lunes 21 junio 2021

Cuaderno de opiniones: El inventario del «Naufragio de la República»

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Por Dra. Marta Nercellas

Decir lo que pensamos en algunas circunstancias nos convierte en seres socialmente inadaptados. Para parecer “progres” debemos empobrecer nuestro lenguaje, aparentar que somos inclusivos modificando las palabras y su significado. Nada es como lo perciben nuestros sentidos, todo debe ser reinterpretado conforme el relato.

En la república es la ley la que gobierna. La separación y el equilibrio de los tres poderes es imprescindible. El Poder Judicial -contrapoder independiente e imparcial- debe garantizarlo resguardando su ajenidad de los manoseos de la política. La Constitución Nacional es la ley suprema. Reconoce los derechos y garantías fundamentales de los habitantes de la Nación y la forma de organizar los poderes del Estado. Los gobernantes no pueden hacer lo que se les antoja. Si los múltiples organismos de control constitucionalmente diseñados son debilitados, la democracia agoniza.

El Preámbulo y sus 129 artículos intentan sostener la forma representativa, republicana y federal de gobierno que elegimos para nuestra convivencia. Sus objetivos parecen evaporarse. Recordemos: “la unión nacional, afianzar la justicia, … promover el bienestar general, …asegurar los beneficios de la libertad…”.

¿Qué pasó con aquellos derechos que como habitantes nos garantiza?; con el derecho a trabajar, a ejercer industria lícita, a transitar y salir del territorio, a publicar las ideas sin censura previa, a usar y disponer de la propiedad?

Los derechos no son absolutos, pueden reglamentarse pero no alterarse. Cuando el ejecutivo nos encierra largamente mientras avanza sobre nuestros derechos, los altera?. Cuando nos amenaza con próximos encierros porque gestionaron pésimamente la compra de vacunas y las pocas que consiguieron fueron robadas por la “ militancia” ¿los altera?.

Promover denuncias contra periodistas por ante jueces que confiesan públicamente su militancia procurando silenciarlos o cuestionar sus investigaciones; divulgar sus fuentes (cuya confidencialidad se encuentra constitucionalmente amparada) con pedidos amañados y respuestas divulgadas, ¿reglamenta o altera la libertad de expresión? Intentar expropiar escondidos en las sombras del encierro, tampoco parece una forma de reglamentar el derecho de propiedad.

¿El gobierno federal cumple con la exigencia del artículo 6 de la C.N. garantizando en Formosa la forma republicana de gobierno? ¿Habrá leído el art. 36 que equipara la corrupción con los actos de los infames traidores a la patria?

Mientras gritan “lawfare” intentando desacreditar procesamientos y condenas, los bolsos con millones de dólares están vívidos en nuestra memoria, no son relato, duelen. Los informes de entidades bancarias del exterior se acumulan en las fojas de los expedientes lentificados. Las llamadas telefónicas entre funcionarios y empresarios se encuentran documentadas con precisión, así como “los días de pago”. La extracción de los dineros en la cuenta bancaria de la empresa que paga coincide en monto y fecha con las declaraciones de los arrepentidos. La voz de los funcionarios y empresarios reconociendo que cobraron o pagaron coimas no puede silenciarse con prepotencia. Tampoco las obras inconclusas íntegramente cobradas o las pericias que dan cuenta de los sobreprecios. Difícil intentar etiquetar estos hechos como conspiración.

Convierten a las audiencias judiciales en tribuna política porque carecen de argumentos para defenderse. Necesitamos una institucionalidad robusta y no discursos épicos que describan fantasías alimentadas por la negación de la verdad. Pero el grito “lawfare” no logra disolver las pruebas. Los funcionarios denunciados estaban en el gobierno en el momento del inicio de sus causas, pero una mentira más no importa. Pretenden imponer impuestos retroactivos, por qué no delitos?. Organizan nuestro futuro mirando nuestro pasado. Sin inmutarse afirman que los que agreden los principios republicanos son los jueces que investigan y no, quienes cometieron los crímenes.

La ANSES presiona con intimaciones a los miembros rebeldes del poder judicial; los miembros de la Corte son atacados; despunta una comisión inquisidora integrada por legisladores fanáticos; proyectan una nueva Cámara que impida llegar a una sentencia firme o modifique las conclusiones que los agravian; incorporan parcialmente artículos del código procesal para beneficiar a los procesados “del palo”; cambian la composición del tribunal de disciplina de los fiscales para expulsar a los que no entienden que deben cumplir las órdenes; designan en lugares estratégicos a jueces que se enorgullecen de no ser imparciales; desplazan jueces por venganza o por temor; intentan modificar la mayoría requerida para designar al procurador, en el Ministerio Público Fiscal no hay lugar para los desobedientes; descalifican las prisiones preventivas pero piden a gritos que se detenga al expresidente; procuran modificar la composición del Consejo de la Magistratura para tener pleno control en la designación y destitución de los jueces.

El progresismo de brocha gorda que predican empuja con deslealtad a una ministra de justicia. Designa a su reemplazante valorando que examinó las listas de visitas del expresidente Macri durante su mandato. Sus palabras de agradecimiento por la designación revelan cuál será su misión: la señora quiere que la justicia la absuelva. ¿Fue a modo de orden? ¿de amenaza? ¿O simplemente ignora la división de poderes?. La señora exige que los procesos no manchen el apellido Kirchner. Olvida que lo mancharon los millones de dólares que sin explicación engrosaron sus patrimonios.

El Poder Legislativo y el Judicial deben ser fachadas integradas por miembros sumisos que hagan el trabajo sucio limpiando sus legajos salpicados por el barro de la codicia y la impudicia. La prensa independiente es un obstáculo, los medios concentrados deben ser los dirigidos por sus fanáticos.

Las leyes con las que pretenden “reformar” a la justicia no logran salir de la Cámara de Diputados ni siquiera por la puerta de emergencia. Pero no se desalientan. La colonización hormiga de los tribunales conseguirá en los hechos lo que no se logra por derecho. Remover los jueces tercos que se empeñan en cumplir con su trabajo junto a la colocación de magistrados de tropa propia es lo que exige el plan de impunidad.

No, no es el gobierno de las leyes. La ley está subordinada a la voluntad del líder. No estamos en una república. La Constitución Nacional ha sido nuevamente vulnerada y esta vez en democracia (al menos de origen).

Como nos decía Fontanarrosa: “El único sentido que me quedó es el sentido pésame”.
Dra. Marta Nercellas
Abogada, especialista en Derecho Penal y Derecho Penal Económico
P/BN/CC/rp

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