Argentina con fronteras vulnerables, Migraciones redujo los controles sobre los datos de los extranjeros

El Presidente Alberto Fernández, derogó el decreto 70/17 de la administración Macri, que prohibía el ingreso a las personas que presenten documentación falsa u omitan informar sobre sus antecedentes penales; los que cumplan condena o tengan antecedentes –tanto en Argentina como el exterior- “por delitos que merezcan según las leyes argentinas penas privativas de libertad” o “delitos de tráfico de armas, de personas, de estupefacientes, de órganos o tejidos, o por lavado de dinero o inversiones en actividades ilícitas”.

La prohibición de ingreso se extendía a quienes estuvieron involucrados en actos de terrorismo, crímenes de guerra, de lesa humanidad o promuevan la prostitución. Además, las mismas causas podían ser utilizadas para cancelar las residencias que se hubiesen otorgado “cualquiera fuese su antigüedad”.

Expertos en seguridad nacional advierten ahora, que Argentina con el nuevo ordenamiento de la Ley de Migraciones, se convierte en territorio apto ya no para delincuentes comunes sino para las bandas del crimen organizado, y para los grupos vinculados con el terrorismo internacional; situación que los expertos señalan que demandará la conformación de una estructura especial de inteligencia en el ministerio de Seguridad.

La administración Fernández, fundamento su decisión de derogar el Dto. 70/17 en: “que resultan irreconciliable con nuestra Constitución Nacional y con el sistema internacional de protección de los derechos humanos, entre los que cabe mencionar la violación al principio del debido proceso, al derecho a contar con asistencia y defensa legal, la restricción a un control amplio y suficiente del poder judicial sobre los actos de la autoridad administrativa, la amplitud con la que se prevé la retención preventiva del y de la migrante sin definir las causas que la habilitan y la restricción a los derechos de reunificación familiar y dispensa por razones humanitarias”.

Dentro de los argumentos sostenidos por el Gobierno para derogar el Dto. 70/17, se señala la misma había sido solicitada por el Comité de Protección de los Derechos de Todos los Trabajadores Migratorios y de Sus Familiares, el Comité de los Derechos del Niño y el Comité contra la Tortura, todos ellos de la Organización de las Naciones Unidas, en el mismos sentido, para la Casa Rosada, se pronunció la Corte Interamericana de Derechos Humanos que fue “enfática con relación a la protección de los y las migrantes”. La derogación del decreto de Macri fue celebrada por el Centro de Estudios Legales y Técnicos (CELS) que remarco: “es un paso fundamental para garantizar más igualdad de derechos, el derecho a migrar”

Desde el arco opositor de Juntos por el Cambio, la ex ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, presidenta del PRO, fue contundente en las redes sociales: “El presidente le manda un mensaje a los delincuentes y a los narcos. Al gobierno no le alcanzó con liberar presos propios. Ahora, pretende que personas con antecedentes puedan entrar libremente a delinquir en nuestro país. Nosotros lo impedimos con un decreto. Ellos lo derogaron”.

Por su parte el ex ministro de Interior, Rogelio Frigerio, en su cuenta twitter escribió: “El gobierno sigue retrocediendo. Con la derogación de este decreto que impulsamos desde el Ministerio del Interior y Migraciones en 2017, lo único que hace el Presidente es favorecer el ingreso irregular al país del crimen organizado, delincuentes y narcos” y completó: “El decreto 70/2017 aceleraba los procesos de expulsión de extranjeros con antecedentes penales, reduciendo plazos y eliminando instancias, respetando todas las garantías reconocidas internacionalmente (doble instancia, revisión judicial efectiva y patrocinio letrado). En nuestra gestión radicamos casi 800 mil extranjeros. Lo único que genera el gobierno derogando este decreto es abrirle las puertas al crimen organizado”.

El ex ministro de Seguridad de la Provincia de Buenos Aires, actual diputado Cristian Ritondo, presidente del Bloque del Pro, en JxC. también utilizó las redes sociales y advirtió: “Derogar un decreto que beneficiaba a la seguridad nacional es atentar directamente contra los ciudadanos. El Presidente da vía libre a la importación de delincuentes mientras miles de familias sufren las consecuencias del narcotráfico y de la inseguridad”.

Por su parte el diputado UCR de Mendoza JxC Luis Petri señaló: “no hay país en el mundo que permita el ingreso a su territorio de extranjeros con antecedentes penales que intenten eludir a la justicia de sus países de origen, es gravísimo y demuestra que la política de seguridad de este Gobierno abandona a la sociedad y a las victimas. La liberación de presos, la justificación de usurpaciones, la puesta en vigencia de artículos que benefician a corruptos, narcos y condenados por trata de personas y ahora la apertura indiscriminada de fronteras permitiendo el ingreso de delincuentes. Una verdadera política de inseguridad”.
P/SD/BN/v/vfn/gr.rp.

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