Capítulo I
Por Atilio Molteni – Embajador
Pronto se van a cumplir 40 años del conflicto en el Atlántico Sur que enfrentó a Argentina y el Reino Unido, iniciado el 2 de abril de 1982 cuando soldados argentinos desembarcaron en las Islas Malvinas. La controversia se origina en razones históricas, el colonialismo y el desconocimiento de nuestros derechos. Este acontecimiento llevó a Londres a sostener que este acto militar decidió la cuestión a su favor y se niega a toda negociación, no obstante las múltiples recomendaciones de la ONU y otros foros internacionales.
A comienzos del año 1982, me desempeñaba en la Embajada en Londres como Encargado de Negocios y fui protagonista de algunos de estos sucesos que forman parte de nuestra historia reciente, por lo cual creo oportuno narrarlos una vez más, subrayando que los títulos argentinos sobre las Islas Malvinas y sus dependencias, no fueron afectados por la derrota militar. La argumentación británica se reduce a afirmar que no tienen dudas sobre su soberanía, mientras utilizan el poder de la fuerza para perpetuar su ocupación.
Estas líneas apuntan a comentar la gestación de una crisis internacional y cómo una Embajada debe tratar de actuar ante hechos que tienen lugar en distintos niveles de los Gobiernos involucrados, sin disponer de una información adecuada sobre las acciones en curso, ni instrucciones detalladas para orientar las gestiones diplomáticas. En este caso, debía primar la prudencia ante la interceptación de nuestras comunicaciones por parte del Reino Unido, una red de espionaje en total alerta y la velocidad de los acontecimientos ante la posibilidad cierta de un enfrentamiento armado.
En esas circunstancias, la experiencia profesional sobre los orígenes y características de la controversia, en la cual estuve involucrado desde 1971 y la comprensión de la magnitud de los intereses en juego, me orientaron acerca de la conducta a seguir y fueron de un valor inapreciable.
En el año 1964 el Gobierno argentino dinamizó la cuestión en las Naciones Unidas, y obtuvo la adopción de la resolución 2065 (XX) de la Asamblea General, por la cual la comunidad internacional reconoció que existía una disputa entre los Gobiernos y que debían proseguir sin demora las negociaciones a fin de encontrar una solución pacífica. Lamentablemente, fracasaron las que tuvieron lugar entre los años 1965 y 1982, durante las cuales los británicos sostuvieron el supuesto derecho de los isleños a la autodeterminación y nuestro país defendió su integridad territorial.
Sin embargo, las políticas de los líderes laboristas y conservadores británicos con relación a la Junta Militar argentina (1976-1982) fueron positivas, y a diferencia de la actitud que tuvieron con el Gobierno de Pinochet, no impusieron embargos de armas ni sanciones económicas hasta el 2 de abril de 1982.
El Foreign Office alentó el establecimiento de mayores vínculos comerciales (demostrados en 1980, con la visita a Londres del entonces Ministro de Economía, José A. Martínez de Hoz) y el Ministerio de Defensa británico, por su parte, impulsó la venta de armamentos de importancia, (buques, aviones y municiones) a pesar de que no ignoraban la controversia acerca de las Islas Malvinas, que siempre estuvo en el centro de las relaciones bilaterales.
Las negociaciones se intensificaron desde 1965 a través de diversas fórmulas de arreglo, donde gradualmente los británicos expresaron que estaban dispuestos a transferir la soberanía en una fecha a determinar bajo ciertas condiciones, siempre que los deseos de los habitantes fueran respetados, lo que no fue aceptado por Argentina, que sólo estuvo dispuesta a tener en cuenta sus intereses.
La necesidad de las islas de mejorar su vinculación con el exterior y el interés británico de disminuir su costo presupuestario para la Corona llevó a ambas partes a suscribir en 1971 un Acuerdo de Comunicaciones, que incluyó servicios aéreos y marítimos entre las islas y Argentina, circunstancia que permitió renovar las negociaciones sobre el fondo de la controversia. Luego, entre los años 1975 y 1977 se tensaron las relaciones y se produjo una mayor actividad diplomática argentina en el seno de la ONU.
Por su parte, desde 1965 Londres había comenzado a analizar periódicamente la posibilidad de una acción militar argentina en el seno de su Comité Conjunto de Inteligencia. En 1976 concluyó que la asunción de un Gobierno militar podía dar lugar a un enfoque más agresivo de nuestro país, salvo que existieran ciertos avances en las negociaciones. Más tarde, comenzó a evaluar las posibles respuestas militares a un desembarco argentino. En mayo del mismo año, el desarrollo económico unilateral de las islas, aconsejado por el denominado ‘Informe Shackleton’, tampoco fue considerado una alternativa deseable por las autoridades británicas.
En 1977 el Gobierno Laborista inició el análisis de la fórmula transferencia-arrendamiento como la posibilidad más realista, en la medida que fuera aceptada por los isleños. Luego, el Gobierno Conservador de la Primer Ministro Margaret Thatcher (que asumió en mayo de 1979) discutió las opciones posibles y aceptó esta alternativa.
En septiembre de 1980 en una reunión bilateral con Argentina, se redactó un documento informal que establecía la transferencia de soberanía sobre las islas Malvinas y su zona marítima, mientras continuaba en funciones la administración Británica, con miras a garantizar a los isleños y sus descendientes, el goce ininterrumpido de su forma de vida conforme a las instituciones, leyes y costumbres inglesas, lo que tendría lugar en forma simultánea con un arrendamiento territorial al Reino Unido por un período de 99 años, plazo sujeto a revisión.
Sin embargo, esta opción fue cuestionada en el Parlamento cuando tomó conocimiento del informe del negociador británico Nicolás Ridley. Ese rechazo se originó, fundamentalmente, debido el reconocimiento de un derecho de veto asignado a los isleños, los que cuestionaron una solución diplomática y pidieron el congelamiento de toda negociación, sin que el Gobierno británico pudiera contrabalancear esta situación, no obstante gestiones que tuvieron lugar con los isleños a lo largo de 1981. Así se frustró otra oportunidad más de llegar a un arreglo diplomático.
Londres también habría tenido en cuenta el alcance de los intereses de sus compañías petroleras por explotar yacimientos ubicados alrededor de las islas, cuando ya avanzaba la negociación de la Convención de Derecho del Mar. Otro factor de peso fue la proyección geográfica de las Islas y su acceso a la Antártida, pero sin atribuirles un gran valor estratégico en el Atlántico Sur, a pesar de la visible mayor presencia soviética y la vigencia de la Guerra Fría.
Atilio Molteni – Embajador
P/BN/vfn/cc.rp.
EL 2 DE ABRIL DE 1982, La visión de un diplomático que hizo todo lo posible para evitar tan trágico desenlace
