jueves 26 noviembre 2020

Cuaderno de opiniones: “Deben ser los gorilas, deben ser…

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Por Adolfo Stubrin

Quien mejor caracterizó el problema del fanatismo en los jóvenes fue Karl Mannheim, uno de los sociólogos más importantes del siglo XX. En su obra “Diagnóstico de nuestro tiempo” de 1944 explica que para las sociedades democráticas es un peligro que los adolescentes sean colonizados por las prédicas maniqueas de la propaganda reaccionaria. Los mensajes autoritarios son cautivantes en su simpleza y generan un cepo mental del que es difícil escapar. Desde luego, el escenario predilecto para esa operación es el sistema educacional, con más razón en tiempos de crisis. La moraleja es que las reformas de sociedades democráticas requerirá una pedagogía profesional, basada en la ilustración y los valores morales de la libertad y la igualdad. Aunque nuestro personaje muere en 1947, sus lecciones se asocian desde entonces al empleo del conocimiento en los estados de bienestar, afianzados en la posguerra.

En el otro extremo, el término “gorila” fue resultado de una frivolidad: en 1955, cuando un golpe militar con apoyo civil derroca al Presidente Perón, un programa satírico de radio dirigido por el cómico Delfor puso de moda una pegajosa canción con la muletilla “deben ser los gorilas, deben ser…”. Los partidarios de la autodenominada Revolución Libertadora quedaron bautizados desde entonces con ese mote. El uso peronista de la figura dura hasta el presente y sirve para apostrofar como enemigos del pueblo a los adversarios políticos y sociales. Es curioso pero durante las presidencias del propio Perón los políticos opositores eran descalificados como “contras” o “contreras”, con los cuales se anticipaba la persecución y el ninguneo de quienes no se sujetaban al dogma unanimista de aquel justicialismo original. El aparato entero del estado fue alineado por dos vías: una impostada doctrina nacional y el culto a la personalidad del líder.

El control ideológico sobre el sistema educacional fue tan grosero que los textos escolares, vistos con el transcurso de las décadas, podrían verse apenas como viñetas risueñas de un pasado mítico, el pecado venial de un movimiento en sustancia benéfico para el pueblo llano. Pero, cuidado, la maña totalitaria no debiera perdonarse porque en todo régimen constitucional la libertad y el pluralismo son esenciales en tanto que los atropellos políticos y culturales son deletéreos. También, porque la tendencia a vestirse con el manto de la totalidad nacional sigue siendo visceral en amplios sectores del peronismo; la erección de verdades estatales con las que bombardear la conciencia de las personas vulnerables en lo material o en lo espiritual. En ese marco el audio texto “El gorila gorilón” es nefasto. Se trata de un contenido para la enseñanza primaria entrerriana introducido por la maquinaria oficial el mes pasado, en medio de la pandemia.

La vergonzosa maniobra parece contrarrestada porque frente a la reacción de la oposición el Consejo de Educación de la Provincia resolvió retirar la falsa fábula de circulación y separar a la responsable política del papelón. Pero, la cuestión de la instrumentación partidista de contenidos y materiales escolares no está solucionada, todo lo contrario. Siguen vigentes estrategias más sutiles de penetración en las aulas que resultan más difíciles de denunciar y despejar, entre ellas las gacetillas que se distribuyeron en los hogares durante la pandemia. Por detrás de esos intentos gravita algún integrismo, entendido como una “concepción totalitaria de la verdad”. Sus operadores se sienten autorizados a todo porque dicen estar en lo cierto más allá de cualquier debate. La censura y la condena sobre sus contrincantes la basan con frecuencia en visiones conspirativas de la historia y de la realidad.

El kirchnerismo es una fase de la trayectoria peronista que puede describirse de varias maneras. Una de ellas es que se trata de una nueva piel con la que el viejo movimiento corporativo se reconfigura como un gran aparato electoral en el cual se hibridan las corrientes que en los setentas lo dividieron de manera cruenta. Los últimos meses de Perón en la Presidencia estuvieron signados por la violencia desatada entre la ortodoxia y la tendencia revolucionaria. Hoy, ambas vertientes conviven en el pacto que gobierna de nuevo a la Argentina. La subsistente cúpula guerrillera dio el presente el pasado 7 de setiembre para celebrar con 750 firmas el cincuentenario de su fundación. Claro que entre las ejecuciones de entonces y la solicitada de ahora hay un campo de distancia. Pero, tan persistente es su matriz operativa que varios excomandantes de la guerrilla actúan como instigadores de las ocupaciones de tierra en el conurbano y la Patagonia.

En esos ejercicios pueden detectarse las huellas del integrismo violento de los setentas, sin efluvios de sangre pero con una lógica invariable. Primero, la acción directa, el facto saltando sobre el orden legal; segundo, la propaganda, el aprovechamiento simbólico de cada golpe de mano como heroicidad a imitar; y, tercero, la provocación, hacer que el enemigo elegido reaccione con todo su poder para agudizar las contradicciones y retroalimentar el sentimiento de encrucijada con que se dirime un todo o nada. A propósito del peso específico de la propaganda es sencillo entender por qué los medios de comunicación y los sistemas educacionales son para estas visiones sus colinas estratégicas. Si un Presidente quisiera manejar el país en la normalidad institucional debería sentirse libre de las presiones de este tipo. No es el caso de Alberto Fernández, metido en el desfiladero entre una crisis homérica y el incesante fuego amigo.

Por ejemplo, los dilemas sobre la regularización de las clases presenciales en el marco de la pandemia siguen enredando y paralizando la decisión política. Cuando es ya mundial la conciencia del grave daño que produce a la generación joven y al futuro del país la parálisis escolar, la Argentina no atina a enderezar el rumbo. El muestrario de esfuerzos de reapertura exhibe, sobre la finalización del ciclo lectivo, una minoría de jurisdicciones con decisión clara y una mayoría dirigida por autoridades que dudan y otras que, sin ambages, sostienen que no moverán un dedo antes que llegue la vacuna. Se destacó la Ciudad de Buenos Aires, con un sistema escolar que logró implementar un cronograma de retorno a clases y de evaluación de aprendizajes que da respuesta a la inquietud de muchas familias y al clamor de la opinión pública. No obstante, un ruido inesperado está afectando en las últimas horas la gestión porteña.


La Ministra Soledad Acuña el pasado 8 de noviembre participó de un zoom en el ámbito de su partido político. Hizo allí ásperas declaraciones tal vez con la expectativa de que no trascenderían en los medios convencionales. Lo lamentable es que esas posturas podrían desmerecer el desempeño del sistema educacional a su cargo y alterar el delicado equilibrio con que los actores comprometidos con la enseñanza vuelcan su aporte para dar vida cotidiana a los establecimientos. Con aparente impotencia, Acuña solicita allí que los padres hagan denuncias contra el uso partidista de las clases, porque ese sería el único medio para que su ministerio pueda identificar y sumariar a los infractores. A la vez, sostiene que hay una tendencia irrefrenable a que la función docente sea copada por militantes de fuerzas no del todo democráticas. Como si esto fuera poco, caracteriza negativamente a quienes se inician en las carreras docentes.

El sistema educacional es demasiado crucial para el país y para su pueblo. De su buen funcionamiento dependen ya mismo y más adelante muchos bienes sociales: los conocimientos y destrezas de sus trabajadores; la conciencia cívica de su ciudadanía; la creatividad de su cultura; la paz y la integración entre los más diversos grupos; la conciencia nacional a lo largo y lo ancho de su vasto territorio. De allí que es importante conversar sobre los dichos de Acuña, más allá de su estado de ánimo y del carácter reservado con que los formuló. Los detalles estadísticos sobre los matriculados en las carreras docentes son datos tangenciales al verdadero problema: hay o no hay suficientes vocaciones dispuestas a cursar esas carreras con cuyos egresados se llenarán las vacantes de los próximos tiempos. Nuestras noticias es que las inscripciones son suficientes. Por lo tanto, el problema es qué calidad de formación se les proporciona. El informe de la prueba estandarizada “Enseñar” tomada en 2018 es desfavorable, el nivel de conocimientos demostrado por los aspirantes es deficiente.

Allí sí la responsabilidad es de las autoridades de todas las provincias de las que dependen los institutos (y de las universidades) para asegurar tanto el currículo como los equipos docentes y el equipamiento acordes con las exigencias actuales. En teoría el INFOD (Instituto Nacional de Formación Docente) debiera coadyuvar para proveer las condiciones de calidad que aseguren un buen nivel de formación. De todas maneras, que los inscriptos provengan de un sector social o de otro, tengan un promedio de edad más bajo o más alto no es determinante para los resultados de una carrera de educación superior de cuatro años, durante cuyo transcurso una gestión eficiente puede alcanzar la calidad esperada. Con respecto a la militancia política en el ámbito docente corresponde hacer algunas precisiones. El contenido y la práctica política en la educación superior es también formativa al lado de los contenidos curriculares; por eso son indispensables los centros de estudiantes y la representación estudiantil en los colegiados de conducción.

La militancia, entendida con rectitud, no dificulta alcanzar el perfil profesional que se requiere. Sí, es cierto, que en condiciones en que la militancia y los discursos simplificadores sustituyen los atributos docentes específicos, el resultado puede ser empobrecedor. Los partidos políticos y los sindicatos pueden aspirar a que los futuros profesores actúen en sus filas pero tienen que garantizar que su desempeño se ajuste a las reglas del arte de la profesión. De lo contario esas entidades incurren en una falta ética imperdonable. Más aún, como Karl Mannheim nos lo advirtiera hace tantos años, si las prédicas integristas estuvieran flotando en el ambiente. La propaganda política y el currículo escolar, cabe subrayarlo, son tan incompatibles como el agua y el aceite. En todo el país hay, en la CABA también, planteles competentes para guiar la formación docente, aunque la política pública tiene hacia ellos una asignatura pendiente.

Tal vez el aspecto más infortunado de los dichos de Acuña resida en su llamado a que los padres denuncien a los docentes militantes. Un padre pudo, en efecto, haber protestado contra el video “El gorila gorilón” y hubiera contribuido a subsanar una situación indeseada, ya que las propias autoridades pecaron de pasividad. Pero, las prédicas abusivas en las clases podrían ser no solo difíciles de detectar sino genuinamente opinables. Es simplista pensar que una denuncia y un sumario pueden deslindar todas las situaciones que puedan presentarse. La profesionalidad docente debe ser enseñada, conducida y supervisada con idoneidad, pluralismo teórico y libertad académica. En ese clima, el militante desaforado es un aprovechado que se desenmascara sólo porque con toda probabilidad descuida los contenidos que debe impartir y desentona con sus compañeros y con la comunidad. Así debería ser.
Adolfo Stubrin Santa Fe, 17 de noviembre de 2020
P/BN/CC/rp.





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