La Sociedad Argentina de Pediatría (SAP) considera «que la vuelta a las escuelas en la modalidad presencial es imprescindible». El gobierno porteño reafirmó que el 17 de febrero vuelven los chicos a las escuelas con 4 horas diarias, por día 5 días a la semana. Los gremios alineados a sectores de la izquierda política o al Frente de Todos, rechazaron la decisión a la que calificaron de “criminal” fundados en que no advierten resguardos sanitarios suficientes.
Hasta ahora todo indica que el comienzo de las clases será conflictivo. Esto ocurrirá tanto en la educación pública como la privada. El plan expuesto por el jefe porteño Rodríguez Larreta, incorporó dos semanas al calendario escolar, con el fin de recuperar contenidos, y el regreso será escalonado.
El 17 de febrero lo iniciarán cuatro grupos de estudiantes: los chicos de los jardines maternales, el nivel inicial, primer ciclo de primaria (primer, segundo y tercer grado) y primer ciclo de secundaria (primer y segundo año). A partir, del 22 de febrero se sumará el resto de los alumnos de la primaria y una semana después, el 1 de marzo, será el turno de todo el nivel secundario.
De ese modo, se terminan las burbujas que funcionaron desde octubre del año pasado, de grupos reducidos de un máximo de nueve alumnos y el mismo docente al aire libre. “Ahora la burbuja va a ser el aula independientemente de cómo se utilicen los espacios. O sea, el curso puede tener 30 chicos que por distanciamiento no entren en el aula, que la mitad trabaje en la biblioteca y después estén todos juntos para una clase de educación física. En caso de un positivo, se va a aislar a todo el aula”, precisaron en la presentación del Plan.
La reacción de los sindicatos docentes fue encabezada por Ademys, uno de los gremios que más confronta con el gobierno porteño. Calificó el regreso a clases presenciales de un “plan criminal”. Su titular Jorge Adaro lanzó: “Están delegando de forma inconsulta la responsabilidad a los directores de las escuelas. Son irresponsables y se lavan las manos. No tienen un plan serio para presentar”.
Adaro, en declaraciones a El Destape Radio, del ultraK Roberto Navarro, advirtió: “Es una política criminal para los pibes y para todos los que intervenimos en la escuela pública”, y concluyó: “Vamos a reunirnos en asambleas desde el 8 de febrero para decidir lo que vamos a hacer. No descartamos tomar medidas de fuerza”.
Por su parte la secretaria general de UTE, Angélica Graciano, resaltó la “contradicción” de los anuncios, ya que “dicen que la prioridad es la educación, mientras que en diciembre se bajó el presupuesto educativo un punto más”, y puntualizó que en el plan “Primero la escuela”, no se consideró la vacunación de los docentes, es un “tema silenciado” afirmó.
Además, cuestionó una vez más la falta de computadoras en las escuelas porteñas y que, en materia de transporte la prioridad se fije para los docentes y alumnos. En declaraciones a C5N expresó: “Estos anuncios quieren producir un enfrentamiento con la sociedad, y esto no va suceder. Nuestras compañeras hoy no están organizando las escuelas, recién vuelven el 8 de febrero”, sostuvo.
Las resistencias también se anidan en la educación privada. Alejandra López, dirigente del Sindicato Argentinos de Docentes Privados (SADOP) calificó como “campaña de marketing político” la presentación encabezada por Horacio Rodríguez Larreta, ya que fueron anunciadas medidas que no habían sido contempladas en las mesas de trabajo con los funcionarios del ministerio de Educación porteño, y exigió que se garantice la vacunación de los maestros. La secretaria general de Sadop Capital fue enfática con el malestar que provoca el anuncio. “La presencialidad en las escuelas solo es posible en condiciones epidemiológicas seguras”.
No se ponen en duda la necesidad de la protección sanitaria para los docentes, pero los dirigentes gremiales, parecen no tomar en cuenta las observaciones del documento de la Sociedad Argentina de Pediatría que en sus primeros párrafos advierte: “Es indiscutible que la escuela es fundamental para el desarrollo y el bienestar de los niños, niñas y adolescentes, no sólo para la adquisición de conocimientos sino también para el fortalecimiento de aspectos emocionales y sociales, el cuidado de aspectos nutricionales, de la salud y la realización de la actividad física.
La escuela es también un sitio seguro para los niños, niñas y adolescentes mientras sus padres trabajan, contribuyendo así a la actividad económica de la sociedad y es claramente una herramienta de equidad social indispensable particularmente para los grupos sociales más vulnerables.
El cierre de las escuelas en el contexto de la pandemia debe reconocerse como un factor que marcó claramente disparidades sociales. En nuestro medio muchos adolescentes son incapaces de completar su tarea escolar por falta de dispositivos o de conectividad, lo cual hace que los modelos de aprendizaje virtual resulten de difícil implementación, dando lugar a la aparición de una brecha tecnológica entre niñas, niños y adolescentes muy difíciles de resolver.
Para hacer frente a estas desigualdades, es necesario que las autoridades asignen recursos y diseñen estrategias dirigidas a garantizar un acceso equitativo a la educación para todos los niños, niñas y adolescentes del país.
Los niños, niñas y adolescentes con discapacidades también se ven claramente desfavorecidos con el cierre de las escuelas ya que es allí donde se les brinda en forma integral las necesidades de aprendizaje, estimulación, rehabilitación y socialización que ellos requieren.
Los datos publicados hasta ahora no señalan de manera contundente que los niños con
inmunocompromiso desarrollen con más frecuencia cuadros graves por COVID 19 ni que la población pediátrica sea el gran transmisor de la infección viral.”. El documento completo se encuentra en: https://www.sap.org.ar/uploads/archivos/general/files_documento-conjunto-escuelas-covid_1602694567.pdf
En este escenario, sin dejar de lado la preservación de la salud, de alumnos y docentes, debiera considerarse seriamente que está en juego el futuro del país. Datos científicos, afirman que el año perdido de conocimientos será de un daño irrecuperable para una gran parte de niños, niñas y jóvenes. Que muchos de ellos han salido de la educación a la que difícilmente regresaran, que tendrán enormes dificultades para conseguir trabajo, no solo en el futuro sino ya en el presente, donde la necesidad de conocimientos es cada vez más exigente en un mundo en que la tecnología avanza con mayor velocidad.
La responsabilidad de los dirigentes gremiales de los docentes es enorme. Requiere en principio dejar de lado posiciones políticas, para asumir la enorme responsabilidad que tiene un “maestro” en la conformación de quienes deberán conducir a la Argentina en el futuro.
Deben tener en cuenta, que la mayor parte de los argentinos hoy desarrolla tareas de riesgo, como quienes conforman la estructura sanitaria, la de seguridad, el transporte, el comercio, la industria, para solo enumerara algunos casos, que trabajan cotidianamente bajo condiciones de riesgo.
Será necesario, en consecuencia, que los dirigentes de los docentes comprendan que más allá de su función sindical, o de confrontaciones partidarias, tienen que asumir en este momento, atravesado por una pandemia que conmueve al mundo entero, que en sus manos está el destino niños, niñas y jóvenes, que hoy se ve amenazado por ciertos comportamientos de intereses políticos, alejados de la educación.
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