Por Gabriel Hernández
En las épocas ya lejanas de cuando los rebeldes del P.J. se reunieron en el Congreso de Río Hondo, en febrero de 1985, para oficializar el Peronismo Renovador, en abierto desafío a la ortodoxia partidaria de Lorenzo Miguel y Herminio Iglesias, a quienes llamaban los Mariscales de la Derrota por haber perdido las elecciones contra Alfonsín, esta “divisoria de aguas” produjo notorios realineamientos en cada provincia, según se anotaran los dirigentes del Justicialismo en uno u otro sector.
En Formosa, donde el P.J. era gobierno, fueron prácticos: dentro de la provincia actuaban como ortodoxos y verticalistas, pero “cruzando el río Bermejo”, cuando viajaban a Buenos Aires, cambiaban el discurso adoptando un aire renovador y democrático, más adecuado a los nuevos tiempos que corrían en la Argentina alfonsinista.
Esa estrategia de acomodar el discurso según convenga en el orden nacional, pero manteniendo el Orden vertical en casa con “tolerancia cero” a cualquiera que pretendiese asomar siquiera un dedo fuera del plato, se convirtió en la regla de oro del Justicialismo formoseño, y fue adoptada como política de Estado por Gildo Insfrán desde 1995 en adelante, en particular a partir del surgimiento del Kirchnerismo, del cual el gobernador formoseño se erigió en aliado incondicional durante la Década Ganada.
Pero este alineamiento nacional generó ruidos, sobre todo por las veleidades progresistas de cierta dirigencia K, que en Buenos Aires bajaba línea pro-indigenista y anti-militar, cuando en Formosa a los aborígenes siempre se los “metió en caja”, si es necesario a balazo limpio, y se exalta la memoria de los Regimientos de Línea, enseñando en las escuelas que en Fortín Yunká se produjo el último malón, pasando a degüello la guarnición militar del fortín y sus familias.
Lo que el Ministerio de Educación de Gildo Insfrán no enseña a los alumnos formoseños es que en represalia al ataque a Fortín Yunká, se desató una feroz represión y fueron fusilados una gran cantidad de indios pilagá que no habían tenido nada que ver con el malón.
Tampoco forma parte de los libros de texto escolares de la provincia la masacre de Rincón Bomba, ocurrida durante la primera presidencia de Juan Domingo Perón, cuando la Gendarmería usó ametralladoras contra indefensas familias de pilagás que se habían reunido en las afueras de Las Lomitas, y tuvo su bautismo de sangre la Fuerza Aérea Argentina, participando un avión artillado, que ametralló sin descanso a los aborígenes –hombres, mujeres y niños- que huían desesperados por el monte.
De esos cientos de víctimas inocentes jamás se ocupó el Gobierno de la provincia; ni un homenaje, ni un monolito –como sí lo hay de Fortín Yunká- ni una página en los libros de historia oficiales. Recién en 2019, luego de más de 70 años, un juez federal de origen radical –no los tribunales de Insfrán- dictó un fallo histórico: estableció que la masacre de Rincón Bomba constituye un “delito de lesa humanidad” y ordenó medidas de reparación: desde indemnizaciones hasta incluir la fecha en el calendario escolar.
Insfrán sostiene una visión del Estado provincial donde lo indígena es absolutamente periférico, y reconoce en la fundación de la provincia solamente dos vertientes: la militar de los fortines y los inmigrantes al comienzo y la peronista en la segunda etapa. A los caciques y pastores de las comunidades aborígenes sobrevivientes se les da un sueldo y a los votantes originarios se les secuestra los DNI para asegurar que no se equivoquen a la hora del sufragio.
Esto no cambió con el advenimiento del Kirchnerismo en el gobierno nacional. Con su virtuoso oportunismo, Gildo adhirió entusiasmado al nuevo relato nestorista, recibiendo a cambio millonarias transferencias para financiar lo que dio en llamarse la “Reparación Histórica”, pavimentando cientos de kilómetros de rutas y construyendo decenas de escuelas y hospitales, enriqueciendo al mini-club de la Obra pública de amigos y socios del barbado gobernador.
En esa época, de vez en cuando algún desprevenido funcionario que presumía de progresista aterrizaba en Formosa y descubría asombrado la cruda realidad de los aborígenes formoseños o algún otro episodio que evidencia que para Insfrán siempre es mejor reprimir que curar.
Así le pasó a Claudio Morgado, presidente del INADI allá por 2011, que trató de ayudar a los indios qom de Félix Díaz en la defensa de sus tierras ancestrales, que los llevó a enfrentar a la Policía provincial formoseña. Gildo no le perdonó el derrape; el 10 de junio de 2011 Morgado fue eyectado del INADI, culpable de haber confundido consignas de eslogan con los altos fines del gobierno nacional.
Él mismo lo contó años después, señalando que su solidaridad con los qom de Colonia La Primavera le costó el puesto. Vale reproducir sus textuales palabras: “Había estado en Formosa un año antes, con una diputada, para ver todo el tema de discapacidad; fue como una visita guiada, había quedado deslumbrado. Recuerdo que fuimos a una escuela especial, pública, era maravillosa, fascinante como experiencia, única en el país, entonces decís: “A la pucha, que grandiosa es esta provincia. Pero claro, cuando te salís del mapa oficial, te encontrás con esto”.
“Esto”, es la triste realidad formoseña del unicato vertical y la Policía omnipresente y omnisciente, donde al “indio retobado” se lo garrotea, y si sigue sin entender, se lo mete preso. El discurso progresista de Morgado malinterpretó la adhesión de conveniencia de Gildo al “relato” de los derechos humanos recuperados por Néstor y Cristina, y naufragó al chocar contra la “democracia a la paraguaya”, la única que hay en Formosa.
Una década después, bajo otro gobierno kirchnerista, otro delegado supuestamente defensor de los derechos humanos, Horacio Pietragalla, desembarcó en la provincia en un momento particularmente difícil para Insfrán, bajo el fuego cruzado de la oposición de JxC y los medios de prensa porteños, que reproducen los videos de los encarcelados en los centros de aislamiento y la munición gruesa de Lilita Carrió, Cornejo y Mario Negri.
Ni bien bajó del avión, el Secretario de DD.HH. de Alberto se enteró que había sido declarado “persona no grata” por familiares de los soldados formoseños masacrados por los Montoneros el 5 de octubre de 1975, en un feroz operativo comandado por Horacio Pietragalla padre. No quiso polemizar en ese tema; intuyó que la mayoría silenciosa formoseña está de acuerdo con ese rechazo. Los Montoneros son mala palabra en la provincia desde aquel ataque al Regimiento de Infantería de Monte 29, en la época del gobierno de Isabelita.
Más práctico que Morgado, Pietragalla hizo lo que venía a hacer: no perdió el tiempo en leer las carpetas con testimonios que le entregaron curas y políticos opositores; se dejó pasear para la foto por un par de lugares que habían sido previamente acondicionados y desalojados de quejosos y convocó a una conferencia de prensa donde dijo que en la Formosa de Gildo todo está bien y que las denuncias “son un chiste”.
Es que en Buenos Aires los funcionarios del gobierno de Alberto Fernández tienen claro que el relato metropolitano no concuerda con la realidad de la lejana provincia norteña, y no les importa. A esta altura, las consignas son sólo para consumo de “los pibes”. Los demás saben que el relato es sólo eso, y nada más, tanto en Formosa como en el resto del país. Gildo ya no tiene necesidad de aparentar lo que no es.
Gabriel Hernández
PR/BN/cc.rp.
