jueves 28 marzo 2024

Cuaderno de opiniones: Educación “Un semáforo con tres luces celestes”

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Por Adolfo Stubrin

Octubre de 2020 ya ha transcurrido, la prohibición nacional del dictado de clases presenciales fue levantada pero, no obstante, la actividad escolar situada no comienza.

Algunos optimistas pudieron imaginar que los semáforos establecidos tres semanas atrás les darían a las autoridades tres luces celestes, como en la balada de Ferrer y Piazzolla. Lejos de eso, encabezadas por la CABA, son pocas las provincias que hicieron efectivo el regreso gradual a las aulas y, por otro lado, un grupo nutrido es el que sigue instrumentando la peste como un candado para las escuelas.

La gran pregunta es si esa cautela es auténtica o afectada. Hay quienes sostienen que atenazados por la cuarentena eterna, las presiones corporativas de docentes y administrativos y su propia molicie varios gobiernos provinciales no arrancan porque en realidad son impotentes para hacerlo.

El 5 de octubre la Provincia de Buenos Aires aprobó un pomposo “programa de trayectorias y revinculación” (Res. 2020-2819) para el acompañamiento de 280.000 estudiantes con bajo o nulo contacto con los establecimientos. Está justificado en una resolución del Consejo Federal del mes de julio y se trata de becas para docentes suplentes y estudiantes de profesorado que quieran atender a seis alumnos cada uno fuera de la escuela.

No haga el cálculo, estimado lector, porque su resultado es inverosímil y resulta en una pirueta política grotesca.

El 2 de noviembre, el gobernador Kicillof se sinceró felicitando al Ministro Trotta por su negativa a lo que llamó “la presencialidad prematura”, un eufemismo para mantener el bloqueo y erigir el riesgo cero como un dogma que mucho me temo seguirán esgrimiendo frente al ciclo lectivo 2021.

Entre tanto, el sector privado quiere empezar clases presenciales, los establecimientos que no sucumbieron están aprestados pero, en Provincia de Buenos Aires, así como en Santa Fe, entre otras, no se lo permiten.

El semáforo parece haber sido un cuento chino porque ciudades con mejores condiciones son criticadas por el gobernador Kicillof como malvadas e ignorantes ya que presionan para empezar clases en sus escuelas públicas cuándo según él, no se puede (Télam 202011/53).

Entre tanto, grupos de familias con algunos recursos se asocian para contratar maestros particulares que pongan a sus hijos a salvo de la ignorancia verdadera y también del encierro. Contraponer salud y educación es una suprema tontería frente a la cual amplios sectores se rebelan día tras día (v.g. Familias por la educación).

Pasará un tiempo antes de que se pueda evaluar la diligencia o la negligencia con que las autoridades subieron la barrera hacia las instituciones educacionales. Sin dudas, el 2019 será el año de base sobre el cual apreciar el bache que la pandemia ha infringido a los aprendizajes de niños y jóvenes.

La cuarentena fue, sin dudas, un trauma para los sistemas escolares, falta establecer de qué magnitud. De los traumas se sale con resiliencia que es la aptitud para proyectar hacia adelante. Para eso hay que saber analizar con franqueza el punto de partida. De allí la gran importancia de la divulgación de los resultados del Operativo Aprender 2019. Un informe que debimos conocer en marzo pero que se publicó recién en setiembre. Con tardanza, el actual gobierno reconoce ese nexo con el precedente, cosa de la que casi siempre reniega.

La prueba estandarizada se tomó en el último año de la secundaria con aspiración censal. Los resultados son sugestivamente dispares en Lengua y Matemáticas. El desconsuelo pitagórico reside en que apenas el 29 % de quienes rindieron alcanzaron resultados aceptables; en contraste con el consuelo cervantino: casi el 62 % de los chicos lo lograron. Al margen de la inconsistencia entre ambos datos que interpela al grupo técnico que elabora ambos testeos, lo cierto es que los efectos de polarización social ya se ven alarmantes: entre las familias de recursos altos, la deficiencia en lengua es de 9 % y en matemática se eleva al 24 %; mientras que para los jóvenes de familias más humildes, los valores trepan a 33 % en lenguas y a 64 % en matemáticas, esto es más del triple y casi el triple del primer grupo, respectivamente.

El análisis preliminar tiene que profundizarse un poco más: solo 3 de cada 10 inscriptos terminó en 2019 sus estudios en tiempo. Los otros siete están retrasados o abandonaron, en un país que desde 2006 resolvió con su ley N° 26.206 hacer obligatorio su nivel secundario. Más aún, no todos los estudiantes se presentan a la prueba. Eso hace que en 2019 rindieran 473.000 alumnos, tras un esfuerzo logístico enorme pero el total de nacimientos cada año es de 750.000. Eso significa que con toda probabilidad la friolera de otros 277.000 jóvenes deban sumarse al caudal de incompetentes lingüísticos.

Si usted tenía cierta tranquilidad con el guarismo de quienes aprobaron piense que, en realidad es la tercera parte de la población de esa edad. Pero, agárrese, en matemática hemos formado bien a entre uno y dos jóvenes de cada diez, aproximadamente.

Ya que en 2020 no tendremos pruebas equivalentes, el 2021 tiene que emprenderse bajo supuestos realistas. Al mismo tiempo se tiene que entender que la recuperación económica del país, su reactivación y crecimiento requieren el soporte de las escuelas. Basta de discutir entre el huevo o la gallina. Si la población joven no mejora sus conocimientos y su preparación no encontrará un papel importante como fuerza de trabajo.

La Argentina es una nación joven. Hagamos la comparación con cualquier país europeo. Allá los viejos son mayoría y los jóvenes más los inmigrantes hacen un esfuerzo creciente por solventar sus pensiones. Acá tenemos una relación demográfica favorable que nos acompañara por una década o más. Pero, nuestro problema es que la mayoría de nuestros jóvenes no están bien calificados para labores productivas modernas.

Si nuestros estratos de menores ingresos tienen más hijos que nuestras clases medias, la responsabilidad del Estado es nivelar por medio de la salud y la educación. Esa es la ruta crítica para evitar la fractura de la sociedad. Por ese cisma se cuelan todos nuestros padecimientos. La jerga de los últimos años presenta este gran objetivo bajo el nombre de inclusión, es decir el deber de incorporar a los excluidos. Pero, según creo la injusticia social ha aumentado en la Argentina por la pérdida de integración social de toda su población. La integración es un atributo de las sociedades nacionales que descansó en instituciones eficaces para compartir experiencias y tender lazos interculturales entre las personas de los más diversos orígenes y costumbres, evitando compartimientos estancos, guetos o segregaciones físicas o morales.

La escuela pública fue hacedora, junto con otras instituciones, de la proeza argentina de los viejos buenos tiempos, un país con grados de convivencia y paz social que cumplía la promesa de la convivencia entre afluentes culturales diferentes. Unificó el lenguaje, impulsó la movilidad social, trató con equivalencia a las más diversas clases sociales. No propongo mitificar ese pasado porque distó en mucho de la perfección, solo pido que no lo olvidemos porque aquella producción común de oportunidades sociales no se ha borrado del todo de la memoria colectiva. Aún con los cambios acelerados e imprevisibles que se viven hoy, las instituciones cohesivas de la sociedad, con las escuelas a la vanguardia, siguen siendo la llave del futuro. Su retroceso, el abandono de su rol central de ilustración y formación moral deben revertirse por medio de una prioridad política.

Así debe ser porque las escuelas públicas según las pruebas Aprender alcanzan resultados inferiores a sus pares privadas. Eso se debe en parte a que muchas familias de clase media protagonizaron, por razones aspiracionales y por defensa propia ante la conflictividad gremial, lo que da en llamarse la fuga de las escuelas públicas. La composición pluriclasista que fue típica en mejores tiempos de nuestros establecimientos primarios y secundarios ha mermado mucho. Sin embargo, el diferencial de rendimiento entre los subsectores se debe también a que muchos docentes han perdido la fe en enseñar y los más bisoños cuentan con menos instrumentos para hacerlo con la calidad necesaria. Pero la ausencia de tales condiciones se enmascara tras la idea de que los niños sumergidos en la pobreza no aprenden por razones socioeconómicas.

Ni que hablar que el informe de la prueba Enseñar realizada en 2018 en todos los profesorados del país hizo sonar también la alarma sobre el nivel de formación de los profesores. Por lo tanto, una ofensiva por la educación popular será clave para enjugar los déficits en que nuestro sistema educacional está sumido.

Es de esperar que las mediciones de aprendizajes en el sistema escolar no se discontinúen. Otras evaluaciones más amplias podrán ofrecer un diagnóstico más preciso para guiar ese curso civilizatorio que hace falta. Las legiones de “acompañantes” hacen apenas la caricatura de esa idea. Sólo las escuelas y los colegios en marcha, sin pretextos, podrán asumir con la vocación tradicional y un sentido estratégico nuevo la misión que coloque al conocimiento y al mérito intelectual de vuelta en el centro del escenario cultural del país.

Aclarar estos equívocos será crucial durante 2021. Los lineamientos curriculares oficiales deben ser enseñados a pleno en las escuelas de todas las provincias, empezando por las oficiales. Desde luego que el desafío pedagógico, curricular y didáctico será mayúsculo, comenzando por la alfabetización completa y oportuna de toda la cohorte en el segundo grado de la primaria. Si las autoridades cobraran conciencia de que los aprendizajes insatisfactorios son el síntoma de una grave crisis de gobernabilidad de la educación argentina, no estará todo perdido.


Soy consciente de que este mensaje esperanzador no condice con diversas señales, entre ellas el fiasco relativo del semáforo del Consejo Federal. Sin embargo, con una pizca de utopía, prefiero sentirme libre de imaginar, como el loco de la balada, un semáforo con tres luces celestes.
Adolfo Stubrin – Santa Fe, 3 de noviembre de 2020
P/BN/CC/rp.

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