Con 42 votos a favor del bloque del Frente de Todos, y 27 en contra de la oposición liderada por Juntos por el Cambio, el proyecto que impulsa el Gobierno pasó ahora a la Cámara de Diputados, donde se presume que su tratamiento será complicado.
La permanencia del actual procurador general interino Eduardo Casal entró en dudas, como también se ignora cuál será la posición del juez federal Daniel Rafecas que condicionó la posible aceptación a ser Procurador, impulsada por el presidente Fernández, a que fuera nombrado con la legislación que ahora se pretenden cambiar.
Entre las modificaciones aprobadas, surge que en caso que el cargo de Procurador quede vacante, tal como es la situación actual con el interinato del Dr. Eduardo Casal, la Comisión Bicameral Permanente de Seguimiento y Control del Ministerio Público de la Nación podrá designar a un Procurador momentáneo entre todos los fiscales hasta que se designe al titular. La permanencia de Casal, en caso de aprobarse el proyecto en Diputados y convertirse en Ley, entró en crisis.
El partido político que controle la Cámara Alta con simple mayoría podrá nombrar el Procurado a su exclusivo criterio y no surgirá de un consenso político que le asegure independencia al jefe de los fiscales. El nuevo Procurador, tendrá mandato por cinco años con la posibilidad de un nuevo nombramiento consecutivo del mismo período y se estableció que la designación no puede ser en un año de elecciones presidenciales.
Entre los cambios introducidos para apartarlo, más allá de los cuestionamientos que pudieran surgir, a la oposición le resultará prácticamente imposible hacerlo, ya que resulta difícil que cuente con los dos tercios requeridos. Es decir la política pesará sobre la figura del Procurador General de la Nación, jefe de los fiscales nacionales y federales, y en el que se hace el juicio político a los fiscales.
El dictamen aprobado también tiene algunos cambios respecto del que salió hace una semana de la Comisión de Justicia. El más importante de todos es que se mantienen los dos tercios de los votos para destituir a un fiscal por presunto mal desempeño de sus funciones. El de comisión establecía una mayoría simple de cuatro votos. Ahora continúan cinco sobre los siete integrantes del Jurado.
También hubo cambios sobre las acusaciones contra el Procurador por mal desempeño. El juicio político solo lo puede iniciar el Poder Ejecutivo o un integrante de la Cámara de Diputados. Se hace ante esa Cámara, que para aprobarlo necesita mayoría simple de votos. Hoy se requiere los dos tercios de los votos. Si se aprueba, el juicio político pasa al Senado. El proyecto agrega que el Senado puede suspender en sus funciones al Procurador mientras se hace el juicio. Eso se aprueba con mayoría simple de votos.
La iniciativa que ahora pasará a Diputados también modifica el sistema de juzgamiento a los fiscales inferiores. Mantiene el número de siete integrantes para el Tribunal de Enjuiciamiento pero modifica su integración. Actualmente es de un representante del Poder Ejecutivo, uno del Senado, uno de las universidades nacionales, dos abogados y dos fiscales.
El proyecto con media sanción pasa a un representante del Poder Ejecutivo, tres de la Comisión Bicameral (dos de la mayoría y uno de la minoría), uno de las universidades nacionales, un abogado y un fiscal. Y sus mandatos se reducen de tres a dos años. Así, los representantes de la política se multiplican de dos a cuatro, de los cuales tres son del oficialismo. Se mantiene el requisito de dos tercios de los votos del Tribunal -cinco- para destituir a un fiscal.
El presidente del Tribunal tendrá un poder especial. El proyecto le da la facultad de convocar al Tribunal para un juicio -y ya no al Procurador General-, desempata en las decisiones divididas y solo ocupará ese cargo uno de los integrantes de la Comisión Bicameral que será elegido por la mayoría. Por lo que siempre será un legislador del oficialismo. Así la elección de presidente del Tribunal ya no será por sorteo ni se rotará cada seis meses como ocurre ahora. Además, la iniciativa dice que el Tribunal podrá sesionar con la mayoría de sus miembros y no con la obligatoriedad de la totalidad.
P/BN/IB/gr/rp.
Reforma de la ley del Ministerio Público Fiscal, fue aprobada por los senadores oficialistas
