La decisión fue adoptada por la sala I de la Cámara Federal de San Martín, en un fallo en el que hizo lugar al planteo de la defensa de uno de los imputados, el funcionario judicial Maximiliano Jarisch, quien pidió por tercera vez (los dos planteos anteriores habían sido rechazados) el apartamiento de la jueza Arroyo Salgado por considerar que incurrió en «la pérdida de imparcialidad
La jueza federal de San Isidro Sandra Arroyo Salgado fue separada en la causa que tiene como imputado al fiscal de San Isidro Claudio Scapolán como jefe de una asociación ilícita, integrada también por más de 40 policías, abogados y funcionarios judiciales, que entre 2013 y 2015 robaba cargamentos de droga y extorsionaba a narcos con causas armadas.
Precisamente Jarisch era secretario del Área Ejecutiva de Investigaciones Criminales de San Isidro, conducida por Scapolan. Desde que se hizo el primer allanamiento en la causa, en julio de 2020, Scapolán fue apartado de sus funciones como fiscal de San Isidro y puesto de licencia por la Procuración bonaerense pero hasta que no avance el jury de enjuiciamiento, seguirá siendo fiscal.
Scapolán eludió su indagatoria en el expediente en cuatro oportunidades con planteos de nulidad y recusaciones, hasta que finalmente en marzo, presentó ante la jueza un escrito en el que declaró que la causa estaba «montada» y que era víctima de una «cacería».
Los hechos que le imputan a Scapolán están vinculados al presunto armado de causas entre 2013 y 2015 cuando estaba al frente de la ex Unidad Funcional de Instrucción (UFI) de Investigaciones Complejas de ese departamento judicial, disuelta en 2016. La imputación de la justicia federal es que Scapolán y un grupo de policías que trabajaba en la Delegación San Isidro de Investigaciones Complejas y Tráfico de Drogas Ilícitas de la policía bonaerense, armaban causas, pedían coimas a narcos y hasta se quedaban con droga de algunos operativos. Según la investigación, a la organización se le atribuye el robo de al menos 555 kilos de cocaína, 33.000 dólares y 386.000 pesos mediante extorsiones a narcos.
Según el fallo firmado por el camarista Marcelo Darío Fernández, que determinó el desplazamiento de la magistrada Arroyo Salgado, señaló que “Se ha visto afectada la imparcialidad objetiva de la juez instructora, definida como aquella que ‘pueda mostrar garantías suficientes tendientes a evitar cualquier duda razonable que pueda conducir a presumir su parcialidad frente al caso'». De esta manera, la sala I de la Cámara Federal de San Martín le ordenó a la jueza que se aparte del expediente que tiene al fiscal Scapolán como imputado y de «todos los incidentes y legajos formados en dichas actuaciones», y pidió la intervención de la Secretaría de Superintendencia de la Cámara Federal para que sortee un nuevo magistrado.
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