en especial cuando estos no tienen otro capital que su trabajo.

Ante la expansión del hambre deberá confiarse en programas que actúen en todos los niveles, desde la provisión segura de nutrientes para los niños hasta las huertas que optimicen la alimentación familiar. Para ello hay en nuestra sociedad una enorme reserva de energía social que puede colaborar en esta gesta; y que merece recibir apoyo para optimizar su trabajo cotidiano con nuevas y mejores herramientas. Para ello, existen numerosas Facultades de Trabajo Social que deberían involucrarse.

Como dijimos, el sistema de salud recibirá una enorme demanda. Deberíamos preguntarnos, siempre con sentido solidario, si no es razonable repensar toda la estructura en sus múltiples componentes de modo de reducir el costo fiscal, optimizar los servicios y delimitar responsabilidades.

Todas estas transformaciones encontrarán resistencias políticas. Hay quienes piensan que la sola idea de eficiencia en lo social tiene sabor «neoliberal» y por ello es inaceptable. Pero está clarísimo que, sin estas reformas, el impacto de una crisis que tomará 10 años remontar será insoportable para millones de nuestros hermanos.

Nuestro sistema político proclama regularmente la necesidad de acuerdos diversos. La desgracia humanitaria que enfrentamos es una oportunidad para avanzar en los que busquen reducir este drama. Ello se podría lograr a través de 5 compromisos sociales y parlamentarios con la participación de las provincias: un pacto por los niños; un acuerdo educativo; una nueva estructura integral del sistema de salud y una ley de evaluación obligatoria de impacto de los programas sociales y una reforma laboral que facilite el ingreso al sistema laboral formal de los excluidos.

¿No es posible lograr un «Pacto por la niñez» en el que todos los actores institucionales y sociales acuerden acciones (y responsabilidades) concretas, sostenidas por instrumentos legislativos con control regular del Congreso? Probablemente ello requiera cambios inéditos en la responsabilidad de Nación, provincias y municipios con intensos programas de capacitación de funcionarios; pero la vida amenazada de miles de niños debería quebrar las resistencias políticas y burocráticas.

En lo educativo, deberían discutirse nuevas tecnologías; ampliar la oferta y poner metas concretas a todos los actores, incluyendo obviamente a los docentes, con una perspectiva centrada en los niños.

En el campo de salud, abrir una discusión profunda sobre las responsabilidades de los actores -público, privado, social- así como las provincias y producir las reformas que aseguren cobertura y calidad.

Y es también imprescindible una fuerte reforma laboral hecha pensando en la necesidad de incorporar a los más pobres al sistema, en lugar de solo defender a quienes están dentro.

Finalmente- pero no menos importante- una ley que establezca estrictos criterios de presupuestación y evaluación de impacto de los programas sociales para que los funcionarios deban rendir adecuada cuenta de los fondos asignados con ese fin.

Estas reformas requerirán cambios en las responsabilidades concretas de la Nación y las provincias para asegurar cercanía y eficiencia. Si lo lográsemos, habríamos producido un cambio histórico, y la dirigencia política demostraría en los hechos su sensibilidad social; dejando de lado para siempre los privilegios burocráticos o sectoriales; las ineficiencias, el pensamiento mágico y demás vicios que han consolidado una pobreza que se reproduce entre generaciones. Es hora de actuar en serio.
Eduardo Amadeo
P/BN/CC/rp.


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