En un proceso de ajuste de cuentas del Estado el ministro de Economía, Martín Guzmán, dijo a C5N: “Hoy no es el momento de un IFE 4” y agregó “hay que mantener ciertos equilibrios para también proteger a la actividad”. También se resolvió restringir el otorgamiento de la Asistencia para el Trabajo y la Producción (ATP), que solo se otorgará a “sectores críticos”. La CGT ante estas medidas, junto al nuevo índice de ajuste para las jubilaciones, solicitó audiencia con el jefe de Estado y dejó trascender que si no tienen respuestas no descartan ningún accionar.
La las medidas restrictivas, a ser adoptadas, fueron analizadas en una reunión técnica en la que estuvieron presentes, el ministro de Producción, Matías Kulfas, la viceministra de Economías, Cecilia Todesca y la titular de la AFIP, Mercedes Marcó del Pont. Fuentes vinculadas a Economía deslizaron que “el pago de una cuota de IFE es equivalente al presupuesto de Vialidad Nacional” y que al ser asignado a uno 9 millones de beneficiarios, el bono de $ 10.000, cada cuota representa un costo $ 90.000 millones para el ANSES.
Respecto al ATP, se restringió su aplicación para el pago del “salario complementario”, que comenzó ayer para los salarios de octubre. Será sólo para “sectores críticos” con facturación interanual negativa. En principio, el ATP seguirá hasta diciembre para los de turismo, gastronomía y espectáculos, mientras que las demás actividades, si es que ingresen al ATP, podrán pedir el crédito subsidiado y pagadero en 12 cuotas.
Sobre los escritorios de los funcionarios de Economías, pesan los datos fiscales. El déficit primario acumulado hasta setiembre representa el 4,81% del PIB, y si se agrega la deuda (déficit financiero), se eleva al 6,4%. Solo como una referencia, la Consultora Ledesma, señaló que para la misma época del año pasado el déficit fiscal representaba el 2,39%, mientras el déficit primario era levemente superavitario. Datos que los asesores de Martín Guzmán tienen presente en momentos que negocian con el FMI.
Por su parte en la CGT, donde en la última reunión de su consejo directivo se escucharon duras críticas contra el Gobierno, aparecieron amenazas de realizar protestas si no se atienden sus demandas. En la lista de los gremialistas, se anotan la preocupación por el recorte de la ayuda económica durante la pandemia, la nueva fórmula de movilidad jubilatoria y la advertencia de que las obras sociales no pueden pagar las vacunas contra el COVID-19 y que su costo debe financiarlo el Tesoro Nacional.
Hasta ahora el pedido de audiencia con el presidente Fernández no ha tenido respuesta. Andrés Rodríguez, secretario adjunto de la CGT, en declaraciones públicas, se encargó de manifestar el estado de ánimo de la Central de los Trabajadores y dijo: “Hay una pérdida importante del poder adquisitivo. Hubiésemos querido que el Gobierno nos convoque. Es una decisión unilateral y vemos con preocupación que se estén anunciando ajustes en elementos como el IFE, el ATP y lo previsional. Estas cuestiones deben discutirse en una mesa”.
Para no romper lanzas, después de las críticas a la administración Fernández que sobrevolaron la última reunión de la CGT, un sindicalista se apuró a remarcar “todos apoyamos al Gobierno y no hay ánimo de ruptura”. Pero quedó en el aire lo advertido por otros, “si no hay respuesta, no descartamos nada”.
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