Macri está en Chile. El juez federal subrogante de Dolores, Martín Bava, dijo que la veda de los viajes al exterior empezará a regir “a partir de su reingreso a la República Argentina”. El procesamiento es como responsable de presuntos hechos de espionaje ilegal contra familiares de las víctimas del ARA San Juan. En el mismo fallo, lo embargó en cien millones de pesos.
Según Bava, está demostrado que la AFI macrista hizo seguimientos ilegales contra parientes de los tripulantes del ARA San Juan y que Macri fue quien los autorizó. Por eso, lo encontró “penalmente responsable del delito de realización de acciones de inteligencia prohibidas en carácter de autor” en “concurso ideal con el delito de abuso de autoridad de funcionario público”.
Además de prohibirle salir del país y embargarlo, Bava dispuso que Macri no podrá “ausentarse de su lugar habitual de residencia por un término mayor a los diez días sin previo aviso al tribunal”. El expresidente tendrá que informarle a Bava, asimismo, cualquier cambio de domicilio.
El juez tomó esta decisión dos semanas después de haber sido ratificado al frente de la causa por la Cámara Federal de Mar del Plata. Con las firmas de los camaristas Alejandro Tazza y Eduardo Jiménez, el tribunal rechazó el 18 de noviembre pasado la recusación que la defensa de Macri había presentado contra Bava, a quien acusó de ser “parcial”.
Esta causa ya tenía once procesados, incluidos los exjefes de la AFI macrista, Gustavo Arribas y Silvia Majdalani. Los últimos procesamientos previos al de Macri habían sido los de dos exdirectores operacionales de Contrainteligencia de la AFI, Martín Coste y Diego Dalmau Pereyra. El juez consideró a ambos partícipes de las acciones de inteligencia prohibidas, y les trabó embargos, pero advirtió que ellos dos no habían sido los responsables máximos de estos hechos.
La causa se inició por una denuncia de la interventora de la AFI, Cristina Caamaño. Investiga seguimientos realizados entre diciembre de 2017 y noviembre de 2018, mientras el submarino ARA San Juan estaba desaparecido y los familiares de sus tripulantes reclamaban el esclarecimiento de los hechos.
En su fallo de hoy, Bava recuerda: “El submarino ARA San Juan desapareció el 15 de noviembre del año 2017 y con él sus 44 tripulantes, 43 hombres y una mujer perdieron sus vidas en las aguas del Océano Atlántico, mientras se trasladaban desde Ushuaia a Mar del Plata. Luego de ello, la embarcación permaneció desaparecida un año y dos días”. El juez hace referencia al fuerte impacto “político, institucional y social” que generó la tragedia y cuenta que los familiares de las víctimas reclamaron y fueron recibidos por altas autoridades del Estado.
Bava hizo especial mención en su fallo al encuentro de las familias con el entonces ministro de Defensa, Oscar Aguad, y dijo que a él le transmitieron “que muchos se encontraban sufriendo distintos episodios que daban cuenta que podían ser víctimas de espionaje”. Según Bava, efectivamente estaban siendo víctimas de una “inteligencia prohibida” que realizaba sobre ellos la AFI. “¿En qué momento esta comunidad de hombres y mujeres, reconocidos socialmente como el ideal de la abnegación, se convirtieron en una disfunción del sistema, una amenaza al orden social?”, se preguntó Bava en su fallo. Según el juez, además, estos hechos fueron “parte de un estructura de espionaje ilegal mucho mayor”.
El juez afirmó que “en los documentos que obran en la causa se observa a la Agencia Federal de Inteligencia informando, en muchos casos en tiempo real, los acontecimientos vinculados a los familiares de los tripulantes del submarino”. Según el juez, el objetivo de estos seguimientos “no era la seguridad presidencial, sino más bien a conocer los movimientos de los familiares de los tripulantes del ARA San Juan”.
El juez sostiene que no es cierto que los agentes buscaran custodiar al entonces presidente porque “mientras en algunos casos se advierten documentos producidos con posterioridad a que el presidente se haya retirado de los lugares, hay otros documentos que se realizaron con una antelación que nada tiene que ver con cuestiones protocolares y/o de seguridad vinculadas a la coordinación existente entre la AFI y la Casa Militar”.
Bava citó el caso de la mujer y la hermana de dos tripulantes que se presentaron en el club donde estaba Macri jugando al golf para entregarle un petitorio. La AFI les tomó fotos e hizo un informe que -según el juez- nada podría tener que ver con una cuestión de seguridad porque ese informe fue “producido con posterioridad a los hechos”, una vez que Macri se había retirado.
“En este caso -dijo Bava-, puede verse claramente como los legítimos reclamos de justicia que encabezaban los familiares de los 44 tripulantes del ARA San Juan eran vistos por el gobierno nacional, como una variable de conflicto hacia la gestión gubernamental.” Bava sostiene que otra prueba contra Macri es que el jefe de la delegación Mar del Plata dijo que “pasaba inmediatamente la información producida a la superioridad”.
El juez también cita “dos documentos producidos por la delegación de Mar del Plata en el mes de febrero del 2018 en los que se le ‘adelanta’ al entonces presidente cuáles iban a ser los reclamos que iba a recibir por parte de los familiares de los 44 tripulantes del ARA San Juan” en la reunión que tenían previsto mantener. Según Bava, de estos documentos “surge con claridad la infiltración de los agentes de la AFI en el núcleo de los familiares de los 44 tripulantes y sus reclamos al imputado” en vísperas de la reunión a celebrarse con el entonces primer mandatario.
El juez reconoce en su fallo que lo que estaba en el informe de inteligencia coincide con lo que Aguad declaró que ya le había informado al Presidente que pedirían los familiares (Aguad se había reunido antes con ellos), pero dice que “ello no exime de responsabilidad alguna ni a los agentes de inteligencia que elaboraron el documento, ni al imputado que solicitó su realización con el objetivo de utilizar esa información en la mencionada reunión”.
El dato de que fue Macri quien pidió que le hicieran ese informe no surge de ninguna prueba directa. Sobre este punto, el juez dice: “Es imposible pensar que los agentes de la AFI hayan realizado este documento sin un requerimiento puntual para hacerlo. Ese requerimiento tuvo que ser motivado en un interés y el destinatario final de ese interés surge de la propia redacción del documento oficial, que en su encabezado reza: ‘Pedidos y reclamos al Sr. Presidente de la Nación, Ing. ‘Mauricio Macri’ por familiares de tripulantes del submarino ARA San Juan”.
El juez destacó, entre las pruebas que citó, que Aguad dijo que a Macri le preocupaban mucho los reclamos de los familiares de las víctimas. También, que el expresidente se reunía asiduamente con su jefe de la AFI, Gustavo Arribas, en la época en que se cometieron estos hechos.
Bava sostuvo además que Aguad tuvo la sospecha de que los familiares de los tripulantes tenían los teléfonos pinchados -a tal punto que lo denunció penalmente en una causa que no prosperó- y, pese a eso, el Gobierno no hizo nada para controlar que efectivamente no fueran víctimas de espionaje.
“Debo reafirmar y dejar bien en claro que la responsabilidad por todos los hechos descriptos supera a la conducción de los procesados Gustavo Arribas y Silvia Majdalani [exnúmeros uno y dos de la AFI]. Trazar esta burda línea de responsabilidad es infantil”, dijo Bava. Según él, “solo una persona” pudo ordenar este espionaje y hacer que “toda una estructura de la administración pública” hiciera “caso omiso de la ley”. Y esa persona es Macri. La defensa del expresidente apelará este fallo y será la Cámara Federal de Mar del Plata la que decida si lo confirma o lo revoca.
P/ag.ln.cl.ifb/gr.rp.
