jueves 9 diciembre 2021

El tratado penal internacional y Palestina, podría complicar a Biden en su política de Medio Oriente

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Por Atilio Molteni – Embajador

La controversia entre israelíes y palestinos está siempre vigente, a pesar de que existen otros acontecimientos significativos en Medio Oriente y que ambos pueblos deben hacer frente a nuevas prioridades, como son sus próximas elecciones generales (23 de marzo y 22 de mayo, respectivamente) y el interrogante de como continuar con las negociaciones del proceso de paz, después de los desarrollos parciales provocados por el presidente Trump en la búsqueda de lo que denominó el “Acuerdo del Siglo”.

La Asamblea General por su resolución 67-19 del 29-11-2012, otorgó a Palestina el estatus de Estado Observador no miembro de las Naciones Unidas, permitiendo iniciar a la Organización de Liberación de Palestina (OLP) lo que denominó una “intifada diplomática”, uniéndose a varios tratados multilaterales vinculados con sus objetivos políticos.

Entre ellos, accedió el 2-1-2015 al Estatuto de Roma, que es el acuerdo fundacional del Tratado Penal Internacional (TPI), suscripto el 17-7-1998, que creó el primer tribunal permanente para juzgar los crímenes más serios que preocupan a la comunidad internacional. Constituyó un intento más de los palestinos cuando fracasó un proyecto de resolución del Consejo de Seguridad, para fijar un plazo a la ocupación de los territorios ocupados por Israel en 1967.

El Tribunal, con sede en La Haya, está compuesto por 18 jueces y otros funcionarios y, actualmente, son partes de su Estatuto 123 Estados (entre ellos, Argentina). Desde 2003, se han hecho múltiples investigaciones y tomado decisiones, en su mayor parte en casos vinculados con Estados africanos. Hoy en día, se están llevando a cabo exámenes preliminares de las situaciones de Bolivia, Colombia, Guinea, Filipinas y Venezuela.

En mayo de 2018, Palestina formuló una acusación ante el TPI, alegando que se habían cometido crímenes en los territorios palestinos ocupados incluyendo Jerusalén del Este, desde el 13 de junio de 2014. En esa fecha comenzó en Gaza un conflicto armado en el cual intervinieron tropas israelíes y combatientes de Hamas (Movimiento de Resistencia Islámico).

El análisis preliminar de este caso duró cinco años, durante los cuales el TPI debió determinar el ámbito territorial de su jurisdicción, a pedido de su Fiscal, Fatou Bensouda, quien solicitó esta decisión para establecer si estaba en condiciones jurídicas de iniciar una investigación formal.

El 5 de febrero, el Tribunal decidió que siendo Palestina parte del Estatuto de Roma, su jurisdicción se extendía a Gaza y a la Margen Occidental, incluyendo a Jerusalén del Este, sin que ello significara que estuviera determinando si Palestina era un Estado según el Derecho Internacional, o resolviendo una disputa territorial, que debía ser determinada en negociaciones entre las partes.

Hamas controla la Franja de Gaza (48 kilómetros de largo y entre 12 y 6 kilómetros de ancho, donde viven 2 millones de palestinos), después de ganar las elecciones legislativas en Palestina en enero de 2006. Luego, cuando fracasó el proyecto de un Gobierno de Unidad Nacional desalojó violentamente de allí a los representantes de la Administración Nacional Palestina (ANP) del presidente Mahmoud Abbas, que es secular y sucesor de Yasser Arafat. Su Gobierno funciona en Ramallah, en los territorios (y con las limitaciones) a los cuales hacen referencia los Acuerdos de Oslo, en la Margen Occidental del Río Jordán.

En 2006, Israel considerando a Hamas como una organización terrorista, aisló a la Franja dentro de su territorio y continuó su relación con la ANP, situación que continúa hasta el presente.

El origen de la cuestión judicial ante la TPI se relaciona con el tercer enfrentamiento asimétrico de Hamas con Israel (otros dos de menor envergadura tuvieron lugar en 2006 y 2012), cuando este movimiento como parte de su resistencia armada, lanzó centenares de cohetes sobre territorio israelí, dando lugar a que el 17-7-2014 sus Fuerzas de Defensa (IDF) iniciaran la ‘Operación Margen Protector” que duró 50 días.

También tuvo relevancia en dicha acción militar la destrucción de una red intrincada de túneles que penetraban en su propio territorio.

Durante este período los combatientes de Hamas y de otras organizaciones palestinas, se ocultaron en zonas altamente pobladas y operaron desde ellas sin evacuar a la población, por lo cual la ofensiva israelí provocó centenares de víctimas no obstante utilizar normas de empeñamiento rigurosas.

Después de varias treguas humanitarias, el 4-8-2014 Israel comenzó a retirar sus tropas a posiciones defensivas en su territorio y dos semanas después y, con la intermediación de Egipto, se pudo alcanzar un acuerdo transitorio de alto el fuego, sin cambios en la situación estratégica de las partes.

Según el TPI, su misión es juzgar a las personas acusadas de cometer delitos de genocidio, crímenes de guerra, agresión y lesa humanidad.

Un caso puede ser iniciado por un Estado Parte en el Estatuto, por el Consejo de Seguridad de la ONU o de oficio por el Fiscal del Tribunal y sujeto a una decisión preliminar del órgano judicial, lo que en este caso tuvo lugar el 5 de febrero.

Semanas después (3 de marzo), la Fiscal Bensouda declaró que existían elementos razonables para iniciar una investigación sobre la denuncia palestina de acuerdo con el Estatuto de Roma.

La decisión del Tribunal fue calificada por el Primer Ministro Benjamín Netanyahu como una prueba clara de antisemitismo. También fue cuestionada por el Secretario de Estado estadounidense Antony Blinken, que se opuso a la misma y expresó su preocupación de que el Tribunal tratara de ejercer su jurisdicción sobre los militares israelíes.

Sus Gobiernos no son parte del Tratado de Roma que estableció el Tribunal, pero ambos alegaron que, si bien Palestina se había unido al mismo en enero de 2015, no era un Estado Soberano.

Entre las complicaciones vinculadas con Estados Unidos en este caso, se debe recordar que en 2017 la Fiscal Bensouda solicitó autorización para investigar crímenes de guerra cometidos por militares y personal de inteligencia estadounidense en Afganistán, propuesta que no fue aceptada por el Tribunal.

Días antes de la sentencia (junio de 2020), el entonces presidente Trump por una orden ejecutiva, autorizó sanciones contra miembros de dicho Tribunal, incluyendo a su Fiscal, que todavía no han sido derogadas por la actual Administración.

La investigación que ahora se propone, enfrenta dificultades para avanzar debido a las bases jurídicas del Estatuto, que es un Tribunal de jurisdicción secundaria que, en principio, deja a los Gobiernos el juzgamiento de los crímenes de guerra de sus militares. Por ello, implica la colaboración de Israel, que anticipó que no la va a dar, criterio que es defendido por la mayoría de sus Partidos políticos.

También existe el antecedente de la dura reacción israelí cuando Palestina accedió al Tribunal, que incluyó sanciones económicas y la amenaza de concluir toda negociación.

Además, el Derecho Internacional no se aplica a hechos ocurridos en el territorio de un Estado que no sea parte del Estatuto y, en este caso, los Acuerdos de Oslo (II), otorgaron a Israel la jurisdicción criminal sobre todos los israelíes en los territorios comprendidos en dichos documentos, situación legal que es de difícil interpretación para el Tribunal.

Por otra parte, la decisión legal del Tribunal se prolongó en el tiempo y se adoptó en un momento en el cual la posición estratégica de las partes fue evolucionando, e incluso cuando Hamas acentúa su perfil político para romper su aislamiento.

En ese sentido, las próximas elecciones pueden crear un clima favorable a una nueva negociación entre israelíes y palestinos con la intermediación del presidente Biden, y cuyo desarrollo podría verse afectado por la investigación del TPI.
Atilio Molteni – Embajador
INT/BN/cc.rp.

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