Al ex mandatario de Entre Ríos y actual embajador en Israel se lo acusa por corrupción en distintos expedientes judiciales. En el juicio contra Urribarri y otros ex funcionarios entrerrianos se investiga el desvío de unos US$ 7,5 millones en pos de motorizar la campaña del entonces gobernador para presidente, en 2015. Se acusa a él, a su cuñado Juan Pablo Aguilera, a su pareja Luciana Almada y a miembros de dos empresas de publicidad de Paraná, que habrían sido prestanombres.
La fiscal anticorrupción de Entre Ríos, Cecilia Goyeneche era quien coordinaba el cuerpo de fiscales que trabajaban en ese proceso contra Urribarri y que también fueron apartados, para ser reemplazados por un conjuez. Goyeneche fue suspendida este viernes en su cargo por el Jurado de Enjuiciamiento, que además determinó que será sometida a un jury. La decisión se tomó una semana después de que se le abriera una investigación, y mientras lideraba un juicio en contra del ex gobernador Urribarri. Además, le redujeron su sueldo un 30%.
Según lo que dijo Goyeneche en una entrevista con el programa Cuestión de Fondo, de Canal 9 Litoral, los dos abogados que la denunciaron, Rubén Pagliotto y Guillermo Mulet, mantenían vínculos estrechos y amistad con el que está denunciado como el «recaudador» de Urribarri, Alfredo Bilbao, apuntado en otro expediente, que investiga el denominado caso «contratos», con un fraude superior a los US$ 50 millones en 10 años.
Fuentes cercanas al ex gobernador Urribarri, en cambio, sostienen que en realidad al jury lo «promovieron abogados de la oposición», los mismos que lo denunciaron a él y con quienes tendría un enfrentamiento político que es de «publico conocimiento» en Entre Ríos. Uno de ellos, Mulet, siempre según estas fuentes, está en juicio con el hoy embajador por calumnias e injurias.
Además, a Urribarri se lo investiga en dos expedientes por su gestión como gobernador. Por un lado, está el denominado caso «contratos», en el que la Corte Suprema de Justicia debe definir si es de competencia federal o provincial, y por otro el que se estudian cobros de importantes montos de dinero con tarjetas de débitos que habían percibido tres personas y en el que está involucrado Juan Pablo Aguilera, cuñado y mano derecha de Urribarri. Se cree que que en los 10 años investigados se extrajeron más de US$ 50 millones.
De qué se acusa a Goyeneche
A Goyeneche se la acusa de no abrirse de una causa contra un contador con el que supuestamente era copropietaria de un bien. Además, su esposo había trabajado en ese estudio contable, aunque lo había hecho hasta 1999, mucho antes de los hechos, que comenzaron en 2007 y a investigarse recién en 2018.
La procuradora adjunta se excusó de intervenir en el caso recién en 2015, cuando adquirió un fideicomiso para la construcción de departamentos en el que está el contador. Los denunciantes creen que tendría que haberlo hecho antes y ni siquiera debió haber intervenido.
La semana pasada, antes de esta decisión, el mismo Jurado de Enjuiciamiento había decidido abrir una investigación contra la fiscal, que en los hechos es la subprocuradora de la provincia, por su participación en esa causa, vinculada a los expedientes que tramita contra Urribarri.
En otro tramo de su decisión, el jurado de enjuiciamiento sostuvo que no tiene competencia para enjuiciar al procurador provincial Jorge García y derivó el caso en la Cámara de Diputados de Entre Ríos. Así, mientras por un lado enjuiciará a la subprocuradora, a quien es su jefe lo investigará el poder político.
Defensa de procuradores y fiscales
El jury contra Cecilia Goyeneche motivó el apoyo de parte de referentes del sector judicial. Fue el caso del Consejo de Procuradores, Fiscales, Defensores y Asesores Generales de la República Argentina, y el Consejo Federal de Política Criminal, que definieron a la decisión tomada por el jurado de enjuiciamiento como un intento por «obstaculizar la investigación de hechos de corrupción generados en ámbitos del poder político provincial, avasallando de manera grotesca al Ministerio Público Fiscal de la Provincia de Entre Ríos»,
Y manifestaron «que la decisión en cuanto dispone, abrir el enjuiciamiento, suspender en las funciones a la Procuradora Adjunta Cecilia Goyeneche y desplazar al MPF como órgano de acusación, designando en su lugar para hacerlo a un acusador Ad-hoc, vulnera de manera ostensible no sólo la normativa local -sustancial, ritual y constitucional-, sino que se aparta de expresas disposiciones convencionales supranacionales».
También sostuvieron «que apartar sin más al órgano específico acusador previsto por la Constitución Provincial para este tipo de procesos, se erige en una medida arbitraria y no ajustada a derecho, con ello, ilegal».
Y argumentaron que «si el pretexto para semejante decisión es el temor de parcialidad del órgano encargado constitucionalmente de llevar adelante la acusación contra la Dra. Goyeneche, debemos recordar al Tribunal, que el Ministerio Público Fiscal, en la persona del Dr. García o su subrogante legal, como parte esencial de los procesos, tiene un claro deber de objetividad, que aventa cualquier recelo o aprensión sobre el punto»
Suscribieron los procuradores generales Julio Marcelo Conte-Grand (provincia de Buenos Aires), Juan Bautista Mahiques (ciudad de Buenos Aires), Tristán Lobo (Catamarca), Jorge Canteros (Chaco), Jorge Miquelarena (Chubut), Juan Manuel Delgado (Córdoba), César Sotelo (Corrientes), Sergio López (Formosa), Alejandro Ficoseco (Jujuy), Javier Vallejos (La Rioja), Mario Bongianino (La Pampa), Miguel Piñero (Misiones), José Gerez (Neuquén), Jorge Barraguirre ( procurador general de Santa Fe), Jorge Baclini (Fiscal de acusación en Santa Fe, Luis De la Rúa (Santiago del Estero), Eduardo Quattropani (San Juan), Luis Martínez (San Luis), Oscar Fappiano (fiscal general de Tierra del Fuego), Eduardo Urquiza (fiscal mayor de Tierra del Fuego), y Edmundo Jiménez (Tucumán).
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