El oficialismo impuso su mayoría en un plenario de las comisiones de Asuntos Constitucionales y Presupuesto, y en un trámite exprés aprobó el dictamen sobre el proyecto, con media sanción del Senado, que propone reducirle más fondos a la ciudad de Buenos Aires, una iniciativa que la oposición interpretó como una clara presión de la Casa Rosada sobre el jefe de gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta (Pro).
Juntos por el Cambio, advirtió que tema estaba siendo tratado sin los análisis correspondiente, reclamó la presencia de ministros nacionales para abordar la iniciativa con más tiempo; el presidente de la Comisión de Asuntos Constitucionales, el kirchnerista Pablo González, rechazó de plano los planteos, apurado por emitir dictamen antes del fin del período de las sesiones ordinarias, el 30 de este mes.
El dictamen aprobatorio salió solo con la firma de los legisladores “K”, pero existen dudas sobre el destino que tendrá en su tratamiento en el recinto. La ausencia en el plenario de los diputados del interbloque Federal, claves para definir la votación, y la declaración pública de su máximo referente Roberto Lavagna, que se manifestó en contra del “impuesto a la riqueza”, abren dudas sobre la posición que adoptará esa bancada. «Atenta contra el federalismo creando un antecedente peligroso: esta ley le abre la puerta al gobierno al sacarle recursos a cualquier provincia» se deslizó desde el interbloque Federal.
La poda de fondos a CABA que cuenta con media sanción del Senado, fija en $24.500 millones anuales el monto por el traspaso de la policía a la ciudad de Buenos Aires, un monto menor a lo que recibía la gestión porteña. Esta cifra, según la iniciativa, se actualizará de acuerdo con un índice compuesto en un 80% por el índice nominal del salario promedio de la Policía Federal y en un 20% por el índice de precios al consumidor (IPC), correspondientes al año precedente.
Los recursos, una vez que se sancione la ley, serían financiados directamente por la ley de presupuesto y no por la coparticipación federal, que, en esta línea, se vería reducida al 1,4%, tal como rigió de 2003 a 2015.
La quita de recursos a la administración Rodríguez Larreta comenzó con el decreto 735/2020 de Fernández que fue publicado en el Boletín Oficial le redujo a la Capital Federal alrededor de 30 mil millones de pesos anuales, que desde 2018 integraban el presupuesto porteño, para entregárselos a la provincia de Buenos Aires y así hacer frente al reclamo salarial de la policía bonaerense a principios de septiembre.
Según el artículo 1 de aquella determinación presidencial “la participación que le corresponde a dicha jurisdicción por aplicación del artículo 8° de la Ley N° 23.548 y sus modificaciones, se fija en un coeficiente equivalente al dos coma treinta y dos por ciento (2,32%) sobre el monto total recaudado por los gravámenes establecidos en el artículo 2° de la citada ley”. Es decir que, si bien el Presidente habló de “un punto de coparticipación”, exactamente le quitó el 1,18 por ciento, dado que CABA contaba hasta ese momento con el 3,5.
Por cierto la decisión del oficialismo de apurar el dictamen se toma en un contexto de un deterioro en la relación entre el Gobierno y Rodríguez Larreta, quien hace dos meses presentó una medida cautelar ante la Corte Suprema para que deje sin efecto el decreto presidencial 735, y ante las versiones de que el máximo tribunal estaría por expedirse sobre la cuestión.
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