Por Alejandra Lordén
Todavía no pasaron dos semanas desde que un control policial le impidió a la familia Jiménez entrar a Santiago del Estero para regresar a su casa ubicada en la localidad de Termas de Río Hondo, luego de que Abigail fuera atendida de urgencia en la provincia de Tucumán a raíz de una recaída por el cáncer que padece hace años. Pero sucedieron tantas cosas en los últimos días que no quiero dejar pasar la oportunidad de reflexionar sobre este caso que conmovió a todo el país.
La situación aberrante a la que sometieron a una niña convaleciente de 12 años, y que obligó a su papá a cargarla en brazos para volver a su hogar, condensa muchas otras cosas que pasaron en estos meses de pandemia.
Me refiero al abuso de autoridad, a la falta de empatía, a la mala praxis policial y a la postergación injustificable de decisiones gubernamentales que venimos reclamando hace meses (entre ellas la revisión de los controles en los límites provinciales que han impedido a padres e hijos llegar a despedir a sus seres queridos).
Nada de esto es nuevo. Mientras seguimos hablando de la nueva normalidad, la realidad indica que el 2020 nos está acostumbrando a un estado de anormalidad absoluta y no por las restricciones de circulación y los cuidados sanitarios, sino por la indiferencia y el maltrato estatal para con la ciudadanía.
La repercusión de la imagen del papá caminando con su hija en brazos obligó a un gobernador como Zamora —poco afecto a la transparencia y a dar explicaciones— a pedir disculpas a la familia, luego que desde su propio gabinete minimizaran lo ocurrido. La presión ejercida desde las redes también es una marca distintiva de esta cuarentena; los nuevos medios son un espacio válido para expresar solidaridad e incitar a las autoridades a dar la cara.
Abigail regresó hace algunas horas a su provincia, luego de que los estudios que le realizaron en el Hospital Austral de Pilar confirmaran que el avance del cáncer que sufre (llamado “Sarcoma de Ewing”, una rara e infrecuente enfermedad que afecta a 3 personas por millón de habitantes cada año) no deja margen para tratamientos curativos. El gobierno de Santiago del Estero tiene la obligación institucional y ética de garantizarle a la familia todo lo necesario para que transite esta etapa de la mejor manera posible.
La indignación colectiva que provoca un Estado rápido para prohibir, restringir y castigar, pero ineficiente para prestar servicios mínimos, no puede tapar una realidad cruda: la falta de formación de los agentes estatales sobre los derechos de los niños, niñas y adolescentes. En este sentido, presenté en la Legislatura de la Provincia de Buenos Aires junto al diputado Maximiliano Abad un proyecto de ley que prevé la capacitación integral de los miembros de los tres poderes del Estado en torno a esta temática.
Tenemos la responsabilidad de transformar la angustia que nos genera este presente gris en iniciativas concretas que nos abran un futuro cercano más alentador. Hay que cortar de raíz con las circunstancias que permitieron semejante destrato a una familia que simplemente necesitaba comprensión y humanidad.
Alejandra Lordén
Diputada provincial PBA
Vicepresidente UCR Nacional
P/BN/CC/rp.
